El relator de la ONU para los DDHH pide a EEUU investigar los vuelos de la CIA
Ginebra, EPEl relator especial de la ONU para la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista, Ben Emmerson, ha instado a las autoridades estadounidenses el programa de detenciones extrajudiciales, cárceles secretas y traslados de sospechosos de terrorismo desarrollado durante el mandato del expresidente George W. Bush.
Emmerson reconoce el cambio que supuso la llegada de Barack Obama al poder, pero recuerda que no se ha rendido cuentas por las actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
"A pesar de que han repudiado claramente las acciones ilegales perpetradas por la CIA durante el mandato de Bush, muchos de los hechos continúan siendo material clasificado y hasta ahora ningún cargo público ha sido procesado judicialmente en Estados Unidos", señala el relator en un informe que será presentado oficialmente este martes.
La "guerra contra el terrorismo" desatada por Bush tras los atentados de 2001 en Nueva York y Washington implicó "clamorosas o sistemáticas" irregularidades como la existencia de cárceles secretas en terceros países, traslados clandestinos o torturas, denuncia Emmerson.
Sin embargo, el fiscal general nombrado por Obama, Eric Holder, anunció que el Departamento de Justicia no investigará a ningún funcionario que hubiese actuado de buena fe y cumpliendo con las directrices legales sobre interrogatorios emitidas por la Oficina de Asesoramiento Legal del propio departamento emitidas durante el mandato de Bush.
El relator, por su parte, considera que la utilización de "las órdenes de los superiores como defensa" y la invocación del secreto de seguridad nacional supone "perpetuar la impunidad de los funcionarios públicos implicados en estos crímenes".
Las prácticas de la CIA fueron investigadas por una comisión del Senado presidida por la senadora Dianne Feinstein, incluida la práctica conocida como 'waterboarding' o ahogamiento simulado, considerada como tortura. Según Emmerson, el Senado ha tenido acceso total a la información clasificada como secreta para la elaboración de su informe, concluido en diciembre de 2011.
En ese sentido, ha instado a Washington a "publicar sin demora y con la máxima integridad posible" el informe del Senado, excluyendo cualquier información que comprometa los legítimos intereses de la seguridad nacional o la seguridad de las personas identificados en él.
IMPLICACIÓN DE OTROS PAÍSES
El informe recoge también la implicación de otros países que toleraron o colaboraron con el programa. "Hay pruebas creíbles que demuestran que la CIA tenía cárceles secretas en Lituania, Marruecos, Polonia, Rumanía y Tailandia y que funcionarios y cargos públicos de otros 49 estados cedieron su espacio aéreo o aeropuertos para su utilización en los vuelos de la CIA", sostiene Emmerson.
Así, emplaza a estos cinco países a abrir una "investigación judicial o parajudicial independiente y efectiva" para que rindan cuentas ante los tribunales todos aquellos que autorizaron estas prácticas.
Hasta el momento sólo en Italia ha habido cargos públicos procesados judicialmente por estas actividades, recuerda el relator, en referencia a la condena 'in absentia' en 2009 de 22 agentes de la CIA que participaron en el secuestro del imán egipcio Abú Omar, detenido en 2003 en Milán. Desde allí fue trasladado a El Cairo, donde pasó 14 meses detenido y fue torturado.
Además, ha emplazado a Reino Unido a hacer públicas las conclusiones provisionales a las que llegó en 2012 la conocida como Investigación Gibson, por el juez Peter Gibson, que abordó la implicación de los servicios secretos británicos en maltratos o traslados ilegales por parte de otros países.
Emmerson es un conocido jurista británico que ocupa el cargo de relator de la ONU para la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista desde agosto de 2011. Es un puesto independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2005 para investigar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en todo el mundo en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Sus informes no son vinculantes ni tienen consecuencias jurídicas concretas, pero supone un elemento de presión más para Obama ante la "cortina de impunidad oficial", en palabras del propio Emmerson, con la que se han tapado todas estas prácticas.
