Cristina Fernández libra un combate en todos los frentes
Dos artículos de la polémica Ley de Medios, que debía entrar en vigor a medianoche de este viernes, se aplicarán cuando haya "sentencia definitiva"
Las medidas anunciadas contra el grupo culminan un año de intervenciones de Cristina Fernández
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
Un tribunal de apelaciones de Buenos Aires ha decidido este jueves prorrogar las medidas cautelares pedidas por el grupo periodístico Clarín para evitar la entrada completa en vigor de la polémica Ley de Medios impulsada por la presidenta Cristina Fernández. El plazo inicial terminaba a medianoche de este viernes, pero la Cámara Civil y Comercial Federal resolvió que los dos artículos sobre los que gira el conflicto no entren en vigor “hasta que haya una sentencia definitiva”. Poco antes los abogados del Gobierno habían recusado, sin éxito, al tribunal.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, ya ha anunciado que el Gobierno recurrirá al Supremo para que revise el fallo. "Se pedirá la intervención de la Corte para que revea este acto que lesiona la democracia", aseguró.
Hace justo tres meses, el pasado 7 de septiembre, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró en un discurso que el grupo Clarín, al que llamó “la cadena nacional del desánimo y el temor y también la cadena ilegal”, tenía “fecha de vencimiento”. La fecha era hoy, 7 de diciembre, aunque días después anunció que podría trasladarse al lunes próximo. Ese era el plazo exigido a Clarín para desinvertir en sus negocios audiovisuales. Inmediatamente Fernández aclaró: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga, es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la Afsca [Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual]”.
Entre las compañías que llegaron a un acuerdo se encuentra PRISA, editora de EL PAÍS y propietaria de la emisora argentina Radio Continental. PRISA presentó un plan que contempla la transferencia de varias licencias en el interior del país, a cambio de consolidar su posición en Buenos Aires. Pero Fernández tenía muy claro que su principal enemigo es Clarín. Y advirtió: “Creo que de aquí al 7 de diciembre, vamos a tener que prepararnos para cosas muy estrambóticas. Yo estoy preparada”.
En realidad Fernández demostró estar muy preparada para los combates a largo plazo desde el primer día en que asumió su segundo mandato. Ya desde marzo el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, se vio acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Fernández no solo no lo apartó del cargo sino que permitió que Boudou provocara la renuncia del procurador general y del juez y el fiscal que investigaban su caso. Después de eso, Fernández permitió que su Gobierno propusiera como fiscal a Daniel Reposo, un abogado sin la suficiente preparación para el cargo, que además había tuiteado mensajes de apoyo al vicepresidente investigado por corrupción. El caso era tan flagrante que Fernández tuvo que aceptar la renuncia de Reposo antes de que el Senado rechazara su nombramiento.
En abril, la presidenta anunció la expropiación a Repsol del 51% de las acciones de YPF. La decisión supuso uno de los mayores desencuentros con España en 200 años de historia. Pero Fernández sabía que contaba con el respaldo de más del 60% de los ciudadanos y el apoyo de casi toda la oposición. Al poco tiempo aprobó el decreto 1.277 de Soberanía Hidrocarburífera, por el que se aumentaba la intervención del Gobierno sobre el sistema de precios de las compañías energéticas. Eso ya hizo levantar la suspicacia de otros inversores que no eran Repsol.
Mientras tanto, su Gobierno aprobó numerosas medidas para restringir la compra de divisas. Cientos de miles de personas de la clase media argentina están acostumbradas a ahorrar en dólares, ya que temen que la inflación devalúe sus pesos en cuestión de semanas. Aquellas medidas fomentaron los primeros cacerolazos en junio contra la política del Gobierno. Pero Fernández, lejos de achicarse, permitió que desde el Gobierno comenzasen a efectuar declaraciones sobre la posibilidad de reformar la Constitución para conseguir que la presidenta pudiese optar a un tercer mandato. Los cacerolazos volvieron a arreciar en septiembre. Y el 8 de noviembre salieron más de un millón de personas a las calles de las principales ciudades.
Ahora, cuando llega el turno de enfrentarse al mayor grupo mediático del país, Fernández no parece dispuesta a echar el freno. Ni siquiera ante la justicia. El 9 de octubre el juez Raúl Tettamanti, quien debía intervenir en el caso Clarín, dimitió a causa de las presiones. Y el miércoles, el Gobierno recusó a los jueces de la Cámara Civil y Comercial que debían pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. Fernández avisó un día antes de que nunca hay que dar un paso atrás; si acaso, solo para “tomar envión y saltar más fuerte” y eso es lo que ha venido haciendo Fernández hasta el último minuto.
