El ‘caso Clarín’ provoca tensiones inéditas entre la justicia y el Gobierno argentino
Varios altos cargos cargan contra los jueces que ampliaron el plazo para que el grupo mediático inicie sus desinversiones
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
Dos jueces de la Cámara Civil y Comercial de Argentina impidieron el jueves el desembarco del Gobierno en los negocios audiovisuales del grupo Clarín. El 7-D, que fue el épico nombre con que el Gobierno había bautizado a la jornada del 7 de diciembre, nunca llegó. La Ley de Medios promulgada en 2009 obliga a decenas de grupos a desinvertir. Clarín denunció ese mismo año ante un juez de primera instancia la inconstitucionalidad de dos artículos de la norma. El grupo consiguió que un tribunal le otorgase una medida cautelar, un tiempo extra, para desinvertir, mientras se estudiaba la constitucionalidad de los dos artículos, pero la Corte Suprema había determinado que la medida cautelar expiraba el 7 de diciembre.
El Gobierno llevaba noventa días explicando en discursos, declaraciones y anuncios de televisión que ésa era la fecha límite para que Clarín desinvirtiera en sus negocios audiovisuales. Y si antes de esa fecha no desinvertía, el Ejecutivo sacaría a concurso algunas de sus licencias televisivas. El ministro de Justicia, Julio Alak, declaró el miércoles que si la Cámara pretendía extender más allá del 7 de diciembre la medida cautelar, eso supondría “un alzamiento contra una ley de la nación y generaría un conflicto de poderes”. Pero el jueves, los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta ordenaron una prórroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos denunciados por Clarín.
Horas antes de que se conociera el fallo de la Cámara, la Comisión de Independencia Judicial emitió un comunicado sin precedentes en las relaciones institucionales de Argentina. Este órgano, que integra a la mayoría de los jueces federales del país, exigió al Gobierno de Cristina Fernández que respete la división de poderes, que cesen las presiones “directas o indirectas” y evite el “agravio personal o familiar”. Pero el comunicado no impidió que al día siguiente el Gobierno cargara en tromba contra los jueces. “Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”, declaró ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. "Acá hay una mafia que se llama [Héctor] Magnetto [consejero delegado de Clarín] y su grupo Clarín que no duda en apretar políticos, jueces y empresarios a través de su diario", señaló el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou. Y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) indicó a través de un comunicado que la medida “constituye un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la Justicia".
Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista y senador de la opositora Unión Cívica Radical, alabó ayer la decisión de los dos jueces. “Han tenido mucha valentía, porque la presión ha sido inaudita. Nunca habíamos visto en democracia una presión de esta naturaleza. A los jueces los han amenazado, los han recusado, les han dicho que les iban a hacer juicio político… Y han respondido defendiendo su independencia”.
El pasado octubre, el juez Raúl Tettamanti, que debía pronunciarse sobre la demanda de Clarín contra la Ley de Medios, renunció a su cargo alegando que había sufrido "violencia moral y un grado de intranquilidad personal y familiar". Después, trascendió en la prensa que desde el Gobierno se le había hecho llegar al juez el mensaje de que su hermano, el vicealmirante Rodolfo Oscar Tettamanti, exjefe de Infantería de Marina, podría ser juzgado por delitos de lesa humanidad. A mediados de octubre, el Gobierno recusó también a Roberto Torti, sustituto de Tettamanti. Y finalmente, el 5 de diciembre el Ejecutivo recusó a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal. Pero la recusación no fue aceptada.
Buenos Aires, El País
Dos jueces de la Cámara Civil y Comercial de Argentina impidieron el jueves el desembarco del Gobierno en los negocios audiovisuales del grupo Clarín. El 7-D, que fue el épico nombre con que el Gobierno había bautizado a la jornada del 7 de diciembre, nunca llegó. La Ley de Medios promulgada en 2009 obliga a decenas de grupos a desinvertir. Clarín denunció ese mismo año ante un juez de primera instancia la inconstitucionalidad de dos artículos de la norma. El grupo consiguió que un tribunal le otorgase una medida cautelar, un tiempo extra, para desinvertir, mientras se estudiaba la constitucionalidad de los dos artículos, pero la Corte Suprema había determinado que la medida cautelar expiraba el 7 de diciembre.
El Gobierno llevaba noventa días explicando en discursos, declaraciones y anuncios de televisión que ésa era la fecha límite para que Clarín desinvirtiera en sus negocios audiovisuales. Y si antes de esa fecha no desinvertía, el Ejecutivo sacaría a concurso algunas de sus licencias televisivas. El ministro de Justicia, Julio Alak, declaró el miércoles que si la Cámara pretendía extender más allá del 7 de diciembre la medida cautelar, eso supondría “un alzamiento contra una ley de la nación y generaría un conflicto de poderes”. Pero el jueves, los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta ordenaron una prórroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos denunciados por Clarín.
Horas antes de que se conociera el fallo de la Cámara, la Comisión de Independencia Judicial emitió un comunicado sin precedentes en las relaciones institucionales de Argentina. Este órgano, que integra a la mayoría de los jueces federales del país, exigió al Gobierno de Cristina Fernández que respete la división de poderes, que cesen las presiones “directas o indirectas” y evite el “agravio personal o familiar”. Pero el comunicado no impidió que al día siguiente el Gobierno cargara en tromba contra los jueces. “Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”, declaró ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. "Acá hay una mafia que se llama [Héctor] Magnetto [consejero delegado de Clarín] y su grupo Clarín que no duda en apretar políticos, jueces y empresarios a través de su diario", señaló el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou. Y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) indicó a través de un comunicado que la medida “constituye un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la Justicia".
Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista y senador de la opositora Unión Cívica Radical, alabó ayer la decisión de los dos jueces. “Han tenido mucha valentía, porque la presión ha sido inaudita. Nunca habíamos visto en democracia una presión de esta naturaleza. A los jueces los han amenazado, los han recusado, les han dicho que les iban a hacer juicio político… Y han respondido defendiendo su independencia”.
El pasado octubre, el juez Raúl Tettamanti, que debía pronunciarse sobre la demanda de Clarín contra la Ley de Medios, renunció a su cargo alegando que había sufrido "violencia moral y un grado de intranquilidad personal y familiar". Después, trascendió en la prensa que desde el Gobierno se le había hecho llegar al juez el mensaje de que su hermano, el vicealmirante Rodolfo Oscar Tettamanti, exjefe de Infantería de Marina, podría ser juzgado por delitos de lesa humanidad. A mediados de octubre, el Gobierno recusó también a Roberto Torti, sustituto de Tettamanti. Y finalmente, el 5 de diciembre el Ejecutivo recusó a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal. Pero la recusación no fue aceptada.
