Crisis policial ante la ola de crímenes en Perú
Líderes políticos y expertos piden la destitución del jefe de la policía Raúl Salazar
Está en el cargo desde 2011, pese a que las crisis de seguridad han provocado tres cambios de ministros de Interior
Jacqueline Fowks
Lima, El País
Tres crímenes bastante sonados en Lima el viernes y sábado pasados, ponen otra vez los reflectores en el director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, cuestionado por ex ministros, policías en retiro y políticos debido a que ha reaccionado con acciones espectaculares, presentando supuestos responsables de asesinatos detenidos con vicios de procedimiento -como la falta de un fiscal- o presentando pruebas presuntas sin investigación que las respalde.
Aunque durante el gobierno del presidente Ollanta Humala ha habido tres crisis de seguridad que han costado el puesto a tres ministros de Interior, el general Salazar se sostiene en el cargo.
El miércoles 20, un grupo de asaltantes asesinó y robó a un comerciante en la sala de firmas de la notaría Paino, en el distrito de Surquillo (Lima), en la misma avenida donde se ubican dos sedes importantes de la Policía: la división antidrogas y la de criminalística. Un vídeo difundido en medios limeños demostró que no hubo ninguna persecución posterior al crimen, pese a que Salazar había dicho que policías fueron tras los ladrones pero los perdieron en medio del tráfico.
Este martes, Salazar, acompañado de policías con uniforme de comando y portando armas largas, presentaron al supuesto ‘campana’ del asalto en la notaría. Los familiares y el abogado del detenido alegan que le arrancaron un reconocimiento de culpa mediante golpes y aplicación de electricidad. La policía ha reconocido que durante la toma de manifestación y la captura –realizada en el centro de trabajo del individuo– no hubo presencia de fiscal. Para más sospecha, durante la exhibición del detenido ante la prensa, los voceros policiales mostraron el pasamontañas y el croquis de la ubicación de la notaría que supuestamente todavía portaba el hombre y que habría usado en el asalto, seis días antes.
El sábado 23, el fotógrafo del diario El Comercio, Luis Choy, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa, cuando salía en su camioneta. El reportero llevaba dinero y su equipo fotográfico pero nada de esto interesaba a quien disparó. Esa misma noche, un policía también murió por disparos mientras cuidaba la entrada de un restaurante de pollo a la brasa en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. La muerte de Choy tuvo gran eco en todos los medios de comunicación de Lima.
El domingo, reunidos de emergencia, el fiscal de la Nación, y la ministra de Justicia, se sumaron al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; al primer ministro Juan Jiménez, y al general Salazar para anunciar que solicitarán la cadena perpetua para miembros del crimen organizado y que unificarían las bases de datos de registro de delitos, pues actualmente cada entidad pública involucrada tiene la propia.
“Hay una percepción de inseguridad enorme, pero en ningún caso estamos en una situación que ponga en grave riesgo la situación del país”, dijo este martes el titular de Interior, Wilfredo Pedraza, coincidiendo con el primer ministro, Juan Jiménez, y el propio presidente Humala, quienes criticaron que los medios mostraran el vídeo de la cámara de seguridad de la notaría en el momento del asesinato. Pedraza y Jiménez sostienen que la percepción no se corresponde con los índices de criminalidad, dado que no son los más altos de la región. Sin embargo, el ex viceministro del Interior, el sociólogo Carlos Basombrío, indica que la tasa de homicidio ha aumentado en Perú en casi el doble entre 2010 y 2011, según los últimos datos oficiales disponibles. Según Basombrío, el actual director general de la policía es “intocable” y sus ‘padrinos’ son la primera dama Nadine Heredia y el presidente Humala.
El general Salazar, quien carga el lastre de denuncias de conflicto de intereses y ocultamiento de información en operaciones policiales fracasadas, recibió instrucciones del Ejecutivo para cambiar la pésima imagen causada la semana pasada ante la falta de reacción luego del crimen de la notaría. Otra de sus respuestas ha sido presentar a un ciudadano dominicano como posible culpable del asesinato de Choy, pero ha sido liberado ya. Por último, la noche del jueves, la policía se atribuyó la captura de los secuestradores de un bebé, sin embargo, la hermana de uno de los secuestradores, al enterarse del delito, fue quien ofreció devolver al bebé y convencer a los delincuentes de entregarse.
La congresista conservadora Lourdes Alcorta y los fujimoristas Juan José Díaz y Cecilia Chacón están entre las voces que exigen la salida del director de la policía. “Hay presión en la Dirección de Investigación Criminal para que haga un trabajo a patadas, mal hecho”, ha afirmado esta mañana, el ex ministro del Interior y policía en retiro Remigio Hernani, en un noticiario de TV.
Los problemas de seguridad ciudadana afectan no solo a la capital peruana, sino a las principales ciudades del país, donde incluso hay sicarios menores de edad, como en Trujillo (costa norte) y Bagua (selva norte). Esta semana, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, reapareció públicamente luego de meses en silencio. Aprovechó la ola para recordar que una de las promesas de campaña del candidato Humala, en 2011, fue responder a este problema, sin embargo, no la ha cumplido.
