Código rojo en el norte de México
Los traficantes convierten una comarca de Durango y Coahuila en la más violenta del país
Luis Prados
Torreón, El País
La muerte viaja más deprisa que la información en el norte de México. Dos páginas de Facebook y una cuenta de Twitter advierten constantemente de dónde está ocurriendo la última balacera o en qué calle ha aparecido el último cadáver desmembrado, un código rojo, como se le conoce, que en cualquier momento puede interrumpir una cena de amigos con estas palabras: “Tres fallecidos en la colonia Zaragoza Sur”. La población de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, los tres principales municipios de la Comarca Lagunera, una mancha urbana con más de un millón de habitantes entre los Estados de Coahuila y Durango, sobrevive desde hace seis años al fuego cruzado de la guerra entre el cartel de Sinaloa y los Zetas. Más de 160 homicidios entre el 1 de diciembre, cuando tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, y el pasado jueves la han convertido en la región más peligrosa del país.
Torreón y su vecina Gómez Palacio, a la que está unida por varios puentes sobre el lecho seco del río Nazas, conforman desde su fundación hace poco más de un siglo un gran centro de distribución hacia la frontera con Tejas (Estados Unidos). También de drogas: hacia Piedras Negras, Reynosa y Ciudad Juárez. La región conoció días de esplendor con el esfuerzo de miles de emigrantes europeos y árabes, que la convirtieron en una próspera zona industrial. Pero Torreón, cuyo eslogan fue una vez “la ciudad que venció al desierto”, está hoy de rodillas ante el narco.
La violencia estalló en 2007 cuando los Zetas comenzaron a disputar la plaza a los hombres de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el jefe del cartel de Sinaloa. Empezó entonces una orgía de sangre con balaceras indiscriminadas, aparición de cadáveres decapitados y descuartizados en cualquier calle o colgados en los puentes, corrupción de policías, extorsión y secuestro de profesionales y empresarios, robo diario de vehículos... Los asesinatos escalaron de 33 en 2007 a 761 en 2012, solo en Torreón, según cifras oficiales.
Nadie estaba preparado para una ola de violencia que ha alterado las rutinas de los vecinos —apenas existe vida nocturna, no se toca el claxon, no se mira a los vehículos de los lados…— y hasta el lenguaje de los niños —“anoche hubo un descuarti cerca de mi casa”—. La aplicación del Plan Laguna Segura hace poco más de un año con la superposición de soldados, marinos y policías federales, estatales y municipales, en escaso número —unos 1.500 efectivos para los más de 650.000 habitantes de Torreón— y su falta de coordinación —aunque estén unidas, el hecho de que Torreón pertenezca a Coahuila y Gómez Palacio a Durango impide, por ejemplo, la persecución en caliente de los malandros— ha convertido la operación en una gigantesca coreografía del fracaso.
La Comarca Lagunera se siente abandonada por las autoridades estatales y federales, atrapada en una guerra que, lejos del supuesto glamour mafioso de novelas y películas, libran con horrenda saña centenares de adolescentes pobres.
LOS NARCOS
Barrios sin policía
“¿Le hago un disparo de advertencia?”, pregunta un agente, armado de casco, chaleco antibalas y pasamontañas, mientras apunta con su rifle desde las alturas del Cristo del Cerro —una estatua colosal rodeada de antenas— a un joven halcón (informante del narco) apostado peñas abajo. “No, que no llevamos silenciador”, responde el teniente Adelaido Flores, jefe de la policía municipal de Torreón.
