Nuevo revés judicial al Gobierno de Cristina Fernández en su pulso con Clarín
El máximo tribunal argentino rechaza el recurso del Ejecutivo contra la prórroga concedida al grupo mediático para desinvertir
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
En apenas cuatro días el Gobierno de Argentina ha sufrido su segunda derrota jurídica dentro de la batalla que libra contra el Grupo Clarín. El jueves pasado la Cámara de lo Civil y Comercial dictó una medida cautelar, una concesión de tiempo extra, que le permitió a Clarín aplazar la exigencia de desprenderse de algunos de sus negocios audiovisuales, tal como le exige la Ley de Medios. El Gobierno recurrió al día siguiente a una figura jurídica conocida como per saltum que le permite saltarse una instancia judicial para apelar ante la Corte Suprema. Con el per saltum en la mano el Ejecutivo de Cristina Fernández llamó a las puertas de la Corte para que los siete jueces del máximo tribunal invalidaran la prórroga concedida a Clarín. Y este lunes por la tarde, después de dos reuniones, los siete jueces dictaron por unanimidad un fallo en el que se declara improcedente el per saltum. De momento, el pulso que libra Fernández contra el mayor grupo mediático del país lo gana Clarín por dos a cero. O por dos a uno si se tiene en cuenta que Clarín intentó el viernes que la Corte rechazara el recurso del Gobierno sin estudiarlo y la Corte le denegó su reclamo. Pero aún queda mucho partido por delante.
La razón del rechazo estaba cantada, la habían previsto todo tipo de juristas: “Que el presente recurso no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia, al no adecuarse al recaudo exigido por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia”, reza el fallo. El per saltum permite saltarse una instancia en cuestiones de “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria”. Pero entre la Cámara de lo Civil y la Corte Suprema no hay instancia que saltar. Eso, probablemente, lo sabían los juristas del Gobierno. A pesar de eso, probaron suerte.
A pesar de que la organización más representativa de los jueces argentinos pidió el jueves al Gobierno que respetara la división de poderes, Cristina Fernández criticó el domingo a la justicia en un discurso televisado de forma obligatoria en todos los canales de radio y televisión. Fernández sabía que la Corte Suprema estaba a punto de tomar una decisión vital en su partida contra Clarín. Y en ese contexto pidió “independencia y respeto a la voluntad popular, a la voluntad del Parlamento”. “Porque si no se tiene respeto a la voluntad del Parlamento donde está representada la esencia de la democracia, en esa Cámara de Diputados donde se representa al pueblo, en esa Cámara de Senadores donde están representadas las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no se respetan las leyes que legalmente emanan de allí, de qué democracia estamos hablando”, señaló.
Ahora, al Gobierno le quedan muchas opciones y frentes abiertos. De entrada, puede apelar a un recurso extraordinario ante la misma Cámara de lo Civil. Eso es lo que cuatro jueces del tribunal -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni- indicaron que el Gobierno debería haber hecho. Eso era lo que legalmente procedía. Otros tres jueces -Carlos Fayt, Carmen Argibay y Enrique Petracchi- desestimaron directamente el recurso sin ni siquiera estudiarlo. Una vez que el Gobierno presente el recurso, la Cámara puede aprobárselo y entonces, el reclamo llegaría de nuevo a la Corte Suprema, esta vez, entrando por la puerta correspondiente con todas las de la ley.
Mientras tanto, el juez de primera instancia Horacio Alfonso, que estudia si los artículos 145 y 161 de la Ley de Medios son inconstitucionales (tal como denunció Clarín hace tres años) deberá pronunciarse en las próximas semanas. Una vez que Alfonso dicte sentencia es muy probable que el Gobierno o Clarín recurran su fallo. Y la pelota terminará llegando de nuevo al tejado de la Corte Suprema. Serán los siete jueces del máximo tribunal quienes finalmente tengan que pronunciarse sobre la cuestión de fondo: la constitucionalidad de la ley. De momento, el partido no ha hecho más que empezar.
