Las claves del caso Clarín
Los puntos esenciales de la compleja batalla judicial contra el grupo mediático
Francisco Peregil / Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
¿Qué es la Ley de Medios?
Oficialmente se denomina ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue promulgada en 2009 para remplazar la legislación que había impuesto la última dictadura de Argentina (1976-1983) sobre radio y televisión. Surgió a partir de la iniciativa de organizaciones sociales y fue tomada después como bandera por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en plena batalla contra el Grupo Clarín. La ley establece que deberá dividirse el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, entre otras). La norma también limita la cantidad de licencias de radio, televisión y servicios de TV de pago. Además, establece que las compañías extranjeras solo pueden poseer el 30% de cualquier medio audiovisual. También indica que el 60% de lo que se difunde por los canales de televisión en abierto debe ser producido en Argentina. El 30% de la música transmitida por radio también deberá ser local.
¿Por qué algunos defensores de la Ley de Medios han criticado la forma en que el Gobierno la está aplicando?
El Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda la habían apoyado. Pero critican que no se han concedido suficientes licencias a organizaciones sociales. También critican que no se trate con la misma vara a Clarín que a sus competidores, como Telefónica y empresarios argentinos amigos del Gobierno.
¿Cómo es de grande el grupo Clarín?
Es el principal grupo de comunicación de Argentina. Posee el diario de mayor circulación y otros cinco periódicos. Es dueño del segundo canal de TV abierta en audiencia de Buenos Aires, El Trece. Y en las provincias cuenta con ocho más. Dispone del servicio de televisión de pago más grande de Argentina y de nueve señales de TV por cable. Es propietario de Mitre, la segunda emisora de Onda Media más escuchada de Buenos Aires; cuenta con otras dos en provincias y dos emisoras de FM. También es el accionista mayoritario de la fábrica Papel Prensa, compañía que vende el papel con el que se imprimen el resto de los periódicos. El grupo Clarín compró Papel Prensa tras llegar a un acuerdo con la última dictadura militar de Argentina (1976-1983).
¿Es el único medio crítico en Argentina?
Hay otros periódicos como La Nación y el económico El Cronista que también se muestran muy críticos con el Gobierno. También hay que tener en cuenta alguna que otra emisora de radio como Continental, perteneciente al grupo Prisa. En el panorama televisivo también hay algún canal, aparte de los de Clarín, donde se pueden encontrar voces críticas contra el Gobierno. Pero la inmensa mayoría mantienen una línea editorial afín al Gobierno. Telefé, el canal perteneciente a Telefónica, es el primero en audiencia, pero basa casi toda su programación en el entretenimiento. Sus informativos distan mucho de considerarse una molestia para el Gobierno.
¿Por qué se enfrentaron el Gobierno y Clarín?
Nunca quedó del todo claro. Lo que sí es cierto es que la ruptura se produjo a partir de 2008, con la llamada guerra del campo. Clarín, que había mantenido una estrecha relación con la dictadura, supo conseguir licencias para ampliar sus negocios durante los Gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y el kirchnerismo (desde 2003). Pero en los tres casos acabó distanciándose de las autoridades de turno. Fuentes vinculadas a Clarín reconocen que en 2008 el expresidente Néstor Kirchner pidió al consejero delegado del grupo, Héctor Magnetto, que lo apoyara en su cruzada contra los colectivos agrarios, pero éste se puso del lado de estos últimos. El periódico Clarín tiene un suplemento semanal sobre agricultura y organiza cada año la feria más importante de este sector clave en la economía argentina. Las fuentes citadas también admiten que al mismo tiempo Magnetto le pidió a Kirchner que le facilitara la compra de Telecom Argentina (propiedad de Telecom Italia), pero éste se negó. Otras fuentes, ajenas a Clarín, señalan que hubo desavenencias de orden económico entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto.
¿Qué otros grupos deberán desinvertir?
Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de 330 licencias de televisión, radio y servicios de TV de pago. Unas 150 o 200 pertenecen a Clarín. Entre los otros 20 grupos figuran Telefónica, la norteamericana DirectTV, el empresario Cristóbal López (de histórica relación con los Kirchner). Prisa (editora de EL PAÍS), presentó un plan que contempla la transferencia de varias licencias de radio de provincias, a cambio de consolidar su posición en la cadena Continental en Buenos Aires.
¿Qué se supone que debería haber sucedido el 7-D?
Ese día vencía el plazo que la Corte Suprema había otorgado a Clarín para realizar las desinversiones exigidas por los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Pero los jueces de la Cámara Civil y Comercial de Argentina Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta ordenaron una prórroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos denunciados por Clarín.
¿Quién debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dos artículos de la Ley de Medios?
En Argentina, igual que en Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica, cualquier juez federal puede decretar la constitucionalidad o no de una norma. Por tanto, ahora es el juez de primera instancia Horacio Alfonso quien debe determinar si son constitucionales los dos artículos de la ley de medios que obligan a los 21 grupos a desinvertir. Si alguna de las partes recurriesen su sentencia, sería la Cámara quien debería pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. Y, finalmente, la Corte Suprema.
¿Qué va a ocurrir ahora?
La Corte Suprema ha ordenado al juez Horacio Alfonso que trabaje incluso en fines de semana y festivos para determinar lo antes posible si los dos artículos en litigio son constitucionales. Mientras tanto, la batalla jurídica continúa en otro frente. Tras conocer el dictamen de la Cámara emitido el jueves seis de diciembre, el Gobierno presentó al día siguiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revocar la extensión de la medida cautelar. La Corte tiene que decidir primero si admite o no el recurso del Gobierno. En caso de que lo admita, deberá estudiar si mantiene o anula la extensión de la medida cautelar dictada por la Cámara.