Desde los cerros de Poniente se domina la ciudad. En sus pendientes, en un desierto de basura, chatarra y escombros, brota un laberinto de chabolas. Es el territorio de los chapos, su santuario de miseria y desolación. “Aquí no se empezó a entrar de noche hasta que llegó el Ejército. Nos costó conocer su geografía”, dice el teniente. Durante la patrulla, el oficial va explicando la organización de los Zetas —los halcones, las tiendas (los mochileros que distribuyen la droga), las estacas (células de ataque de cuatro miembros y un vehículo), las garrapatas (taxis usados para el seguimiento de intrusos y objetivos)—. Buena parte de su estructura ha sido desmantelada y sus cabecillas han huido hacia el este del Estado. Desde hace un tiempo los Zetas parecen estar perdiendo la guerra. Han sido expulsados por los llamados M o Gente Nueva, un grupo criminal extremadamente cruel al servicio del cartel de Sinaloa. Los M llevan meses limpiando la ciudad de colaboradores de sus rivales y las autoridades no ocultan su temor de que llegue el día en que desafíen al propio Chapo y se hagan los nuevos amos.
Un intimidante helicóptero Blackhawk sobrevuela los cerros. Falta una hora para poder decir que ha transcurrido un día sin una sola muerte violenta. La tregua más larga en Torreón desde 2007 fue entre el 1 y el 9 de noviembre de 2010, nueve días seguidos sin un código rojo.
LA MUERTE
Rematado en la cama
El hospital Universitario es el destino final de los heridos y muertos del crimen organizado. “Hace cinco meses vino un hombre interesándose por un herido al que, después de pasar por el quirófano, habíamos bajado a planta. Entró en la habitación y fue preguntando a los enfermos por sus heridas hasta que dio con quien buscaba y lo remató de ocho balazos. Era mediodía y el asesino salió caminando tranquilamente por la puerta. Ahora ya tenemos cámaras”, relata su director, Enrique Serna.
La morgue del hospital tiene capacidad para seis cuerpos, pero hay días, como dice su director, que parece “zona de guerra”. “Hemos llegado a tener 20 cadáveres y los tenemos que dejar en el piso. Si alguno llega descompuesto, el mal olor se extiende por el hospital y hasta por las cuadras vecinas”.
La funeraria Flores no queda lejos. Trabaja las 24 horas. Sus seis empleados recogen los cadáveres con que la violencia riega las calles. “Vamos con miedo, solos en la madrugada, sin protección. Muchas veces están desmembrados o solo se encuentran las puras cabezas. A algunos les ponen un palo en la espalda y alambre alrededor del cuello y les hacen un torniquete. Ya he visto todo lo que se le puede hacer a un cuerpo humano”, dice uno de ellos.
“Armar el rompecabezas”, coser los cuerpos para que estén presentables para la familia, puede llevar más de cuatro horas de trabajo, aunque empieza a ponerse de moda la incineración. Ya no hay velatorios públicos. Suponen demasiado riesgo.
LOS ALCALDES
Una dirigente sola
En Gómez Palacio apenas quedan policías y la cárcel fue cerrada tras un motín el 19 de diciembre que se saldó con una veintena de muertos. Unos 400 soldados protegen esta ciudad de más de 300.000 habitantes. Su alcaldesa, Rocío Rebollo, una mujer valiente y popular, se ha quedado sola a los pies de los caballos. Hace dos semanas, la mayoría de los policías municipales y su secretario de Seguridad fueron detenidos por vínculos con la delincuencia organizada. “Me dieron en la madre. Nunca pensé en vivir una situación como esta. Jamás tuve un indicio de que estaban involucrados”. Ni las autoridades estatales ni las federales le informaron de la redada, ni ahora de la estrategia para restaurar la seguridad en el municipio. “Estoy completamente sola en esto”.
Rebollo está agradecida a los soldados, pero estos no persiguen los delitos comunes, que crecen al amparo de la ola de violencia, y lamenta la descoordinación entre los municipios de la comarca, que lleva a que se arrojen los muertos en el territorio del vecino para bajar las tasas de homicidios propias. “La última vez que me reuní con los alcaldes de Torreón y Lerdo fue hace más de un año”.
