Crece la polémica en EE UU por el uso secreto de los ‘drones’
Las críticas han sido mayores entre la oposición conservadora, pero algunos demócratas protestan por el secretismo de las operaciones
Antonio Caño
Washington, El País
El pasado viernes un tribunal federal de apelaciones decidió que el Gobierno de Barack Obama carece de justificación para mantener en secreto los ataques con aviones sin tripulación y le exigió dar detallada respuesta a la demanda presentada en solicitud de información. Eso no pone fin a la batalla legal, que todavía tiene por delante un largo camino entre los laberintos de la justicia, pero da nueva legitimidad a quienes creen que el presidente está abusando de su poder con el uso de esta nueva arma, actualmente el principal instrumento de demostración de fuerza por parte de Estados Unidos en el exterior.
Jameel Jaffer, responsable jurídico de la Asociación de Libertades Civiles Americana (ACLU), el grupo que reclama acceso a esos datos, declaró posteriormente que esta sentencia respalda que “el público tiene derecho a saber a quién está matando el Gobierno, por qué, en qué países y bajo órdenes de quién”.
A la presión de las organizaciones de derechos humanos se han sumado en las última semanas, después de varios años de silencio, algunos miembros del Congreso, especialmente en la derecha del Partido Republicano, y los principales medios de comunicación, que han reconocido ahora que sabían desde hace meses la existencia de una base de drones en Arabia Saudí y lo silenciaron por razones de seguridad nacional.
La confirmación la pasada semana en el Senado del nuevo director de la CIA, Paul Brennan, ha sido el momento álgido de este debate, con la escena sorprendente de un senador próximo al Tea Party, Rand Paul, que habló durante trece horas consecutivas como muestra impactante de su deseo de bloquear el nombramiento hasta que la Casa Blanca diese explicaciones sobre el programa de drones.
La Administración ha dado algunas respuestas. El fiscal general, Eric Holder, envió una carta al Congreso en la que aseguraba que el presidente no está autorizado al uso de ese arma para matar a ciudadanos norteamericanos dentro del territorio de EE UU, y recordaba que su utilización fuera de las fronteras de esta país está respaldado por un documento del Departamento de Justicia que sienta las bases legales necesarias.
Hasta ahora, las críticas han sido mayores entre la oposición conservadora, que entiende que el programa de drones justifica y continúa los métodos de la guerra contra el terrorismo puesta en marcha por el Gobierno de George W. Bush, aunque también han surgido algunas protestas en las filas demócratas, no tanto por los drones sino por el secretismo de las operaciones.
La senadora Dianne Feinstein, respaldada por varios congresistas, ha circulado la idea de que un tribunal especial, que ya existe para autorizar acciones secretas de los servicios de espionaje, asuma la autoridad para conocer y sancionar los ataques con drones. Pero la propuesta, a la que no se ha opuesta abiertamente la Casa Blanca, choca todavía con diversos obstáculos de carácter legal y político.
Rand Paul habló durante trece horas consecutivas como muestra impactante de su deseo de bloquear el nombramiento del director de la CIA hasta que la Casa Blanca no diese explicaciones sobre el programa de drones
En primer lugar, porque no está claro que el uso de los drones, pese a la apariencia cruel y deshumanizada que supone disparar misiles desde un despacho sin verle siquiera la cara al enemigo, signifique necesariamente un retroceso con respecto a las armas actuales. Aunque su utilización ha crecido enormemente durante esta Administración y han aumentado, por tanto, el número de civiles muertos en Pakistán y Afganistán por estos aparatos, algunos congresistas y expertos estiman que la sustitución de aviones convencionales por drones ha mejorado la precisión de los ataques y ha reducido el número total de víctimas inocentes.
El senador John McCain, entre otros, reprochó a su colega Paul su ignorancia y su llamativa actitud de protesta, y varios miembros del Partido Demócrata han destacado que, con los drones, se han evitado muchos de los abusos generados por la presencia de tropas en el extranjero.
Un informe reciente de Naciones Unidas mostraba que el año pasado casi se dobló el número de bombas lanzadas desde drones en Afganistán respecto al año anterior –de 294 a 506- y el que número de civiles muertos pasó de 1 a 16. Pero ese mismo informe señalaba que el número total de inocentes muertos en 2012 en Afganistán bajó de 3.131 a 2.754, lo que parece demostrar que los drones, aun con los riesgos que implican, están sustituyendo a otras armas cuyos efectos sobre la población civil son todavía mucho más letales.
El uso de drones en Afganistán está mejor controlado porque casi todas las operaciones están bajo el mando del Pentágono, donde la transparencia es mayor. No existen, sin embargo, cifras similares sobre el otro gran frente de la guerra con estos robots, Pakistán, donde la mayoría de los vuelos son dirigidos por la CIA, que también se ocupa de los ataques en Yemen. El Gobierno paquistaní calcula que por cada militante de Al Qaeda muerto por drones, pierden la vida 140 civiles. EE UU niega esas cifras. Un estudio del instituto independiente New American Foundation ha precisado que, durante la Administración de Obama, han muerto en ataques de drones en Pakistán entre 1.507 y 2.438 personas, de los que entre 148 y 309 eran civiles.
Incluso aunque los drones supusieran, a la larga, una reducción del número de víctimas inocentes, el debate sobre los limites de los poderes presidenciales sigue abierto, especialmente desde la muerte en 2011 de un ciudadano norteamericano, Anwar el Awlaki, uno de los más destacados dirigentes de Al Qaeda en Yemen.
