ANUARIO 2012/ La corrupción sacude a la Justicia y al gobierno de Evo Morales
La Paz, ANFOnce meses después de la puesta en marcha de la “nueva justicia” boliviana, con la asunción de los 56 magistrados elegidos en las controvertidas elecciones judiciales de octubre de 2011, el gobierno de Evo Morales fue sacudido por un verdadero tsunami a causa de la corrupción altos niveles gubernamentales y en la administración de justicia.
El descubrimiento de una vasta red de extorsión gracias a la intervención del galardonado actor estadounidense Sean Penn y aparentes presiones de una embajada extranjera sacó a luz corrupción existente en algunas esferas del gobierno del Estado Plurinacional, al que ya se había denunciado por politizar la justicia al presionar al Ministerio Público y a los jueces para acelerar procesos en contra de opositores al partido gobernante.
La red de extorsión operaba desde hace cinco años en los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, sin que la ministra de Transparencia, Nardy Suxo –muy activa en los procesos contra la oposición-, se diera cuenta de las actividades de los extorsionadores, cuyas prácticas no sólo pusieron en tela de juicio la probidad de la justicia sino que afectaron gravemente a la imagen de Bolivia en el exterior.
El caso de Jacob Ostreicher, la punta del ovillo, no sólo permitió descubrir a la red y llevar a prisión a una decena de sospechosos, sino que amenaza con secuelas insospechadas. “Este capítulo posiblemente será más tenebroso y generará más terremoto que la anterior semana”, admitió al ministro de Gobierno, Carlos Romero, encargado del caso, tras un primer balance de las investigaciones.
El selecto grupo de asesores jurídicos que se encargó de encaminar casos como los de Terrorismo I y II, Porvenir Pando, la muerte de dos jóvenes en Caranavi, la violenta represión a indígenas del TPNIS en Chaparina, el del subteniente Julio Navia, el proceso contra senador Roger Pinto y, está actualmente bajo la mira. También están bajo sospecha los procesos contra las casas de juego, donde el “conducto regular” para su legalización habría sido la extorsión y la amenaza a cambio de grandes cantidades de dinero.
RED DE CORRUPCION Y EXTORSION: El ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher fue víctima durante 18 meses de una red de extorsionadores integrado por influyentes funcionarios de los ministerios de la Presidencia y Gobierno. Ostreicher, junto a un empresario suizo, había invertido 27 millones de dólares en el sector agropecuario de Bolivia al comprar hace dos años tierras, ganado bovino, arroz y maquinaria agrícola en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.
Pero las tierras habían sido compradas al brasileño Maximiliano Dorado, un presunto narcotraficante que ahora está detenido en su país, situación que provocó que las autoridades antidrogas de Bolivia inicien un proceso por el cual el estadounidense estuvo desde junio del año pasado en la cárcel pública de Santa Cruz de la Sierra. Luego el estadounidense fue trasladado a una clínica porque padece la enfermedad de Parkinson y otros males.
Ostreicher, quien se encuentra en libertad condicional, proclamó su inocencia pero fue víctima de un clan de extorsionadores que controlaban el sistema judicial, al extremo de revertir una acción de libertad a su favor. Además, consiguieron la suspensión de 25 de 27 audiencias judiciales por diversos motivos.
La red era supuestamente liderada por el abogado Fernando Rivera, que durante un poco más de cinco años fue asesor jurídico del ministerio de Gobierno, y José Manuel Antezana, director de Gestión Pública del ministerio de la Presidencia, concuñado del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce. El clan operaba hace cinco años y medio en los dos ministerios y utilizaba a otros funcionarios para realizar diversos cobros y tareas de intimidación judicial a enemigos políticos del gobierno de Evo Morales.
El ministro Carlos Romero admitió que Rivera era funcionario de su unidad de gestión jurídica. "Era muy buen abogado, técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica. Es gente que se corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales", dijo.
La detención de Ostreicher conmovió a la comunidad judía y movilizó al congresista estadounidense Christopher Smith, quien lo visitó en la cárcel de Palmasola, sitio al que también llegó el actor Senn Penn, quien fue nombrado por el presidente Evo Morales como “embajador” para la defensa de la coca, la reivindicación marítima y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que radica desde 2003 en Estados Unidos.