La misma queja comparte Eduardo Olmos, alcalde de Torreón. “Es una torre de Babel. Tenemos dos Gobiernos estatales, dos regiones militares, dos destacamentos de policía federal… Los únicos que parecen tener un concepto de región son los carteles”.
Al poco de llegar a la alcaldía, en 2010, Olmos tuvo que despedir a los 800 agentes municipales por vínculos con el crimen organizado. Año y medio costó crear un nuevo cuerpo. Casi una treintena de agentes han muerto desde entonces en el combate contra el narco.
Los dos alcaldes suspiran por una policía metropolitana capaz de poner fin a la pesadilla. “Es una impotencia cabrona. Al parecer, solo Dios me ayuda, tengo a todo el pueblo rezando por mí”, dice con humor Rebollo.
LA PRENSA
Amenazados
Sandra Silva es la reportera de nota roja del periódico El Siglo de Torreón, fundado en 1922, que ha sufrido en estos años varios atentados. “Con el paso del tiempo te acostumbras a las balaceras y a los descuartizados, pero siempre me impresionan los niños”. A veces las amenazas proceden de las propias fuerzas de seguridad. “Te dicen cosas como: ‘¿Qué pasaría si aparecieras con un tiro entre ceja y ceja?’ o ‘¿Qué piensas, que porque me gustas no vas a aparecer muerta?”. En ocasiones, de las palabras se pasa a los hechos. Un método intimidatorio común a buenos y malos es que te tableteen: “Consiste en golpearte con una tabla, a veces mojada, en las nalgas o en las corvas”, explica Sandra. Su compañero, Arturo González, editor de las noticias locales, añade: “A la presión del cierre y de las redes sociales, no llegamos a tiempo para verificar lo que a veces es un rumor, se une la presión de las amenazas porque vas a publicar algo que a los malandros no les va a gustar”. Los sicarios ya no huyen, se retiran; tampoco son delincuentes sino sujetos armados.
Javier Garza, subdirector del diario, que tira unos 30.000 ejemplares y cuenta con 160.000 usuarios de promedio en Internet, explica que, además de una fuerte inversión en seguridad, la violencia ha obligado a cambiar las rutinas periodísticas: “No se cubren las balaceras en vivo, no se firma, se han acabado las exclusivas policiales y sacar las cámaras es una operación de riesgo. Tratamos de no crear escándalo con la violencia, parte de la saña de los criminales es su mensaje y no queremos ser sus voceros”.
LA SOCIEDAD
Ciudad fantasma
“No hay toque de queda, pero a partir de las nueve de la noche, Torreón es una ciudad fantasma”, afirma el profesor Roberto López Franco, exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, alarmado por la descomposición del tejido social. “Nuestra juventud está siendo aniquilada por la pobreza, la droga y las armas”, añade.
La sensación de abandono ha dado nuevo impulso a la vieja aspiración de que la Comarca Lagunera sea algún día un Estado. Un movimiento de opinión que seduce a sus élites. Torreón y Gómez Palacio son motores económicos de sus Estados, pero no se sienten representadas en sus capitales políticas. “Me encantaría que fuésemos un Estado propio”, afirma Armando Carlos R., director general de Fomento Económico de Coahuila. “El centralismo estatal y el encono político entre los partidos nos perjudica”. El empresario asegura que la violencia no ha cerrado ninguna empresa, aunque sí reconoce que ha frenado la inversión.
El presidente Peña Nieto estuvo esta semana en el Estado de Durango y prometió resultados a medio plazo, pero el tiempo corre en contra.
Rafael Mora Garza, director del Centro de Integración Juvenil de Torreón, dedicado al tratamiento de adicciones, da un dato. De sus 527 nuevos pacientes en 2012, el 40% ingresó por inhalar pegamento, disolventes o aerosol para grafitis, que se vende por 20 pesos (poco más de un euro). “Antes”, asegura Mora Garza, “eran chavos de clase baja ahora son de clase media, hijos de profesionales”. Elixires del olvido que quitan el hambre, tal vez también el miedo.
