Cataluña planta a Wert por considerar “inadmisible” la reforma educativa
La consejera Rigau abandona la Conferencia de Educación tras rechazar la ley que pretende blindar el castellano
El ministro dice que no ataca la inmersión
J. A. Aunión / Ivanna Vallespín
Madrid / Barcelona, El País
La consejera catalana de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, quiso ayer escenificar la ruptura total con el Ministerio de Educación y con su reforma educativa, que obligaría a la Generalitat a garantizar a los padres que lo deseen la enseñanza en castellano para sus hijos, si hace falta, pagándoles una plaza en un colegio privado. Rigau mostró su disgusto abandonando mucho antes de que terminara la reunión entre las comunidades y el departamento que dirige José Ignacio Wert celebrada ayer en Madrid. Pero ya antes de entrar a esa cita, el Gobierno catalán había dejado claro, por su portavoz Francesc Homs, que no acatarán la reforma de Wert. “Nosotros aplicaremos la Ley de Educación de Cataluña”, zanjó.
El anteproyecto de la nueva ley escolar es “inaceptable” para Cataluña, justificó Rigau en los pasillos del Ministerio de Educación, porque invade competencias, trastoca el Estatut y echa por tierra el modelo educativo consensuado que lleva funcionando más de 30 años: la inmersión lingüística, con la que la mayoría de las clases son impartidas en catalán. Por esa razón, una hora y media después de que empezara un encuentro que se prolongó algo más de tres horas, y tras tomar la palabra para expresar sus quejas, Rigau recogió sus papeles y se fue.
Así, la Conferencia Sectorial de Educación de ayer, que fue el segundo intento sin éxito de obtener el dictamen de las comunidades sobre el anteproyecto de ley antes de llevarlo al Congreso de los Diputados, representó además un paso más en el accidentado camino de esta reforma, que toma ya tintes de sainete.
Hace poco más de un mes, fueron las propias comunidades del PP las que detuvieron la tramitación porque les parecía demasiado tibio. Y eso que aquel proyecto ya contaba con el rechazo frontal de la oposición y de buena parte de la comunidad educativa porque recupera las reválidas en ESO y bachillerato y adelanta los itinerarios hacia la FP. En todo caso, ahora ha dado en su última redacción el giro a la derecha que le reclamaban buena parte de las comunidades del PP (dando concesiones a la Iglesia y a la escuela concertada). Esto aleja todavía más las posibilidades contar con algún apoyo de las comunidades del PSOE. El texto, en palabras de la consejera andaluza Mar Moreno, responde a un “pacto ultraconservador” en el PP
Pero la imagen de ayer fue sin duda la de la consejera Rigau abandonando el encuentro (que recordaba al plantón que dieron hace unos meses los rectores al ministro), elevando la tensión entre los Gobiernos central y catalán. Y lo hace apenas una semana después de unas elecciones en aquella comunidad marcadas por el auge del independentismo y por polémicas en mitad de las cuales se ha situado, precisamente, Wert: llego a vincular las transferencias con el auge del soberanismo y a hablar de “españolizar” a los alumnos catalanes.
El texto cambió levemente durante la reunión de ayer, pero no lo suficiente, dijo Rigau, y, en todo caso, no en el punto que obliga a los Gobiernos autónomos a ofrecer una plaza pública o concertada con el castellano como lengua vehicular —y si hace falta en la privada—, si no se dan un número clases en español “en proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. Es decir, el texto admite la inmersión, pero con estas alternativas para los padres que la rechacen.
La ruptura, en todo caso, ya estaba clara desde el lunes a mediodía, cuando las autonomías recibieran el nuevo texto legal (también las del PP, aseguró la consejera madrileña, Lucía Figar). Francesc Homs, aunque negó que estuviera llamando a la insumisión, sí avisó: “Ante la ofensiva contra la lengua catalana, el Gobierno catalán no ahorrará ni energías ni capacidad institucional para hacerle frente”.
El presidente catalán en funciones, Artur Mas, se puso ayer en contacto con los partidos de izquierda y les convocó a reunión para el miércoles de la semana próxima. De momento, al encuentro asistirán, además de CiU, el Partit dels Socialistes, Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV). “Es hora de hacer piña”, dijo Homs. “Parece que el señor Wert continúa con su intención de españolizar a los niños”, ha dicho el primer secretario del PSC, Pere Navarro.
De ese modo, por mucho que Wert insista en que la norma no ataca el modelo de inmersión, sino que se asegura de que se cumplan varias sentencias del Tribunal Supremo y del Superior de Cataluña sobre la enseñanza en castellano, Rigau advirtió que recurrirá la ley al Constitucional si no se cambia. En vez “abandonar una reunión”, dijo el ministro tras el encuentro, lo que debe hacer una comunidad que crea que se invaden competencias es, precisamente eso, ir al Constitucional. Además, Wert señaló que la referencia al concepto indeterminado de “proporción razonable” es porque es el que utiliza la sentencia del Supremo sobre la inmersión lingüística.
