Los asentamientos de Israel violan la Cuarta Convención de Ginebra
Un equipo de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido este jueves de que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos viola la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que ha reclamado su suspensión "sin condiciones" y la "retirada inmediata" de los actuales asentamientos judíos.
"Israel debe, en cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, poner fin a toda su política de asentamientos sin condiciones", se lee en el informe del equipo de investigación, presidido por la juez francesa Christine Chanet. "Se debe iniciar inmediatamente un proceso de retirada de todos los asentamientos de los territorios palestinos ocupados", prosigue el texto.
El equipo de investigación fue aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fin de examinar la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos y en Jerusalén Este. El Gobierno israelí se ha negado a colaborar con los expertos y se ha escudado en que el Consejo tiene un enfoque desequilibrado y en que su política de asentamientos en Cisjordania está justificada por la Biblia.
Para elaborar el informe, los expertos interrogaron a más de 50 personas que acudieron a Jordania el pasado mes de noviembre para testificar sobre la confiscación de tierras, daños a sus medios de vida --incluidos los olivos-- y agresiones por parte de colonos judíos, indica el documento.
"La misión cree que detrás de estas agresiones y estas intimidaciones contra los palestinos y contra sus propiedades se oculta el propósito de expulsar a la población local de sus tierras y permitir la expansión de los asentamientos", prosigue el informe. Los asentamientos, según los expertos de la ONU, "están posibilitando una anexión progresiva que impide el establecimiento de un Estado palestino intercomunicado y viable y socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".
EL TPI
Las Convenciones de Ginebra de 1949 prohíben el traslado de población civil a territorios ocupados y su contravención, recuerda el informe, podría considerarse crimen de guerra y entrar, por tanto, en las competencias del Tribunal Penal Internacional.
Por ello, según el informe, la posible ratificación del Estatuto de Roma, por el que se rige el TPI, por parte de Palestina --recientemente reconocida como Estado obsvervador no miembro por parte de la Asamblea General de la ONU-- "podría conducir a un proceso de rendición de cuentas por las graves violaciones de Derechos Humanos y las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del derecho a la justicia para las víctimas".
Alrededor de 250 asentamientos judíos han sido establecidos en Cisjordania y Jerusalén Este desde su ocupación militar por parte de Israel en 1967, con una población estimada en ellos de 520.000 colonos, según el informe de la ONU. Estos asentamientos impiden a los palestinos el acceso a los recursos hidráulicos y a las tierras para uso agrícola, prosigue el documento.
El pasado mes de diciembre, Palestina acusó a Israel en una carta dirigida a Naciones Unidas de estar planificando nuevos "crímenes de guerra" mediante la expansión de los asentamientos. Tras la decisión de la Asamblea General de reconocer a Palestina, Israel anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, dos territorios que deberían constituir, junto con la Franja de Gaza, el futuro Estado independiente palestino.
