La nueva constitución de Zimbabue reduce los poderes del presidente
El proyecto de la nueva constitución para Zimbabue recorta los poderes al presidente y otorga más control al Ejecutivo y al Parlamento en la toma de decisiones, dos instituciones que apenas han destacado durante los más de 30 años de Presidencia de Robert Mugabe.
Según una copia del borrador de la nueva carta magna, el presidente tendrá que consultar con el Gobierno cualquier decisión que tomen y deberá a su vez contar con el respaldo de la mayoría de los parlamentarios.
Mugabe y el primer ministro, Morgan Tsvangirai, anunciaron hace dos semanas el fin de sus diferencias sobre la nueva constitución y avanzaron que, tras unos retoques y su aprobación por el Parlamento, convocarían un referéndum --que se celebraría entre marzo y abril-- para que el nuevo texto entrase en vigor.
Mugabe --quien preside el país desde la independencia, en 1980-- se vio forzado a formar un gobierno con su máximo rival político, el actual primer ministro Tsvangirai, después de las polémicas elecciones generales de 2008. Bajo los términos del acuerdo de Gobierno, se deben celebrar elecciones en 2013 y redactar una nueva carta magna.
Mientras el partido de Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), pretendía que los comicios se celebrasen cuanto antes, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) de Tsvangirai reclamaba que se aprobase una nueva constitución y se adoptase una serie de reformas electorales y en materia de seguridad y prensa antes de la celebración de las elecciones.
La actual Constitución permite al presidente aprobar decretos con fuerza de ley cuya vigencia es de seis meses sin pasar por el Parlamento o el Gobierno. Además, los mandatos del jefe del Estado estarán limitados a dos de cinco años, a partir de las próximas elecciones.
El presidente tampoco podrá declarar el estado de emergencia o disolver el Parlamento, a menos que lo acepten dos tercios de los parlamentarios. La Cámara sólo podrá ser disuelta en caso de que no aprueben los presupuestos por cuestiones "irracionales".
Algunos derechos civiles se contemplan de forma más amplia en el nuevo texto, como la libertad de prensa, acceso a la información, el libre ejercicio de la política y los derechos de los prisioneros. Sigue contemplando la prohibición del matrimonio de personas del mismo sexo y la pena de muerte por "homicidio cometido en graves circunstancias", aunque no podrán ser ejecutadas ni las mujeres ni los menores de 21 años ni los mayores de 70
