Evo reincide
El Gobierno de Bolivia incauta cuatro filiales de Iberdrola para satisfacer a los votantes cocaleros
El País
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha vuelto a expropiar activos de empresas españolas, sin previo aviso y con argumentos que poco o nada tienen que ver con la racionalidad económica. En mayo, el Gobierno boliviano se apropió de la firma Transportadora de Electricidad, con capital de Red Eléctrica; en esta ocasión, ha expropiado cuatro filiales de Iberdrola en el país, dos de las cuales son distribuidoras de electricidad en La Paz y Oruro, más una empresa de servicios y una gestora de inversiones. El daño económico para Iberdrola es pequeño, pero sea cual sea el valor de las filiales el Gobierno expropiador está obligado a pagar un justiprecio por ellos.
Y eso es precisamente los que debe preocupar más a la empresa española y al Gobierno, porque a pesar de que el vicepresidente García Linera prometió “una remuneración justa”, la experiencia demuestra que en estos casos o no se suele pagar, para lo cual se recurre al truco de prolongar el cálculo del justiprecio que realizan supuestas empresas independientes y enfangar los recursos ante los tribunales internacionales, o se hace tarde y mal. Red Eléctrica todavía no ha recibido la “remuneración justa” por su filial boliviana.
Por tanto, estamos ante una operación que, como el resto de nacionalizaciones y expropiaciones acaecidas en Bolivia —y en Argentina, recuérdese el caso YPF—, es una incautación próxima al expolio. Con excusas extravagantes, el Gobierno de Morales está cumpliendo su objetivo de nacionalizar la cadena de producción energética por encima de las normas internacionales que regulan los casos de expropiación. La excusa para incautarse las filiales de Iberdrola es que el precio de la electricidad en zonas rurales era más elevado que en las ciudades. Los expropiadores de Morales no se preguntan si existe alguna razón para esa divergencia; simplemente se apropia de las empresas y se dispone a subvencionar la diferencia de precios.
El Gobierno boliviano expropia por convicción ideológica, por la presión de sus votantes cocaleros (los que supuestamente sufren la carestía eléctrica) y porque la mala gestión de la política energética causa problemas crecientes que solo pueden resolverse con nuevas expropiaciones. De nuevo como en Argentina. Morales estuvo en España recientemente auspiciando acuerdos de colaboración entre ambos países. Las expropiaciones continuadas de bienes españoles no es la mejor manera de poner la rúbrica a esos acuerdos. (Editoral de El País)
El País
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha vuelto a expropiar activos de empresas españolas, sin previo aviso y con argumentos que poco o nada tienen que ver con la racionalidad económica. En mayo, el Gobierno boliviano se apropió de la firma Transportadora de Electricidad, con capital de Red Eléctrica; en esta ocasión, ha expropiado cuatro filiales de Iberdrola en el país, dos de las cuales son distribuidoras de electricidad en La Paz y Oruro, más una empresa de servicios y una gestora de inversiones. El daño económico para Iberdrola es pequeño, pero sea cual sea el valor de las filiales el Gobierno expropiador está obligado a pagar un justiprecio por ellos.
Y eso es precisamente los que debe preocupar más a la empresa española y al Gobierno, porque a pesar de que el vicepresidente García Linera prometió “una remuneración justa”, la experiencia demuestra que en estos casos o no se suele pagar, para lo cual se recurre al truco de prolongar el cálculo del justiprecio que realizan supuestas empresas independientes y enfangar los recursos ante los tribunales internacionales, o se hace tarde y mal. Red Eléctrica todavía no ha recibido la “remuneración justa” por su filial boliviana.
Por tanto, estamos ante una operación que, como el resto de nacionalizaciones y expropiaciones acaecidas en Bolivia —y en Argentina, recuérdese el caso YPF—, es una incautación próxima al expolio. Con excusas extravagantes, el Gobierno de Morales está cumpliendo su objetivo de nacionalizar la cadena de producción energética por encima de las normas internacionales que regulan los casos de expropiación. La excusa para incautarse las filiales de Iberdrola es que el precio de la electricidad en zonas rurales era más elevado que en las ciudades. Los expropiadores de Morales no se preguntan si existe alguna razón para esa divergencia; simplemente se apropia de las empresas y se dispone a subvencionar la diferencia de precios.
El Gobierno boliviano expropia por convicción ideológica, por la presión de sus votantes cocaleros (los que supuestamente sufren la carestía eléctrica) y porque la mala gestión de la política energética causa problemas crecientes que solo pueden resolverse con nuevas expropiaciones. De nuevo como en Argentina. Morales estuvo en España recientemente auspiciando acuerdos de colaboración entre ambos países. Las expropiaciones continuadas de bienes españoles no es la mejor manera de poner la rúbrica a esos acuerdos. (Editoral de El País)