"Con la detención del abogado Fernando Rivera y José Manuel Antezana estoy empezando a ver la luz al final del túnel", declaró Ostreicher desde su lecho de enfermo en una clínica de Santa Cruz de la Sierra a la televisora Cadena A semanas antes de obtener su libertad condicional.
Pero el destape por el accionar de la red de corrupción y extorsión provocó la detención de al menos una docena de personas, todos con grado de influencia, entre ellos el ex fiscal de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y el ex funcionario Boris Villegas. También puso en tela de juicio la campaña de lucha contra la corrupción que pregonó el gobierno de Evo Morales desde enero de 2006 a la fecha.
SANTOS PASA PERO LA CORRUPCIÓN QUEDA: YPFB nuevamente fue centro de otro bullado caso de corrupción, similar al protagonizado por el otrora hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez, quien cayó en febrero de 2009 y guarda detención en la cárcel de San Pedro, producto de las prebendas, coimas y daño económico al Estado a causa de la construcción de la planta separadora de líquidos Río Grande.
El ex gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gerson Rojas Terán, y Agustín Ugarte Méndez, ex director de proyectos Gran Chaco y alto miembro de la comisión calificadora, se encuentran tras las rejas, el primero en Palamasola y el segundo en Chonchocoro, acusados de cometer actos de corrupción durante más de un año en la estatal petrolera. Sobre ellos pesa los delitos de uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito.
Rojas, quien ingresó a la estatal petrolera el 2009 a través de un concurso de méritos, donde fue evaluado por ciudadanos venezolanos, protagonizó el domingo 17 de junio de 2012, en estado de ebriedad, un accidente de tránsito en la localidad de Yapacaní, Santa Cruz, al mando de un vehículo oficial de YPFB. Las investigaciones de ese hecho destaparon un presunto caso de enriquecimiento ilícito en el que Rojas es el principal involucrado, mientras que Agustín Ugarte fue acusado de complicidad por la estatal petrolera.
Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), como Galo Bonifaz, y de la oposición, Mauricio Muñoz, consideraron oportuno ampliar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la cual tiene por objeto investigar el enriquecimiento ilícito de autoridades civiles, más aún cuando autoridades como el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, ocupa el cargo desde el primer trimestre del año 2009, tras la caída de Santos Ramírez por el caso Catler Uniservice, y la planta separadora de líquido Río Grande.
El presidente del Estado Evo Morales, quien dijo meter las manos al fuego por Villegas, expresó el 13 de septiembre pasado su preocupación por los casos de corrupción que frenan la inversión del Estado en áreas estratégicas como en el caso de YPFB. De acuerdo con el primer mandatario, existen “sabotajes internos y externos”, además de “gente infiltrada” que intentan perjudicar su gestión. El Jefe de Estado ratificó en el cargo a Carlos Villegas como presidente interino de la estatal petrolera.
LABOR POCO TRANSPARENTE: La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, quien fue criticada por sectores opositores por no haber detectado a tiempo las operaciones de la red de corrupción y extorsión que operó en esferas del Órgano Ejecutivo, se estrelló contra los medios de prensa cuando se conoció el supuesto maltrato que habría propinado su hija, diplomática en Berlín, contra una trabajadora del hogar que se llevó del país a Alemania.
Incluso el ex juez Luis Tapia Pachi y el ex hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez, coincidieron en denunciar al ministerio de Transparencia como una instancia que supuestamente amenaza y presiona a los operadores de justicia para forzarlos a emitir fallos en contra de los opositores.
La ministra Suxo afirmó en reiteradas oportunidades que su cartera ministerial no encubrirá los hechos de corrupción cometidos por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y afirmó que ella sólo pondría las “manos al fuego” por el presidente del Estado, Evo Morales. Asimismo, atribuyó las críticas a su gestión a sectores empeñados en encubrir la corrupción en gobiernos pasados.
Los últimos meses de este año la ministra Suxo fue objeto de observaciones por la designación como segunda secretaria en la Embajada de Bolivia de Berlín de su hija Naira Rivero, funcionaria diplomática sobre la que pesaron denuncias de explotación contra una trabajadora del hogar, con quien suscribió luego de una serie de polémicas un acuerdo para poner fin al conflicto laboral.