Las medidas anunciadas contra el grupo culminan un año de intervenciones de Cristina Fernández
Buenos Aires, El País
Un tribunal de apelaciones de Buenos Aires ha decidido este jueves prorrogar las medidas cautelares pedidas por el grupo periodístico Clarín para evitar la entrada completa en vigor de la polémica Ley de Medios impulsada por la presidenta Cristina Fernández. El plazo inicial terminaba a medianoche de este viernes, pero la Cámara Civil y Comercial Federal resolvió que los dos artículos sobre los que gira el conflicto no entren en vigor “hasta que haya una sentencia definitiva”. Poco antes los abogados del Gobierno habían recusado, sin éxito, al tribunal.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, ya ha anunciado que el Gobierno recurrirá al Supremo para que revise el fallo. "Se pedirá la intervención de la Corte para que revea este acto que lesiona la democracia", aseguró.
Hace justo tres meses, el pasado 7 de septiembre, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró en un discurso que el grupo Clarín, al que llamó “la cadena nacional del desánimo y el temor y también la cadena ilegal”, tenía “fecha de vencimiento”. La fecha era hoy, 7 de diciembre, aunque días después anunció que podría trasladarse al lunes próximo. Ese era el plazo exigido a Clarín para desinvertir en sus negocios audiovisuales. Inmediatamente Fernández aclaró: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga, es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la Afsca [Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual]”.
Entre las compañías que llegaron a un acuerdo se encuentra PRISA, editora de EL PAÍS y propietaria de la emisora argentina Radio Continental. PRISA presentó un plan que contempla la transferencia de varias licencias en el interior del país, a cambio de consolidar su posición en Buenos Aires. Pero Fernández tenía muy claro que su principal enemigo es Clarín. Y advirtió: “Creo que de aquí al 7 de diciembre, vamos a tener que prepararnos para cosas muy estrambóticas. Yo estoy preparada”.
En realidad Fernández demostró estar muy preparada para los combates a largo plazo desde el primer día en que asumió su segundo mandato. Ya desde marzo el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, se vio acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Fernández no solo no lo apartó del cargo sino que permitió que Boudou provocara la renuncia del procurador general y del juez y el fiscal que investigaban su caso. Después de eso, Fernández permitió que su Gobierno propusiera como fiscal a Daniel Reposo, un abogado sin la suficiente preparación para el cargo, que además había tuiteado mensajes de apoyo al vicepresidente investigado por corrupción. El caso era tan flagrante que Fernández tuvo que aceptar la renuncia de Reposo antes de que el Senado rechazara su nombramiento.
En abril, la presidenta anunció la expropiación a Repsol del 51% de las acciones de YPF. La decisión supuso uno de los mayores desencuentros con España en 200 años de historia. Pero Fernández sabía que contaba con el respaldo de más del 60% de los ciudadanos y el apoyo de casi toda la oposición. Al poco tiempo aprobó el decreto 1.277 de Soberanía Hidrocarburífera, por el que se aumentaba la intervención del Gobierno sobre el sistema de precios de las compañías energéticas. Eso ya hizo levantar la suspicacia de otros inversores que no eran Repsol.
Mientras tanto, su Gobierno aprobó numerosas medidas para restringir la compra de divisas. Cientos de miles de personas de la clase media argentina están acostumbradas a ahorrar en dólares, ya que temen que la inflación devalúe sus pesos en cuestión de semanas. Aquellas medidas fomentaron los primeros cacerolazos en junio contra la política del Gobierno. Pero Fernández, lejos de achicarse, permitió que desde el Gobierno comenzasen a efectuar declaraciones sobre la posibilidad de reformar la Constitución para conseguir que la presidenta pudiese optar a un tercer mandato. Los cacerolazos volvieron a arreciar en septiembre. Y el 8 de noviembre salieron más de un millón de personas a las calles de las principales ciudades.
Ahora, cuando llega el turno de enfrentarse al mayor grupo mediático del país, Fernández no parece dispuesta a echar el freno. Ni siquiera ante la justicia. El 9 de octubre el juez Raúl Tettamanti, quien debía intervenir en el caso Clarín, dimitió a causa de las presiones. Y el miércoles, el Gobierno recusó a los jueces de la Cámara Civil y Comercial que debían pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. Fernández avisó un día antes de que nunca hay que dar un paso atrás; si acaso, solo para “tomar envión y saltar más fuerte” y eso es lo que ha venido haciendo Fernández hasta el último minuto.