Está en el cargo desde 2011, pese a que las crisis de seguridad han provocado tres cambios de ministros de Interior
Jacqueline Fowks Lima, El País
Tres crímenes bastante sonados en Lima el viernes y sábado pasados, ponen otra vez los reflectores en el director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, cuestionado por ex ministros, policías en retiro y políticos debido a que ha reaccionado con acciones espectaculares, presentando supuestos responsables de asesinatos detenidos con vicios de procedimiento -como la falta de un fiscal- o presentando pruebas presuntas sin investigación que las respalde.
Aunque durante el gobierno del presidente Ollanta Humala ha habido tres crisis de seguridad que han costado el puesto a tres ministros de Interior, el general Salazar se sostiene en el cargo.
El miércoles 20, un grupo de asaltantes asesinó y robó a un comerciante en la sala de firmas de la notaría Paino, en el distrito de Surquillo (Lima), en la misma avenida donde se ubican dos sedes importantes de la Policía: la división antidrogas y la de criminalística. Un vídeo difundido en medios limeños demostró que no hubo ninguna persecución posterior al crimen, pese a que Salazar había dicho que policías fueron tras los ladrones pero los perdieron en medio del tráfico.
Este martes, Salazar, acompañado de policías con uniforme de comando y portando armas largas, presentaron al supuesto ‘campana’ del asalto en la notaría. Los familiares y el abogado del detenido alegan que le arrancaron un reconocimiento de culpa mediante golpes y aplicación de electricidad. La policía ha reconocido que durante la toma de manifestación y la captura –realizada en el centro de trabajo del individuo– no hubo presencia de fiscal. Para más sospecha, durante la exhibición del detenido ante la prensa, los voceros policiales mostraron el pasamontañas y el croquis de la ubicación de la notaría que supuestamente todavía portaba el hombre y que habría usado en el asalto, seis días antes.
El sábado 23, el fotógrafo del diario El Comercio, Luis Choy, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa, cuando salía en su camioneta. El reportero llevaba dinero y su equipo fotográfico pero nada de esto interesaba a quien disparó. Esa misma noche, un policía también murió por disparos mientras cuidaba la entrada de un restaurante de pollo a la brasa en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. La muerte de Choy tuvo gran eco en todos los medios de comunicación de Lima.
El domingo, reunidos de emergencia, el fiscal de la Nación, y la ministra de Justicia, se sumaron al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; al primer ministro Juan Jiménez, y al general Salazar para anunciar que solicitarán la cadena perpetua para miembros del crimen organizado y que unificarían las bases de datos de registro de delitos, pues actualmente cada entidad pública involucrada tiene la propia.
“Hay una percepción de inseguridad enorme, pero en ningún caso estamos en una situación que ponga en grave riesgo la situación del país”, dijo este martes el titular de Interior, Wilfredo Pedraza, coincidiendo con el primer ministro, Juan Jiménez, y el propio presidente Humala, quienes criticaron que los medios mostraran el vídeo de la cámara de seguridad de la notaría en el momento del asesinato. Pedraza y Jiménez sostienen que la percepción no se corresponde con los índices de criminalidad, dado que no son los más altos de la región. Sin embargo, el ex viceministro del Interior, el sociólogo Carlos Basombrío, indica que la tasa de homicidio ha aumentado en Perú en casi el doble entre 2010 y 2011, según los últimos datos oficiales disponibles. Según Basombrío, el actual director general de la policía es “intocable” y sus ‘padrinos’ son la primera dama Nadine Heredia y el presidente Humala.
El general Salazar, quien carga el lastre de denuncias de conflicto de intereses y ocultamiento de información en operaciones policiales fracasadas, recibió instrucciones del Ejecutivo para cambiar la pésima imagen causada la semana pasada ante la falta de reacción luego del crimen de la notaría. Otra de sus respuestas ha sido presentar a un ciudadano dominicano como posible culpable del asesinato de Choy, pero ha sido liberado ya. Por último, la noche del jueves, la policía se atribuyó la captura de los secuestradores de un bebé, sin embargo, la hermana de uno de los secuestradores, al enterarse del delito, fue quien ofreció devolver al bebé y convencer a los delincuentes de entregarse.
La congresista conservadora Lourdes Alcorta y los fujimoristas Juan José Díaz y Cecilia Chacón están entre las voces que exigen la salida del director de la policía. “Hay presión en la Dirección de Investigación Criminal para que haga un trabajo a patadas, mal hecho”, ha afirmado esta mañana, el ex ministro del Interior y policía en retiro Remigio Hernani, en un noticiario de TV.
Los problemas de seguridad ciudadana afectan no solo a la capital peruana, sino a las principales ciudades del país, donde incluso hay sicarios menores de edad, como en Trujillo (costa norte) y Bagua (selva norte). Esta semana, la líder de la oposición, Keiko Fujimori, reapareció públicamente luego de meses en silencio. Aprovechó la ola para recordar que una de las promesas de campaña del candidato Humala, en 2011, fue responder a este problema, sin embargo, no la ha cumplido.