Buenos Aires, El País
En apenas cuatro días el Gobierno de Argentina ha sufrido su segunda derrota jurídica dentro de la batalla que libra contra el Grupo Clarín. El jueves pasado la Cámara de lo Civil y Comercial dictó una medida cautelar, una concesión de tiempo extra, que le permitió a Clarín aplazar la exigencia de desprenderse de algunos de sus negocios audiovisuales, tal como le exige la Ley de Medios. El Gobierno recurrió al día siguiente a una figura jurídica conocida como per saltum que le permite saltarse una instancia judicial para apelar ante la Corte Suprema. Con el per saltum en la mano el Ejecutivo de Cristina Fernández llamó a las puertas de la Corte para que los siete jueces del máximo tribunal invalidaran la prórroga concedida a Clarín. Y este lunes por la tarde, después de dos reuniones, los siete jueces dictaron por unanimidad un fallo en el que se declara improcedente el per saltum. De momento, el pulso que libra Fernández contra el mayor grupo mediático del país lo gana Clarín por dos a cero. O por dos a uno si se tiene en cuenta que Clarín intentó el viernes que la Corte rechazara el recurso del Gobierno sin estudiarlo y la Corte le denegó su reclamo. Pero aún queda mucho partido por delante.
La razón del rechazo estaba cantada, la habían previsto todo tipo de juristas: “Que el presente recurso no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia, al no adecuarse al recaudo exigido por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia”, reza el fallo. El per saltum permite saltarse una instancia en cuestiones de “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria”. Pero entre la Cámara de lo Civil y la Corte Suprema no hay instancia que saltar. Eso, probablemente, lo sabían los juristas del Gobierno. A pesar de eso, probaron suerte.
A pesar de que la organización más representativa de los jueces argentinos pidió el jueves al Gobierno que respetara la división de poderes, Cristina Fernández criticó el domingo a la justicia en un discurso televisado de forma obligatoria en todos los canales de radio y televisión. Fernández sabía que la Corte Suprema estaba a punto de tomar una decisión vital en su partida contra Clarín. Y en ese contexto pidió “independencia y respeto a la voluntad popular, a la voluntad del Parlamento”. “Porque si no se tiene respeto a la voluntad del Parlamento donde está representada la esencia de la democracia, en esa Cámara de Diputados donde se representa al pueblo, en esa Cámara de Senadores donde están representadas las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no se respetan las leyes que legalmente emanan de allí, de qué democracia estamos hablando”, señaló.
Ahora, al Gobierno le quedan muchas opciones y frentes abiertos. De entrada, puede apelar a un recurso extraordinario ante la misma Cámara de lo Civil. Eso es lo que cuatro jueces del tribunal -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni- indicaron que el Gobierno debería haber hecho. Eso era lo que legalmente procedía. Otros tres jueces -Carlos Fayt, Carmen Argibay y Enrique Petracchi- desestimaron directamente el recurso sin ni siquiera estudiarlo. Una vez que el Gobierno presente el recurso, la Cámara puede aprobárselo y entonces, el reclamo llegaría de nuevo a la Corte Suprema, esta vez, entrando por la puerta correspondiente con todas las de la ley.
Mientras tanto, el juez de primera instancia Horacio Alfonso, que estudia si los artículos 145 y 161 de la Ley de Medios son inconstitucionales (tal como denunció Clarín hace tres años) deberá pronunciarse en las próximas semanas. Una vez que Alfonso dicte sentencia es muy probable que el Gobierno o Clarín recurran su fallo. Y la pelota terminará llegando de nuevo al tejado de la Corte Suprema. Serán los siete jueces del máximo tribunal quienes finalmente tengan que pronunciarse sobre la cuestión de fondo: la constitucionalidad de la ley. De momento, el partido no ha hecho más que empezar.
