Austeridad inconstitucional
Portugal sienta un precedente en la extenuada periferia de Europa
El País
La periferia de Europa está extenuada: las políticas aplicadas agotan sus posibilidades de recuperación económica al tiempo que violan fundamentos esenciales de los acuerdos sociales en que se basan sus Estados. El empeño de concentrar en poco tiempo ambiciosos recortes de gasto público no solo no aporta los resultados pretendidos de saneamiento de las finanzas públicas, sino que profundizan la recesión y el aumento del desempleo de economías como la española, la italiana o la portuguesa. En esta última, su Tribunal Constitucional ha dictaminado como inconstitucionales algunas decisiones del Gobierno.
Son los recortes en las pensiones y en los salarios de los empleados públicos los que violan el ordenamiento constitucional, obligando al Ejecutivo a buscar otras alternativas de reducción del déficit público. Se ha estimado que podrían ser entre 900 y 1.300 millones de euros los que el Gobierno de centro-derecha tendrá que reducir en nuevos capítulos de gasto o generar como nuevos ingresos públicos, aproximadamente un 20% de los 5.000 millones de euros incorporados en los planes de austeridad para el ejercicio en curso. Con independencia de la difícil ingeniería presupuestaria a que ello obligue, las tensiones políticas y sociales volverán al primer lugar de la escena en un país literalmente diezmado. En mayor medida teniendo en cuenta que los contribuyentes portugueses ya han soportado los mayores incrementos impositivos de la historia con el fin de aumentar los ingresos públicos.
Antes del pronunciamiento constitucional, la evidencia era suficiente acerca de la inadecuación técnica de ese tipo de decisiones y de su inconveniencia social. Ahora queda establecido un precedente que cuestiona la legitimidad política de esos absurdos propósitos. Sanear las finanzas públicas es de todo punto necesario, como condición para garantizar un crecimiento sostenible y una unión monetaria viable, pero tratar de hacerlo en un contexto de profunda recesión y en un plazo excesivamente corto es una manifiesta provocación a la ruptura de la estabilidad social y del apoyo a las propias instituciones europeas.
El País
La periferia de Europa está extenuada: las políticas aplicadas agotan sus posibilidades de recuperación económica al tiempo que violan fundamentos esenciales de los acuerdos sociales en que se basan sus Estados. El empeño de concentrar en poco tiempo ambiciosos recortes de gasto público no solo no aporta los resultados pretendidos de saneamiento de las finanzas públicas, sino que profundizan la recesión y el aumento del desempleo de economías como la española, la italiana o la portuguesa. En esta última, su Tribunal Constitucional ha dictaminado como inconstitucionales algunas decisiones del Gobierno.
Son los recortes en las pensiones y en los salarios de los empleados públicos los que violan el ordenamiento constitucional, obligando al Ejecutivo a buscar otras alternativas de reducción del déficit público. Se ha estimado que podrían ser entre 900 y 1.300 millones de euros los que el Gobierno de centro-derecha tendrá que reducir en nuevos capítulos de gasto o generar como nuevos ingresos públicos, aproximadamente un 20% de los 5.000 millones de euros incorporados en los planes de austeridad para el ejercicio en curso. Con independencia de la difícil ingeniería presupuestaria a que ello obligue, las tensiones políticas y sociales volverán al primer lugar de la escena en un país literalmente diezmado. En mayor medida teniendo en cuenta que los contribuyentes portugueses ya han soportado los mayores incrementos impositivos de la historia con el fin de aumentar los ingresos públicos.
Antes del pronunciamiento constitucional, la evidencia era suficiente acerca de la inadecuación técnica de ese tipo de decisiones y de su inconveniencia social. Ahora queda establecido un precedente que cuestiona la legitimidad política de esos absurdos propósitos. Sanear las finanzas públicas es de todo punto necesario, como condición para garantizar un crecimiento sostenible y una unión monetaria viable, pero tratar de hacerlo en un contexto de profunda recesión y en un plazo excesivamente corto es una manifiesta provocación a la ruptura de la estabilidad social y del apoyo a las propias instituciones europeas.