Wert dijo el pasado sábado en Toledo que la reforma saldrá adelante “con consenso o sin él”, aunque ayer habló de búsquedas de acuerdos y aseguró que es por eso por lo que aún va a convocar otra reunión más de la Conferencia Sectorial de Educación encuentro más con las autonomías el próximo 19 de diciembre para volver a discutir el texto recién redactado. Las comunidades del PSOE y CiU, sin embargo, hablaron de que en realidad se vio obligado por un defecto de forma al enviar con muy poco margen a las comunidades el nuevo texto con cambios sustanciales.
El ministro Wert contestó que la reunión era perfectamente legal, pero concedía otra en aras del debate antes de enviar el texto al Parlamento. Además, se congratuló, en cualquier caso, de que 12 comunidades dieran ayer el visto bueno a los cambios. Sin embargo, junto a Cataluña, las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias, País Vasco —en funciones— y Canarias —que gobierna las islas junto a Coalición Canaria) expresaron su rechazo frontal a una reforma “segregadora” y que atenta contra la igualdad de oportunidades. Todos ellos y Cataluña pidieron ayer al principio de la reunión que se convocara otra reunión por el defecto de forma antes aludido.
Pero, sobre todo, criticaron que no solo no se hayan escuchado apenas sus peticiones, sino que el nuevo texto gira todavía más a la derecha, dijo la consejera andaluza, Mar Moreno: “El nuevo borrador de la reforma evidencia y consuma el matrimonio que ha elegido el ministro. Ha preferido casarse por la iglesia con las comunidades del PP en exclusiva; se ha casado con el pasado y ha pactado con la Conferencia Episcopal, con el mercado y con la escuela privada y desoye a la comunidad educativa, de la que se divorcia cada día más”, lamentó.
Los únicos que se mostraron conformes con el texto fueron los consejeros del PP. No en vano, el proyecto ha recogido la mayoría de sus sugerencias después de que parasen la tramitación de la ley hace poco más de un mes porque el texto era muy “mejorable”, según la calificó el responsable castellano manchego de Educación, Marcial Marín. Durante un mes, las negociaciones han acabado en un texto que giro hacia los postulados ideológicos más clásicos del PP: guiños de apoyo a la escuela concertada, recuperación de la asignatura alternativa a Religión y desaparición del rastro que quedaba de Educación para la Ciudadanía, y un reparto de competencias que deja completamente en manos del Gobierno central el control de los currículos de las materias troncales (la mayoría y las más sustantivas).
El único cambio que ayer admitió el ministro sobre el texto enviado el lunes es el que tiene que ver con las reválidas: la lengua cooficial será una de las materias incluidas en el examen. Ahora, Wert ha pedido a las comunidades que le manden sus enmiendas por escrito e, incluso, que las hagan circular apara que haya más debate.
El ministro dice que no ataca la inmersión
Madrid / Barcelona, El País
La consejera catalana de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, quiso ayer escenificar la ruptura total con el Ministerio de Educación y con su reforma educativa, que obligaría a la Generalitat a garantizar a los padres que lo deseen la enseñanza en castellano para sus hijos, si hace falta, pagándoles una plaza en un colegio privado. Rigau mostró su disgusto abandonando mucho antes de que terminara la reunión entre las comunidades y el departamento que dirige José Ignacio Wert celebrada ayer en Madrid. Pero ya antes de entrar a esa cita, el Gobierno catalán había dejado claro, por su portavoz Francesc Homs, que no acatarán la reforma de Wert. “Nosotros aplicaremos la Ley de Educación de Cataluña”, zanjó.
El anteproyecto de la nueva ley escolar es “inaceptable” para Cataluña, justificó Rigau en los pasillos del Ministerio de Educación, porque invade competencias, trastoca el Estatut y echa por tierra el modelo educativo consensuado que lleva funcionando más de 30 años: la inmersión lingüística, con la que la mayoría de las clases son impartidas en catalán. Por esa razón, una hora y media después de que empezara un encuentro que se prolongó algo más de tres horas, y tras tomar la palabra para expresar sus quejas, Rigau recogió sus papeles y se fue.
Así, la Conferencia Sectorial de Educación de ayer, que fue el segundo intento sin éxito de obtener el dictamen de las comunidades sobre el anteproyecto de ley antes de llevarlo al Congreso de los Diputados, representó además un paso más en el accidentado camino de esta reforma, que toma ya tintes de sainete.
Hace poco más de un mes, fueron las propias comunidades del PP las que detuvieron la tramitación porque les parecía demasiado tibio. Y eso que aquel proyecto ya contaba con el rechazo frontal de la oposición y de buena parte de la comunidad educativa porque recupera las reválidas en ESO y bachillerato y adelanta los itinerarios hacia la FP. En todo caso, ahora ha dado en su última redacción el giro a la derecha que le reclamaban buena parte de las comunidades del PP (dando concesiones a la Iglesia y a la escuela concertada). Esto aleja todavía más las posibilidades contar con algún apoyo de las comunidades del PSOE. El texto, en palabras de la consejera andaluza Mar Moreno, responde a un “pacto ultraconservador” en el PP
Pero la imagen de ayer fue sin duda la de la consejera Rigau abandonando el encuentro (que recordaba al plantón que dieron hace unos meses los rectores al ministro), elevando la tensión entre los Gobiernos central y catalán. Y lo hace apenas una semana después de unas elecciones en aquella comunidad marcadas por el auge del independentismo y por polémicas en mitad de las cuales se ha situado, precisamente, Wert: llego a vincular las transferencias con el auge del soberanismo y a hablar de “españolizar” a los alumnos catalanes.
