Gobierno descalifica el informe defensorial, asegura que es político
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, descalificó hoy el informe anual del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre el ejercicio de los derechos humanos en Bolivia y aseguró que es un documento sesgado y político.
Según esta cartera de Estado, el informe “está contaminado por un sesgo político que afecta su objetividad y se contradice a sí mismo porque reconoce los avances del Estado Plurinacional de Bolivia en la incorporación, promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos, pero denuncia una supuesta violación de esas prerrogativas constitucionales”.
Policía
El Defensor identificó a la Policía Boliviana como la institución que viola con más incidencia los derechos humanos, pero según el Ministro de Gobierno, “intencionadamente” habría omitido que en relación al propio informe defensorial del año pasado, la institución del orden registró una disminución de casi el 50 por ciento de denuncias.
Sin embargo, el Ministerio de Gobierno recordó que en 2011, el Defensor del Pueblo registró 1.084 denuncias contra la Policía Boliviana; este año esa cifra se redujo a 580. “Pero en una muestra clara de su intencionalidad política, el Defensor del Pueblo Rolando Villena tergiversó este avance en la defensa de los derechos humanos por la parte de la Policía”.
Muertes
La crítica del Ministerio, en relación a la página 14 del informe defensorial sobre “muertes no esclarecidas”, indica que el informe político del Defensor del Pueblo atribuye a la responsabilidad del Estado los fallecimientos de personas durante conflictos entre sectores sociales.
“Un ejemplo paradigmático de este uso de la muerte con intenciones políticas es la mención del lamentable deceso del compañero minero Héctor Choque Gutierrez a causa de la explosión de una carga de dinamita durante el enfrentamiento entre los mineros cooperativistas y asalariados por el yacimiento de Colquiri”, señala un comunicado público del Ministerio de Gobierno.
Cárceles
En la página 75 del informe del Defensor del Pueblo refiere que “la vulneración de derechos humanos tiene una mayor incidencia y se evidencia con niveles alarmantes en algunos espacios como los centros penitenciarios donde, además de la privación de libertad, las personas allí destinadas sufren de altos grados de discriminación y racismo, violencia física y sicológica, carencias materiales y extorsión permanente”.
Esta afirmación defensorial, fue tildada de interesada y de ignorar que el Gobierno ejecutó las mejoras carcelarias del país, haciendo la más alta inversión desde 1984, con la construcción de recintos y mejoras de infraestructura en Yacuiba, Montero y Palmasola en Santa Cruz y la aprobación de un Reglamento de Cárceles inédito en nuestra historia.
Indígenas
También el Ministerio de Gobierno cree que el Defensor, al usar los calificativos de “unilateral”, “autoritaria” y “colonialista”, soslaya la participación democrática y consciente de las 58 de las 69 comunidades del TIPNIS que participaron de la consulta realizada por el Gobierno.
“El Defensor del Pueblo puede albergar su posición política de oposición al Gobierno Nacional y coincidencia con el Movimiento Sin Miedo pero no a costa de un evento tan trascendente como fue el ejercicio de los pueblos indígenas de su derecho a ser consultados por el Estado”, señala el comunicado.
Red de extorsión
El Ministerio de Gobierno consideró que el Defensor, al declarar públicamente que la denuncia e investigación de la red de extorsión y corrupción por parte del Ministerio de Gobierno afecta la “credibilidad” del Órgano Ejecutivo, nuevamente incurre en el subjetivismo para argumentar sus posturas políticas.
El inciso 11 de la página 76 del cuestionado informe dice que “la crisis en instituciones como la Policía Boliviana, el Ministerio Público e incluso ciertas áreas del Ministerio de Gobierno, así como la ausencia de sistemas y la ineficiencia de las entidades encargadas del control y seguimiento a la transparencia de las instituciones públicas, son causa directa de la vulneración sistemática y sostenida de derechos humanos, lo que, en el caso denominado ‘redes de extorsión’, habría posibilitado la organización de un grupo criminal que con sus acciones ocasionaba gravísimas vulneraciones desde las mismas instalaciones citadas”.
Esta afirmación, de acuerdo a la apreciación del Ministerio de Gobierno, ignora que la decisión de denunciar, desmantelar y procesar a los integrantes de la red de corrupción y extorsión fue asumida por el presidente Evo Morales y ejecutada por esta cartera de Estado.
“Son estos algunos de los muchos ejemplos de manipulación política del informe en cuestión que nos impulsan a exhortar al actual representante del Defensor del Pueblo, al Señor Rolando Villena, a reasumir la independencia institucional en beneficio de los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas”, puntualiza la protesta del Ministerio de Gobierno.