Francisco Peregil / Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
¿Qué es la Ley de Medios?
Oficialmente se denomina ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue promulgada en 2009 para remplazar la legislación que había impuesto la última dictadura de Argentina (1976-1983) sobre radio y televisión. Surgió a partir de la iniciativa de organizaciones sociales y fue tomada después como bandera por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en plena batalla contra el Grupo Clarín. La ley establece que deberá dividirse el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, entre otras). La norma también limita la cantidad de licencias de radio, televisión y servicios de TV de pago. Además, establece que las compañías extranjeras solo pueden poseer el 30% de cualquier medio audiovisual. También indica que el 60% de lo que se difunde por los canales de televisión en abierto debe ser producido en Argentina. El 30% de la música transmitida por radio también deberá ser local.
¿Por qué algunos defensores de la Ley de Medios han criticado la forma en que el Gobierno la está aplicando?
El Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda la habían apoyado. Pero critican que no se han concedido suficientes licencias a organizaciones sociales. También critican que no se trate con la misma vara a Clarín que a sus competidores, como Telefónica y empresarios argentinos amigos del Gobierno.
¿Cómo es de grande el grupo Clarín?
Es el principal grupo de comunicación de Argentina. Posee el diario de mayor circulación y otros cinco periódicos. Es dueño del segundo canal de TV abierta en audiencia de Buenos Aires, El Trece. Y en las provincias cuenta con ocho más. Dispone del servicio de televisión de pago más grande de Argentina y de nueve señales de TV por cable. Es propietario de Mitre, la segunda emisora de Onda Media más escuchada de Buenos Aires; cuenta con otras dos en provincias y dos emisoras de FM. También es el accionista mayoritario de la fábrica Papel Prensa, compañía que vende el papel con el que se imprimen el resto de los periódicos. El grupo Clarín compró Papel Prensa tras llegar a un acuerdo con la última dictadura militar de Argentina (1976-1983).
¿Es el único medio crítico en Argentina?
Hay otros periódicos como La Nación y el económico El Cronista que también se muestran muy críticos con el Gobierno. También hay que tener en cuenta alguna que otra emisora de radio como Continental, perteneciente al grupo Prisa. En el panorama televisivo también hay algún canal, aparte de los de Clarín, donde se pueden encontrar voces críticas contra el Gobierno. Pero la inmensa mayoría mantienen una línea editorial afín al Gobierno. Telefé, el canal perteneciente a Telefónica, es el primero en audiencia, pero basa casi toda su programación en el entretenimiento. Sus informativos distan mucho de considerarse una molestia para el Gobierno.
¿Por qué se enfrentaron el Gobierno y Clarín?
Nunca quedó del todo claro. Lo que sí es cierto es que la ruptura se produjo a partir de 2008, con la llamada guerra del campo. Clarín, que había mantenido una estrecha relación con la dictadura, supo conseguir licencias para ampliar sus negocios durante los Gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y el kirchnerismo (desde 2003). Pero en los tres casos acabó distanciándose de las autoridades de turno. Fuentes vinculadas a Clarín reconocen que en 2008 el expresidente Néstor Kirchner pidió al consejero delegado del grupo, Héctor Magnetto, que lo apoyara en su cruzada contra los colectivos agrarios, pero éste se puso del lado de estos últimos. El periódico Clarín tiene un suplemento semanal sobre agricultura y organiza cada año la feria más importante de este sector clave en la economía argentina. Las fuentes citadas también admiten que al mismo tiempo Magnetto le pidió a Kirchner que le facilitara la compra de Telecom Argentina (propiedad de Telecom Italia), pero éste se negó. Otras fuentes, ajenas a Clarín, señalan que hubo desavenencias de orden económico entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto.
¿Qué otros grupos deberán desinvertir?
Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de 330 licencias de televisión, radio y servicios de TV de pago. Unas 150 o 200 pertenecen a Clarín. Entre los otros 20 grupos figuran Telefónica, la norteamericana DirectTV, el empresario Cristóbal López (de histórica relación con los Kirchner). Prisa (editora de EL PAÍS), presentó un plan que contempla la transferencia de varias licencias de radio de provincias, a cambio de consolidar su posición en la cadena Continental en Buenos Aires.
¿Qué se supone que debería haber sucedido el 7-D?
Ese día vencía el plazo que la Corte Suprema había otorgado a Clarín para realizar las desinversiones exigidas por los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Pero los jueces de la Cámara Civil y Comercial de Argentina Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta ordenaron una prórroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos denunciados por Clarín.
¿Quién debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dos artículos de la Ley de Medios?
En Argentina, igual que en Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica, cualquier juez federal puede decretar la constitucionalidad o no de una norma. Por tanto, ahora es el juez de primera instancia Horacio Alfonso quien debe determinar si son constitucionales los dos artículos de la ley de medios que obligan a los 21 grupos a desinvertir. Si alguna de las partes recurriesen su sentencia, sería la Cámara quien debería pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. Y, finalmente, la Corte Suprema.
¿Qué va a ocurrir ahora?
La Corte Suprema ha ordenado al juez Horacio Alfonso que trabaje incluso en fines de semana y festivos para determinar lo antes posible si los dos artículos en litigio son constitucionales. Mientras tanto, la batalla jurídica continúa en otro frente. Tras conocer el dictamen de la Cámara emitido el jueves seis de diciembre, el Gobierno presentó al día siguiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revocar la extensión de la medida cautelar. La Corte tiene que decidir primero si admite o no el recurso del Gobierno. En caso de que lo admita, deberá estudiar si mantiene o anula la extensión de la medida cautelar dictada por la Cámara.
