Fiscal Humberto Quispe destaca lucha contra redes de falsificadores
La Paz, ANF
El fiscal anticorrupción Humberto Quispe destacó el esfuerzo que realizan unidades de inteligencia de la Policía Boliviana en la lucha contra redes de falsificadores de documentos personales, títulos profesionales y de propiedad.
El fiscal Quispe cobró notoriedad cuando ordenó la detención del ex juez paceño Alberto Costa Obregón por la presunta comisión del delito de desacato, y agresión verbal.
“Ese señor afirmó que los fiscales somos delincuentes y por eso presenté la denuncia y fue arrestado”, recordó Qusipe sobre lo ocurrido con Costa Obregón en septiembre del año pasado.
También una investigación suya provocó la detención de Susana Leytón que era jueza Cuarto de Sentencia por los delitos de incumplimiento de deberes, y retardación de justicia.
Pero sobre la jueza Leytón había 23 procesos disciplinarios en el Consejo de la Judicatura y 16 procesos penales abiertos, de los que en cinco se le acusa del cobro entre 3.000 y 5.000 dólares por favorecer a una de las partes en litigio.
"El servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años", señala el artículo 154 del Código Penal en vigor.
Además el artículo 11 establece que por retardación judicial habrá una sanción con la privación de libertad de cinco a 10 años como máximo.
Humberto Quispe, quien se desempeña desde julio del año pasado como fiscal anticorrupción, con el apoyo de inteligencia policial como el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) neutralizó a varias redes de falsificadores de documentos.
“Las organizaciones criminales estaban dedicadas a la falsificación de documentos, títulos profesionales, certificados de nacimiento, cédulas de identidad, licencias de conducir. También operaban en Derechos Reales”, dijo.
Explicó que se ubicó a gente que se dedicaba a falsificar certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, títulos profesionales en provisión nacional, testimonios de propiedad de casas, terrenos y vehículos. Además de sellos y firmas de Notarios de Fe Pública.
“De acuerdo a la Ley Notarial, los notarios son las únicas autoridades que dan fe del Estado”, precisó.
Dijo que entre los falsificadores de documentos existen abogados y tramitadores judiciales.
El fiscal Quispe relató que uno de los casos que más le sorprendió era de una red que tenía una oficina próxima a Derechos Reales y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC La Paz).
“Uno hacia las cédulas de identidad, otro los certificados de nacimiento, y el otro hacia los testimonios. Y por último una abogada legalizaba y presentaba a las instituciones públicas. Estaba bien organizada esta banda criminal”, relató.
También criticó las largas filas que existen en las oficinas de Derechos Reales.
“No olvidemos que cuando existe esta retardación comienzan los actos de corrupción. Porque cuando se retarda la gente comienza a preocuparse, a desesperarse, y la desesperación nos lleva a poder ser extorsionados por un sujeto”, dijo.
El fiscal Quispe que es ex representante distrital del Consejo de la Judicatura recordó que Derechos Reales es un ente netamente administrativo.
“A título de corrupción se ha sacado a mucha gente de las oficinas de Derechos Reales. Pero el problema es grande cuando se saca de golpe a mucha gente, y eso hace que se conglomere la gente. Posteriormente haya estos ìlicitos”.
Quispe recomendó primero a hacer una evaluación de cada puesto en Derechos Reales. Luego utilizar los sistemas de administración personal que determina la Ley 1178 que se refiere a la promoción, remoción y rotación del personal judicial.
“No son los procedimientos los que son malos sino las personas que no tienen capacidad de conocer el ámbito administrativo. Lo importante será seguir combatiendo contra la criminalidad organizada”, sostuvo.
El fiscal anticorrupción Humberto Quispe destacó el esfuerzo que realizan unidades de inteligencia de la Policía Boliviana en la lucha contra redes de falsificadores de documentos personales, títulos profesionales y de propiedad.
El fiscal Quispe cobró notoriedad cuando ordenó la detención del ex juez paceño Alberto Costa Obregón por la presunta comisión del delito de desacato, y agresión verbal.
“Ese señor afirmó que los fiscales somos delincuentes y por eso presenté la denuncia y fue arrestado”, recordó Qusipe sobre lo ocurrido con Costa Obregón en septiembre del año pasado.
También una investigación suya provocó la detención de Susana Leytón que era jueza Cuarto de Sentencia por los delitos de incumplimiento de deberes, y retardación de justicia.
Pero sobre la jueza Leytón había 23 procesos disciplinarios en el Consejo de la Judicatura y 16 procesos penales abiertos, de los que en cinco se le acusa del cobro entre 3.000 y 5.000 dólares por favorecer a una de las partes en litigio.
"El servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años", señala el artículo 154 del Código Penal en vigor.
Además el artículo 11 establece que por retardación judicial habrá una sanción con la privación de libertad de cinco a 10 años como máximo.
Humberto Quispe, quien se desempeña desde julio del año pasado como fiscal anticorrupción, con el apoyo de inteligencia policial como el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) neutralizó a varias redes de falsificadores de documentos.
“Las organizaciones criminales estaban dedicadas a la falsificación de documentos, títulos profesionales, certificados de nacimiento, cédulas de identidad, licencias de conducir. También operaban en Derechos Reales”, dijo.
Explicó que se ubicó a gente que se dedicaba a falsificar certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, títulos profesionales en provisión nacional, testimonios de propiedad de casas, terrenos y vehículos. Además de sellos y firmas de Notarios de Fe Pública.
“De acuerdo a la Ley Notarial, los notarios son las únicas autoridades que dan fe del Estado”, precisó.
Dijo que entre los falsificadores de documentos existen abogados y tramitadores judiciales.
El fiscal Quispe relató que uno de los casos que más le sorprendió era de una red que tenía una oficina próxima a Derechos Reales y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC La Paz).
“Uno hacia las cédulas de identidad, otro los certificados de nacimiento, y el otro hacia los testimonios. Y por último una abogada legalizaba y presentaba a las instituciones públicas. Estaba bien organizada esta banda criminal”, relató.
También criticó las largas filas que existen en las oficinas de Derechos Reales.
“No olvidemos que cuando existe esta retardación comienzan los actos de corrupción. Porque cuando se retarda la gente comienza a preocuparse, a desesperarse, y la desesperación nos lleva a poder ser extorsionados por un sujeto”, dijo.
El fiscal Quispe que es ex representante distrital del Consejo de la Judicatura recordó que Derechos Reales es un ente netamente administrativo.
“A título de corrupción se ha sacado a mucha gente de las oficinas de Derechos Reales. Pero el problema es grande cuando se saca de golpe a mucha gente, y eso hace que se conglomere la gente. Posteriormente haya estos ìlicitos”.
Quispe recomendó primero a hacer una evaluación de cada puesto en Derechos Reales. Luego utilizar los sistemas de administración personal que determina la Ley 1178 que se refiere a la promoción, remoción y rotación del personal judicial.
“No son los procedimientos los que son malos sino las personas que no tienen capacidad de conocer el ámbito administrativo. Lo importante será seguir combatiendo contra la criminalidad organizada”, sostuvo.
