Gobierno confirma proceso de controversia por nacionalización de la red eléctrica de España
La Paz, ANF
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó este martes que la Red Eléctrica de España (REE), inició un “proceso de controversia” a pesar de que aún no se cumplió el plazo para llegar a un entendimiento por la nacionalización de su filial en Bolivia, Transportadora de Electricidad (TDE), que fue nacionalizada mediante Decreto Supremo 1214 el 1 de mayo del 2012.
En conferencia de prensa desde Palacio Quemado, la ministra de Estado informó que Bolivia tiene toda la intención de pagar un precio justo por la nacionalizada, siempre y cuando este pago sea de mutuo acuerdo entre las dos partes, por lo que lamentó la decisión de llevar este caso a estrados judiciales.
Agregó que el argumento que tiene Bolivia para encarar la nacionalización de las eléctricas, “es el derecho soberano a que servicios que son básicos (…), deban estar en poder del Estado, esto no quita la participación de algunas empresas privadas dentro de las reglas de juego que establece el Estado Boliviano para la participación de servidoras que también están operando en el país”.
No obstante, Dávila descartó, respecto a la reciente nacionalización de la empresa de Electricidad de La Paz SA. (Electropaz) y la Empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro SA (Elfeo), que el grupo Iberdrola de España haya presentado alguna demanda contra el Gobierno, pues indicó que este 21 de enero sostendrán una reunión de coordinación entre representes del Estado y de esta eléctrica en procura de llegar a un acuerdo.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó este martes que la Red Eléctrica de España (REE), inició un “proceso de controversia” a pesar de que aún no se cumplió el plazo para llegar a un entendimiento por la nacionalización de su filial en Bolivia, Transportadora de Electricidad (TDE), que fue nacionalizada mediante Decreto Supremo 1214 el 1 de mayo del 2012.
En conferencia de prensa desde Palacio Quemado, la ministra de Estado informó que Bolivia tiene toda la intención de pagar un precio justo por la nacionalizada, siempre y cuando este pago sea de mutuo acuerdo entre las dos partes, por lo que lamentó la decisión de llevar este caso a estrados judiciales.
Agregó que el argumento que tiene Bolivia para encarar la nacionalización de las eléctricas, “es el derecho soberano a que servicios que son básicos (…), deban estar en poder del Estado, esto no quita la participación de algunas empresas privadas dentro de las reglas de juego que establece el Estado Boliviano para la participación de servidoras que también están operando en el país”.
No obstante, Dávila descartó, respecto a la reciente nacionalización de la empresa de Electricidad de La Paz SA. (Electropaz) y la Empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro SA (Elfeo), que el grupo Iberdrola de España haya presentado alguna demanda contra el Gobierno, pues indicó que este 21 de enero sostendrán una reunión de coordinación entre representes del Estado y de esta eléctrica en procura de llegar a un acuerdo.