Antonio Caño Washington, El País
El pasado viernes un tribunal federal de apelaciones decidió que el Gobierno de Barack Obama carece de justificación para mantener en secreto los ataques con aviones sin tripulación y le exigió dar detallada respuesta a la demanda presentada en solicitud de información. Eso no pone fin a la batalla legal, que todavía tiene por delante un largo camino entre los laberintos de la justicia, pero da nueva legitimidad a quienes creen que el presidente está abusando de su poder con el uso de esta nueva arma, actualmente el principal instrumento de demostración de fuerza por parte de Estados Unidos en el exterior.
Jameel Jaffer, responsable jurídico de la Asociación de Libertades Civiles Americana (ACLU), el grupo que reclama acceso a esos datos, declaró posteriormente que esta sentencia respalda que “el público tiene derecho a saber a quién está matando el Gobierno, por qué, en qué países y bajo órdenes de quién”.
A la presión de las organizaciones de derechos humanos se han sumado en las última semanas, después de varios años de silencio, algunos miembros del Congreso, especialmente en la derecha del Partido Republicano, y los principales medios de comunicación, que han reconocido ahora que sabían desde hace meses la existencia de una base de drones en Arabia Saudí y lo silenciaron por razones de seguridad nacional.
La confirmación la pasada semana en el Senado del nuevo director de la CIA, Paul Brennan, ha sido el momento álgido de este debate, con la escena sorprendente de un senador próximo al Tea Party, Rand Paul, que habló durante trece horas consecutivas como muestra impactante de su deseo de bloquear el nombramiento hasta que la Casa Blanca diese explicaciones sobre el programa de drones.
La Administración ha dado algunas respuestas. El fiscal general, Eric Holder, envió una carta al Congreso en la que aseguraba que el presidente no está autorizado al uso de ese arma para matar a ciudadanos norteamericanos dentro del territorio de EE UU, y recordaba que su utilización fuera de las fronteras de esta país está respaldado por un documento del Departamento de Justicia que sienta las bases legales necesarias.
Hasta ahora, las críticas han sido mayores entre la oposición conservadora, que entiende que el programa de drones justifica y continúa los métodos de la guerra contra el terrorismo puesta en marcha por el Gobierno de George W. Bush, aunque también han surgido algunas protestas en las filas demócratas, no tanto por los drones sino por el secretismo de las operaciones.
La senadora Dianne Feinstein, respaldada por varios congresistas, ha circulado la idea de que un tribunal especial, que ya existe para autorizar acciones secretas de los servicios de espionaje, asuma la autoridad para conocer y sancionar los ataques con drones. Pero la propuesta, a la que no se ha opuesta abiertamente la Casa Blanca, choca todavía con diversos obstáculos de carácter legal y político.
Rand Paul habló durante trece horas consecutivas como muestra impactante de su deseo de bloquear el nombramiento del director de la CIA hasta que la Casa Blanca no diese explicaciones sobre el programa de drones
En primer lugar, porque no está claro que el uso de los drones, pese a la apariencia cruel y deshumanizada que supone disparar misiles desde un despacho sin verle siquiera la cara al enemigo, signifique necesariamente un retroceso con respecto a las armas actuales. Aunque su utilización ha crecido enormemente durante esta Administración y han aumentado, por tanto, el número de civiles muertos en Pakistán y Afganistán por estos aparatos, algunos congresistas y expertos estiman que la sustitución de aviones convencionales por drones ha mejorado la precisión de los ataques y ha reducido el número total de víctimas inocentes.
El senador John McCain, entre otros, reprochó a su colega Paul su ignorancia y su llamativa actitud de protesta, y varios miembros del Partido Demócrata han destacado que, con los drones, se han evitado muchos de los abusos generados por la presencia de tropas en el extranjero.
Un informe reciente de Naciones Unidas mostraba que el año pasado casi se dobló el número de bombas lanzadas desde drones en Afganistán respecto al año anterior –de 294 a 506- y el que número de civiles muertos pasó de 1 a 16. Pero ese mismo informe señalaba que el número total de inocentes muertos en 2012 en Afganistán bajó de 3.131 a 2.754, lo que parece demostrar que los drones, aun con los riesgos que implican, están sustituyendo a otras armas cuyos efectos sobre la población civil son todavía mucho más letales.
El uso de drones en Afganistán está mejor controlado porque casi todas las operaciones están bajo el mando del Pentágono, donde la transparencia es mayor. No existen, sin embargo, cifras similares sobre el otro gran frente de la guerra con estos robots, Pakistán, donde la mayoría de los vuelos son dirigidos por la CIA, que también se ocupa de los ataques en Yemen. El Gobierno paquistaní calcula que por cada militante de Al Qaeda muerto por drones, pierden la vida 140 civiles. EE UU niega esas cifras. Un estudio del instituto independiente New American Foundation ha precisado que, durante la Administración de Obama, han muerto en ataques de drones en Pakistán entre 1.507 y 2.438 personas, de los que entre 148 y 309 eran civiles.
Incluso aunque los drones supusieran, a la larga, una reducción del número de víctimas inocentes, el debate sobre los limites de los poderes presidenciales sigue abierto, especialmente desde la muerte en 2011 de un ciudadano norteamericano, Anwar el Awlaki, uno de los más destacados dirigentes de Al Qaeda en Yemen.
