El Gobierno no está informado sobre la detención del primer ministro paquistaní
El ministro de Información de Pakistán, Qamar Zaman Kaira, ha subrayado este martes que el Gobierno "no está informado de que exista una orden de arresto" contra el primer ministro, Raja Pervez Ashraf, horas después de que el Tribunal Supremo ordenara su detención por un caso de corrupción relacionado con proyectos energéticos.
"Este Gobierno, el ministro de Justicia y el primer ministro no han recibido orden alguna por parte del Tribunal Supremo", ha manifestado Kaira, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión paquistaní Geo TV.
"Se ha de tener en cuenta el momento en que se ha tomado esta decisión. Por lo que yo sé, el nombre del primer ministro no aparece mencionado en la orden del Tribunal Supremo, pero se ha dado mucho bombo a esto", ha agregado.
El primer ministro ha sido acusado de haber aceptado en 2008 sobornos y comisiones de nueve empresas de Proyectos de Alquiler Energéticos (RPP) en la época en que era ministro federal de Aguas y Electricidad.
El Supremo ha ordenado la detención de un total de 16 personas en relación con el caso, entre ellas tres antiguos ministros y cuatro antiguos secretarios de Estado, y ha exigido que Ashraf comparezca hoy miércoles ante el tribunal.
Las nueve empresas recibieron, según la acusación, más de 22.000 millones de rupias (casi 170 millones de euros) del Gobierno para varios proyectos. La mayoría de estos proyectos ni siquiera se iniciaron y los pocos que se pusieron en marcha lo hicieron con notable retraso. En marzo de 2012, el Tribunal Supremo declaró que los contratos no habían sido transparentes y ordenó su rescisión.
Ashraf sustituyó en junio de 2012 a Yusuf Raza Gilani después de que éste fuera inhabilitado por parte del Tribunal Supremo por negarse a reabrir los casos de corrupción contra el presidente, Asif Zardari.
Gilani fue condenado por rebeldía en abril a unos minutos de detención en la sala en la que se ha celebrado el juicio, pero al no ser específica respecto a si había sido inhabilitado, se mantuvo en el cargo hasta el mes de junio, cuando el Tribunal Supremo se pronunció finalmente en este sentido.
Las acusaciones contra Zardari son un asunto controvertido, y Ashraf también ha sido avisado en varias ocasiones desde que juró su cargo para que reabra los casos, algo que no ha hecho hasta ahora.
Dichas acusaciones se retrotraen a la década de los noventa, cuando Zardari y su exmujer, la exprimera ministra Benazir Bhutto, presuntamente usaron cuentas en bancos suizos para lavar doce millones de dólares (alrededor de 9,7 millones de euros) supuestamente recibidos a través del pago sobornos por parte de compañías que pretendían hacerse con diversos contratos.
El Gobierno suizo cerró el caso en 2008 cuando Zardari accedió a la Presidencia de Pakistán y el Gobierno del país asiático insiste en que, debido a su cargo, cuenta con inmunidad total. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la Ordenanza de Reconciliación Nacional (NRO) --promulgada por el expresidente Pervez Musharraf en 2007 y que concedió la amnistía a todos los cargos públicos acusados de corrupción, malversación, lavado de dinero, terrorismo y asesinato-- y ordenó la reapertura de todos los casos.
QADRI
La orden de detención contra Ashraf coincide con las manifestaciones lideradas por el religioso sufí Mohammad Tahirul Qadri contra la corrupción gubernamental. Cerca de 50.000 personas se manifestaron y se enfrentaron con la Policía esta pasada noche en el centro de Islamabad por iniciativa de Qadri, quien ha exigido la dimisión del Gobierno.
Qadri regresó hace apenas unas semanas a su Pakistán natal desde Canadá y desde entonces ha logrado una gran popularidad y ha movilizado a miles de personas en su marcha hacia Islamabad. La comitiva salió el domingo de Lahore con cientos de autobuses que han trasladado a los manifestantes hasta la capital.
Su movimiento exige la creación de un gobierno provisional que acabe de raíz con la corrupción y la mala gestión de los asuntos públicos, que han provocado problemas como los cortes intermitentes de suministro eléctrico, un exiguo crecimiento económico y el aumento de la criminalidad y la insurgencia talibán.
El nuevo gobierno estaría formado por "personas honestas" y se formaría con el consenso de militares y jueces. El ejecutivo de transición tendría plenos poderes y se constituiría en marzo, una vez disuelto el Parlamento.
La sociedad paquistaní está dividida ante estas movilizaciones, ya que algunos consideran a Qadri un héroe reformista, mientras que otros dudan de la constitucionalidad de sus propuestas y temen que no sea más que una marioneta del poderoso Ejército paquistaní, protagonista de numerosos golpes de Estado.
