Arrancan los primeros juicios de los ‘tribunales populares’ del sur de México
Las autoridades niegan legitimidad a los procesos, organizados por grupos de autodefensa
México, El País
“No buscamos que el Gobierno nos dé todo, solamente queremos lo justo para establecer el orden público en el que participemos todos los miembros de las comunidades”. Con este espíritu se presenta en su web la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG), un grupo de autodefensa surgido en varios municipios del sur de México cuyos miembros ya no creen en la fuerza de las autoridades para combatir el crimen organizado y que han decidido arreglar ellos mismos los problemas. Una de sus iniciativas más polémicas arrancó este jueves en la pequeña localidad de El Meson, en el municipio de Ayutla: la constitución de un tribunal popular para juzgar a 54 personas, entre ellas cuatro mujeres y tres menores.
La asamblea duró más de tres horas, según informa la revista Proceso en su página web, en ella participaron unas 500 personas, muchas de ellas armadas y se desarrolló bajo “la ley de usos y costumbres del lugar”. Los acusados, presentados de cinco en cinco ante el tribunal, no pudieron defenderse de los cargos que se presentaron en su contra, aunque sus familiares sí podrán aportar pruebas para alegar su inocencia. Está previsto que se emita la sentencia el próximo 22 de febrero.
La existencia de policías comunitarias en varios municipios de Guerrero ha sido tolerada por las autoridades pero la constitución de estos tribunales han supuesto un salto cualitativo que ha encendido todas las alarmas. En un intento por neutralizar los movimientos de autodefensa, el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero (del izquierdista PRD), puso en marcha este jueves la Comisión para la Paz de y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La idea es regularizar las policías comunitarias e impedir que los procesos judiciales se desarrollen por cauces que no se ajusten a la ley.
En la iniciativa participa el Gobierno Federal, que ha designado a Jaime Martínez Veloz como comisionado para el diálogo. El secretario (ministro) de la Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró de él hace unos días que tiene “sensibilidad y conocimiento sobre la complejidad de los problemas sociales, en particular de los indígenas”. Estos grupos “no pueden hacer justicia por su propia mano. No en este país. Y lo que se hace es que puedan ser coadyuvantes de la autoridad debidamente constituida. Entonces, nosotros estaremos vigilantes”, aseguró recientemente Osorio Chong.
Entrevistada por la agencia EFE Luz Paula Parra, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ha asegurado que no hay que confundir a los alzados de la UPOEG, armados y encapuchados, con quienes son elegidos por asambleas y autoridades locales que se rigen por "usos y costumbres" propios.
El asunto ha levantado una fuerte polémica en el país. Pocos niegan el derecho de estas comunidades a defenderse pero se recuerda que es el Estado quien debe monopolizar determinadas atribuciones, entre ellas la de impartir justicia, y que estas iniciativas de autodefensa son una salida falsa que no resuelven los problemas e incluso pueden agravarlos.
El caso de las fuerzas de autodefensa de Guerrero recuerda al del municipio de Cherán, en Michoacán, que se organizó en 2011 para plantar cara a los responsables de la deforestación en la zona ante la inacción de las autoridades.
“No buscamos que el Gobierno nos dé todo, solamente queremos lo justo para establecer el orden público en el que participemos todos los miembros de las comunidades”. Con este espíritu se presenta en su web la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado Guerrero (UPOEG), un grupo de autodefensa surgido en varios municipios del sur de México cuyos miembros ya no creen en la fuerza de las autoridades para combatir el crimen organizado y que han decidido arreglar ellos mismos los problemas. Una de sus iniciativas más polémicas arrancó este jueves en la pequeña localidad de El Meson, en el municipio de Ayutla: la constitución de un tribunal popular para juzgar a 54 personas, entre ellas cuatro mujeres y tres menores.
La asamblea duró más de tres horas, según informa la revista Proceso en su página web, en ella participaron unas 500 personas, muchas de ellas armadas y se desarrolló bajo “la ley de usos y costumbres del lugar”. Los acusados, presentados de cinco en cinco ante el tribunal, no pudieron defenderse de los cargos que se presentaron en su contra, aunque sus familiares sí podrán aportar pruebas para alegar su inocencia. Está previsto que se emita la sentencia el próximo 22 de febrero.
La existencia de policías comunitarias en varios municipios de Guerrero ha sido tolerada por las autoridades pero la constitución de estos tribunales han supuesto un salto cualitativo que ha encendido todas las alarmas. En un intento por neutralizar los movimientos de autodefensa, el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero (del izquierdista PRD), puso en marcha este jueves la Comisión para la Paz de y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La idea es regularizar las policías comunitarias e impedir que los procesos judiciales se desarrollen por cauces que no se ajusten a la ley.
En la iniciativa participa el Gobierno Federal, que ha designado a Jaime Martínez Veloz como comisionado para el diálogo. El secretario (ministro) de la Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró de él hace unos días que tiene “sensibilidad y conocimiento sobre la complejidad de los problemas sociales, en particular de los indígenas”. Estos grupos “no pueden hacer justicia por su propia mano. No en este país. Y lo que se hace es que puedan ser coadyuvantes de la autoridad debidamente constituida. Entonces, nosotros estaremos vigilantes”, aseguró recientemente Osorio Chong.
Entrevistada por la agencia EFE Luz Paula Parra, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ha asegurado que no hay que confundir a los alzados de la UPOEG, armados y encapuchados, con quienes son elegidos por asambleas y autoridades locales que se rigen por "usos y costumbres" propios.
El asunto ha levantado una fuerte polémica en el país. Pocos niegan el derecho de estas comunidades a defenderse pero se recuerda que es el Estado quien debe monopolizar determinadas atribuciones, entre ellas la de impartir justicia, y que estas iniciativas de autodefensa son una salida falsa que no resuelven los problemas e incluso pueden agravarlos.
El caso de las fuerzas de autodefensa de Guerrero recuerda al del municipio de Cherán, en Michoacán, que se organizó en 2011 para plantar cara a los responsables de la deforestación en la zona ante la inacción de las autoridades.