Torreón, El País
La muerte viaja más deprisa que la información en el norte de México. Dos páginas de Facebook y una cuenta de Twitter advierten constantemente de dónde está ocurriendo la última balacera o en qué calle ha aparecido el último cadáver desmembrado, un código rojo, como se le conoce, que en cualquier momento puede interrumpir una cena de amigos con estas palabras: “Tres fallecidos en la colonia Zaragoza Sur”. La población de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, los tres principales municipios de la Comarca Lagunera, una mancha urbana con más de un millón de habitantes entre los Estados de Coahuila y Durango, sobrevive desde hace seis años al fuego cruzado de la guerra entre el cartel de Sinaloa y los Zetas. Más de 160 homicidios entre el 1 de diciembre, cuando tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, y el pasado jueves la han convertido en la región más peligrosa del país.
Torreón y su vecina Gómez Palacio, a la que está unida por varios puentes sobre el lecho seco del río Nazas, conforman desde su fundación hace poco más de un siglo un gran centro de distribución hacia la frontera con Tejas (Estados Unidos). También de drogas: hacia Piedras Negras, Reynosa y Ciudad Juárez. La región conoció días de esplendor con el esfuerzo de miles de emigrantes europeos y árabes, que la convirtieron en una próspera zona industrial. Pero Torreón, cuyo eslogan fue una vez “la ciudad que venció al desierto”, está hoy de rodillas ante el narco.
La violencia estalló en 2007 cuando los Zetas comenzaron a disputar la plaza a los hombres de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el jefe del cartel de Sinaloa. Empezó entonces una orgía de sangre con balaceras indiscriminadas, aparición de cadáveres decapitados y descuartizados en cualquier calle o colgados en los puentes, corrupción de policías, extorsión y secuestro de profesionales y empresarios, robo diario de vehículos... Los asesinatos escalaron de 33 en 2007 a 761 en 2012, solo en Torreón, según cifras oficiales.
Nadie estaba preparado para una ola de violencia que ha alterado las rutinas de los vecinos —apenas existe vida nocturna, no se toca el claxon, no se mira a los vehículos de los lados…— y hasta el lenguaje de los niños —“anoche hubo un descuarti cerca de mi casa”—. La aplicación del Plan Laguna Segura hace poco más de un año con la superposición de soldados, marinos y policías federales, estatales y municipales, en escaso número —unos 1.500 efectivos para los más de 650.000 habitantes de Torreón— y su falta de coordinación —aunque estén unidas, el hecho de que Torreón pertenezca a Coahuila y Gómez Palacio a Durango impide, por ejemplo, la persecución en caliente de los malandros— ha convertido la operación en una gigantesca coreografía del fracaso.
La Comarca Lagunera se siente abandonada por las autoridades estatales y federales, atrapada en una guerra que, lejos del supuesto glamour mafioso de novelas y películas, libran con horrenda saña centenares de adolescentes pobres.
LOS NARCOS
Barrios sin policía
“¿Le hago un disparo de advertencia?”, pregunta un agente, armado de casco, chaleco antibalas y pasamontañas, mientras apunta con su rifle desde las alturas del Cristo del Cerro —una estatua colosal rodeada de antenas— a un joven halcón (informante del narco) apostado peñas abajo. “No, que no llevamos silenciador”, responde el teniente Adelaido Flores, jefe de la policía municipal de Torreón.
