Israel no entregará los fondos que recauda a nombre de la AP en cuatro meses
El ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, ha subrayado este martes que "los palestinos no verán ni un céntimo" de los impuestos que Tel Aviv recauda a nombre de la Autoridad Palestina durante un periodo de al menos cuatro meses, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
Lieberman ha hecho así referencia a la decisión tomada en noviembre por las autoridades israelíes de confiscar una mensualidad entera de los salarios de los funcionarios palestinos --una cantidad estimada de 92,7 millones de euros--, medida anunciada apenas unos días después del reconocimiento de Palestina como estado no miembro observador de Naciones Unidas.
El dinero será empleado en su lugar para saldar la deuda que la Autoridad Palestina mantiene con la empresa estatal de energía de israelí, la Israel Electric Corporation, según informó el ministro de Economía israelí, Yuval Steinitz.
Así, Lieberman ha recalcado que Israel no está congelando la transferencia de los fondos, sino cobrando las deudas de la Autoridad Palestina. "Nos deben 1.600 millones de shekels (aproximadamente 324 millones de euros). En los próximos cuatro meses, dejaremos la deuda a cero, y tras eso decidiremos si renovamos la transferencias de fondos o no", ha recalcado.
En virtud del protocolo de París de 1994, Israel suele ejercer funciones de recaudación de impuestos para el Gobierno palestino, obteniendo cantidades aproximadas de unos 80 millones de euros mensuales que envía posteriormente a la Autoridad Palestina.
Sin embargo, antes de la aprobación del nuevo estatus de Palestina, Steinitz, avanzó sus intenciones de congelar este envío como medida de presión para impedir que el presidente palestino, Mahmud Abbas, llevara a buen término su iniciativa ante la Asamblea General de la ONU.
En 2011, el Gobierno israelí congeló la transferencia de 77 millones de euros en concepto de impuestos en respuesta a una iniciativa palestina para garantizar su reconocimiento como estado independiente, y tras la entrada de Palestina en la UNESCO. El Gobierno israelí liberó los fondos en noviembre de ese año aunque los palestinos declararon que su economía había quedado gravemente dañada durante la paralización del dinero.
FRANJA DE GAZA
Por otra parte, Lieberman ha advertido que "en caso de que se produzca otro ataque con cohetes desde Gaza, Israel lanzará una operación terrestre" contra el enclave.
"No será como la 'Operación Plomo Fundido' --implementada entre diciembre de 2008 y enero de 2009 y que se saldó con 1.400 palestinos y catorce israelíes muertos--, que fue una operación terrestre limitada. En este caso tomaríamos totalmente la Franja y pagarían el precio. El mundo no debe pedir a Israel que muestre moderación", ha añadido.
Asimismo, ha reiterado sus críticas a la Unión Europea (UE) por su declaración contra la construcción de asentamientos en los territorios ocupados, una postura que ha tildado de "desequilibrada e injustificada". "Desde el punto de vista de algunos ministros de Exteriores europeos, la destrucción de Israel es aparentemente algo que hay que dar por asegurado. No quiero dar nombres", ha apostillado.
Los Veintisiete advirtieron a Israel de que si lleva a cabo sus planes de expansión en la zona E-1 "socavaría seriamente las perspectivas de una resolución negociada" al conflicto al "obstaculizar la posibilidad de un Estado palestino contiguo y viable y con Jerusalén como capital de los dos Estados" y además "podrían conllevar la transferencia forzosa de la población civil".
Asimismo, dejaron claro que la UE "no reconocerá ningún cambio a las fronteras previas a 1967, incluido respecto a Jerusalén" salvo "aquellos acordados por las partes".
La comunidad internacional considera que todos los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales en base al Derecho Internacional, pero el Ejecutivo israelí distingue entre las colonias que han recibido una autorización oficial y las que no.
Asimismo, el traslado de población de un Estado ocupante a un territorio ocupado es considerado como un crimen de guerra por las Convenciones de Ginebra.