El texto cambió levemente durante la reunión de ayer, pero no lo suficiente, dijo Rigau, y, en todo caso, no en el punto que obliga a los Gobiernos autónomos a ofrecer una plaza pública o concertada con el castellano como lengua vehicular —y si hace falta en la privada—, si no se dan un número clases en español “en proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. Es decir, el texto admite la inmersión, pero con estas alternativas para los padres que la rechacen.
La ruptura, en todo caso, ya estaba clara desde el lunes a mediodía, cuando las autonomías recibieran el nuevo texto legal (también las del PP, aseguró la consejera madrileña, Lucía Figar). Francesc Homs, aunque negó que estuviera llamando a la insumisión, sí avisó: “Ante la ofensiva contra la lengua catalana, el Gobierno catalán no ahorrará ni energías ni capacidad institucional para hacerle frente”.
El presidente catalán en funciones, Artur Mas, se puso ayer en contacto con los partidos de izquierda y les convocó a reunión para el miércoles de la semana próxima. De momento, al encuentro asistirán, además de CiU, el Partit dels Socialistes, Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV). “Es hora de hacer piña”, dijo Homs. “Parece que el señor Wert continúa con su intención de españolizar a los niños”, ha dicho el primer secretario del PSC, Pere Navarro.
De ese modo, por mucho que Wert insista en que la norma no ataca el modelo de inmersión, sino que se asegura de que se cumplan varias sentencias del Tribunal Supremo y del Superior de Cataluña sobre la enseñanza en castellano, Rigau advirtió que recurrirá la ley al Constitucional si no se cambia. En vez “abandonar una reunión”, dijo el ministro tras el encuentro, lo que debe hacer una comunidad que crea que se invaden competencias es, precisamente eso, ir al Constitucional. Además, Wert señaló que la referencia al concepto indeterminado de “proporción razonable” es porque es el que utiliza la sentencia del Supremo sobre la inmersión lingüística.
Wert dijo el pasado sábado en Toledo que la reforma saldrá adelante “con consenso o sin él”, aunque ayer habló de búsquedas de acuerdos y aseguró que es por eso por lo que aún va a convocar otra reunión más de la Conferencia Sectorial de Educación encuentro más con las autonomías el próximo 19 de diciembre para volver a discutir el texto recién redactado. Las comunidades del PSOE y CiU, sin embargo, hablaron de que en realidad se vio obligado por un defecto de forma al enviar con muy poco margen a las comunidades el nuevo texto con cambios sustanciales.
El ministro Wert contestó que la reunión era perfectamente legal, pero concedía otra en aras del debate antes de enviar el texto al Parlamento. Además, se congratuló, en cualquier caso, de que 12 comunidades dieran ayer el visto bueno a los cambios. Sin embargo, junto a Cataluña, las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias, País Vasco —en funciones— y Canarias —que gobierna las islas junto a Coalición Canaria) expresaron su rechazo frontal a una reforma “segregadora” y que atenta contra la igualdad de oportunidades. Todos ellos y Cataluña pidieron ayer al principio de la reunión que se convocara otra reunión por el defecto de forma antes aludido.
Pero, sobre todo, criticaron que no solo no se hayan escuchado apenas sus peticiones, sino que el nuevo texto gira todavía más a la derecha, dijo la consejera andaluza, Mar Moreno: “El nuevo borrador de la reforma evidencia y consuma el matrimonio que ha elegido el ministro. Ha preferido casarse por la iglesia con las comunidades del PP en exclusiva; se ha casado con el pasado y ha pactado con la Conferencia Episcopal, con el mercado y con la escuela privada y desoye a la comunidad educativa, de la que se divorcia cada día más”, lamentó.
Los únicos que se mostraron conformes con el texto fueron los consejeros del PP. No en vano, el proyecto ha recogido la mayoría de sus sugerencias después de que parasen la tramitación de la ley hace poco más de un mes porque el texto era muy “mejorable”, según la calificó el responsable castellano manchego de Educación, Marcial Marín. Durante un mes, las negociaciones han acabado en un texto que giro hacia los postulados ideológicos más clásicos del PP: guiños de apoyo a la escuela concertada, recuperación de la asignatura alternativa a Religión y desaparición del rastro que quedaba de Educación para la Ciudadanía, y un reparto de competencias que deja completamente en manos del Gobierno central el control de los currículos de las materias troncales (la mayoría y las más sustantivas).
El único cambio que ayer admitió el ministro sobre el texto enviado el lunes es el que tiene que ver con las reválidas: la lengua cooficial será una de las materias incluidas en el examen. Ahora, Wert ha pedido a las comunidades que le manden sus enmiendas por escrito e, incluso, que las hagan circular apara que haya más debate.