Desde los cerros de Poniente se domina la ciudad. En sus pendientes, en un desierto de basura, chatarra y escombros, brota un laberinto de chabolas. Es el territorio de los chapos, su santuario de miseria y desolación. “Aquí no se empezó a entrar de noche hasta que llegó el Ejército. Nos costó conocer su geografía”, dice el teniente. Durante la patrulla, el oficial va explicando la organización de los Zetas —los halcones, las tiendas (los mochileros que distribuyen la droga), las estacas (células de ataque de cuatro miembros y un vehículo), las garrapatas (taxis usados para el seguimiento de intrusos y objetivos)—. Buena parte de su estructura ha sido desmantelada y sus cabecillas han huido hacia el este del Estado. Desde hace un tiempo los Zetas parecen estar perdiendo la guerra. Han sido expulsados por los llamados M o Gente Nueva, un grupo criminal extremadamente cruel al servicio del cartel de Sinaloa. Los M llevan meses limpiando la ciudad de colaboradores de sus rivales y las autoridades no ocultan su temor de que llegue el día en que desafíen al propio Chapo y se hagan los nuevos amos.
Un intimidante helicóptero Blackhawk sobrevuela los cerros. Falta una hora para poder decir que ha transcurrido un día sin una sola muerte violenta. La tregua más larga en Torreón desde 2007 fue entre el 1 y el 9 de noviembre de 2010, nueve días seguidos sin un código rojo.
LA MUERTE
Rematado en la cama
El hospital Universitario es el destino final de los heridos y muertos del crimen organizado. “Hace cinco meses vino un hombre interesándose por un herido al que, después de pasar por el quirófano, habíamos bajado a planta. Entró en la habitación y fue preguntando a los enfermos por sus heridas hasta que dio con quien buscaba y lo remató de ocho balazos. Era mediodía y el asesino salió caminando tranquilamente por la puerta. Ahora ya tenemos cámaras”, relata su director, Enrique Serna.
La morgue del hospital tiene capacidad para seis cuerpos, pero hay días, como dice su director, que parece “zona de guerra”. “Hemos llegado a tener 20 cadáveres y los tenemos que dejar en el piso. Si alguno llega descompuesto, el mal olor se extiende por el hospital y hasta por las cuadras vecinas”.
La funeraria Flores no queda lejos. Trabaja las 24 horas. Sus seis empleados recogen los cadáveres con que la violencia riega las calles. “Vamos con miedo, solos en la madrugada, sin protección. Muchas veces están desmembrados o solo se encuentran las puras cabezas. A algunos les ponen un palo en la espalda y alambre alrededor del cuello y les hacen un torniquete. Ya he visto todo lo que se le puede hacer a un cuerpo humano”, dice uno de ellos.
“Armar el rompecabezas”, coser los cuerpos para que estén presentables para la familia, puede llevar más de cuatro horas de trabajo, aunque empieza a ponerse de moda la incineración. Ya no hay velatorios públicos. Suponen demasiado riesgo.
LOS ALCALDES
Una dirigente sola
En Gómez Palacio apenas quedan policías y la cárcel fue cerrada tras un motín el 19 de diciembre que se saldó con una veintena de muertos. Unos 400 soldados protegen esta ciudad de más de 300.000 habitantes. Su alcaldesa, Rocío Rebollo, una mujer valiente y popular, se ha quedado sola a los pies de los caballos. Hace dos semanas, la mayoría de los policías municipales y su secretario de Seguridad fueron detenidos por vínculos con la delincuencia organizada. “Me dieron en la madre. Nunca pensé en vivir una situación como esta. Jamás tuve un indicio de que estaban involucrados”. Ni las autoridades estatales ni las federales le informaron de la redada, ni ahora de la estrategia para restaurar la seguridad en el municipio. “Estoy completamente sola en esto”.
Rebollo está agradecida a los soldados, pero estos no persiguen los delitos comunes, que crecen al amparo de la ola de violencia, y lamenta la descoordinación entre los municipios de la comarca, que lleva a que se arrojen los muertos en el territorio del vecino para bajar las tasas de homicidios propias. “La última vez que me reuní con los alcaldes de Torreón y Lerdo fue hace más de un año”.
La misma queja comparte Eduardo Olmos, alcalde de Torreón. “Es una torre de Babel. Tenemos dos Gobiernos estatales, dos regiones militares, dos destacamentos de policía federal… Los únicos que parecen tener un concepto de región son los carteles”.
Al poco de llegar a la alcaldía, en 2010, Olmos tuvo que despedir a los 800 agentes municipales por vínculos con el crimen organizado. Año y medio costó crear un nuevo cuerpo. Casi una treintena de agentes han muerto desde entonces en el combate contra el narco.
Los dos alcaldes suspiran por una policía metropolitana capaz de poner fin a la pesadilla. “Es una impotencia cabrona. Al parecer, solo Dios me ayuda, tengo a todo el pueblo rezando por mí”, dice con humor Rebollo.
LA PRENSA
Amenazados
Sandra Silva es la reportera de nota roja del periódico El Siglo de Torreón, fundado en 1922, que ha sufrido en estos años varios atentados. “Con el paso del tiempo te acostumbras a las balaceras y a los descuartizados, pero siempre me impresionan los niños”. A veces las amenazas proceden de las propias fuerzas de seguridad. “Te dicen cosas como: ‘¿Qué pasaría si aparecieras con un tiro entre ceja y ceja?’ o ‘¿Qué piensas, que porque me gustas no vas a aparecer muerta?”. En ocasiones, de las palabras se pasa a los hechos. Un método intimidatorio común a buenos y malos es que te tableteen: “Consiste en golpearte con una tabla, a veces mojada, en las nalgas o en las corvas”, explica Sandra. Su compañero, Arturo González, editor de las noticias locales, añade: “A la presión del cierre y de las redes sociales, no llegamos a tiempo para verificar lo que a veces es un rumor, se une la presión de las amenazas porque vas a publicar algo que a los malandros no les va a gustar”. Los sicarios ya no huyen, se retiran; tampoco son delincuentes sino sujetos armados.
Javier Garza, subdirector del diario, que tira unos 30.000 ejemplares y cuenta con 160.000 usuarios de promedio en Internet, explica que, además de una fuerte inversión en seguridad, la violencia ha obligado a cambiar las rutinas periodísticas: “No se cubren las balaceras en vivo, no se firma, se han acabado las exclusivas policiales y sacar las cámaras es una operación de riesgo. Tratamos de no crear escándalo con la violencia, parte de la saña de los criminales es su mensaje y no queremos ser sus voceros”.
LA SOCIEDAD
Ciudad fantasma
“No hay toque de queda, pero a partir de las nueve de la noche, Torreón es una ciudad fantasma”, afirma el profesor Roberto López Franco, exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, alarmado por la descomposición del tejido social. “Nuestra juventud está siendo aniquilada por la pobreza, la droga y las armas”, añade.
La sensación de abandono ha dado nuevo impulso a la vieja aspiración de que la Comarca Lagunera sea algún día un Estado. Un movimiento de opinión que seduce a sus élites. Torreón y Gómez Palacio son motores económicos de sus Estados, pero no se sienten representadas en sus capitales políticas. “Me encantaría que fuésemos un Estado propio”, afirma Armando Carlos R., director general de Fomento Económico de Coahuila. “El centralismo estatal y el encono político entre los partidos nos perjudica”. El empresario asegura que la violencia no ha cerrado ninguna empresa, aunque sí reconoce que ha frenado la inversión.
El presidente Peña Nieto estuvo esta semana en el Estado de Durango y prometió resultados a medio plazo, pero el tiempo corre en contra.
Rafael Mora Garza, director del Centro de Integración Juvenil de Torreón, dedicado al tratamiento de adicciones, da un dato. De sus 527 nuevos pacientes en 2012, el 40% ingresó por inhalar pegamento, disolventes o aerosol para grafitis, que se vende por 20 pesos (poco más de un euro). “Antes”, asegura Mora Garza, “eran chavos de clase baja ahora son de clase media, hijos de profesionales”. Elixires del olvido que quitan el hambre, tal vez también el miedo.
