São Paulo registra más de 200 asesinatos en menos de un mes
Una de las mayores urbes de América Latina registra una media de 10 homicidios al día
Juan Arias
Río de Janeiro, El País
La ciudad de São Paulo, capital económica y financiera de Brasil, ha registrado en menos de un mes 200 asesinatos, la mitad de ellos de policías. La media es de 10 asesinatos por día. Los agresores son en casi todos los casos encapuchados a bordo de una moto, que disparan en marcha.
La paradoja es que esta urbe, una de las mayores de América Latina y la tercera del mundo, es la ciudad del país que presentaba la menor tasa de asesinatos en relación con su población. En 2011 se registró en São Paulo una tasa de 10,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que a la cabeza de la lista están Alagoas (74,5), y Espíritu Santo, con (44,8).
Los especialistas en temas de orden público tratan de analizar esta ola de violencia en São Paulo, con un aumento repentino de casi un 40%. El recrudecimiento de los homicidios coincidió con las elecciones municipales, pero tras el fin de los comicios, en los que Fernando Haddad, del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT), arrancó la alcaldía de la capital paulista al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), los asesinatos no solo no han disminuido, sino que se han intensificado.
En las dos semanas pasadas se registraron 142 asesinatos, 15 de ellos en los últimos dos días. Y eso a pesar de que la violencia que atenaza a São Paulo ha preocupado tanto al Gobierno de Dilma Rousseff que envió días atrás al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para crear junto con el gobernador del Estado de São Paulo, el opositor Geraldo Alkmin, una agencia que coordine las fuerzas del Estado con las del Gobierno federal en la lucha contra la ola de asesinatos.
Todo parece indicar, que como ocurrió ya en 2006, cuando otra ola de violencia costó a la ciudad más de 400 víctimas, que este recrudecimiento de los asesinatos está dirigido desde las cárceles de máxima seguridad de São Paulo por el Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo de presos condenados por tráfico de drogas y asesinatos, que constituyen casi un partido político.
Por ello, la primera medida tomada en conjunto por el Gobierno federal y el del Estado ha sido la transferencia de los miembros más activos del PCC a cárceles fuera de São Paulo.
La situación mantiene aterrorizados a los ciudadanos tanto del centro rico como de la periferia pobre en la capital y en otras ciudades del llamado gran São Paulo: por las noches sufren un toque de queda impuesto por los traficantes y viven con miedo de salir a la calle, donde se llevan a cabo los asesinatos, lo que ha dado lugar a la intervención de la Iglesia. Los obispos del Estado de São Paulo han hecho una dura crítica, recordando que en esta ola de violencia, además de policías, han muerto 49 jóvenes de entre 14 y 29 años.
Los obispos piensan que este recrudecimiento de la violencia en la capital más rica y más moderna del país se debe “al descuido de las autoridades, a la falta de políticas públicas, de inversiones en servicios básicos, al olvido de la defensa de los derechos humanos y a la falta de promoción de la vida con dignidad para todos”.
Juan Arias
Río de Janeiro, El País
La ciudad de São Paulo, capital económica y financiera de Brasil, ha registrado en menos de un mes 200 asesinatos, la mitad de ellos de policías. La media es de 10 asesinatos por día. Los agresores son en casi todos los casos encapuchados a bordo de una moto, que disparan en marcha.
La paradoja es que esta urbe, una de las mayores de América Latina y la tercera del mundo, es la ciudad del país que presentaba la menor tasa de asesinatos en relación con su población. En 2011 se registró en São Paulo una tasa de 10,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que a la cabeza de la lista están Alagoas (74,5), y Espíritu Santo, con (44,8).
Los especialistas en temas de orden público tratan de analizar esta ola de violencia en São Paulo, con un aumento repentino de casi un 40%. El recrudecimiento de los homicidios coincidió con las elecciones municipales, pero tras el fin de los comicios, en los que Fernando Haddad, del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT), arrancó la alcaldía de la capital paulista al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), los asesinatos no solo no han disminuido, sino que se han intensificado.
En las dos semanas pasadas se registraron 142 asesinatos, 15 de ellos en los últimos dos días. Y eso a pesar de que la violencia que atenaza a São Paulo ha preocupado tanto al Gobierno de Dilma Rousseff que envió días atrás al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, para crear junto con el gobernador del Estado de São Paulo, el opositor Geraldo Alkmin, una agencia que coordine las fuerzas del Estado con las del Gobierno federal en la lucha contra la ola de asesinatos.
Todo parece indicar, que como ocurrió ya en 2006, cuando otra ola de violencia costó a la ciudad más de 400 víctimas, que este recrudecimiento de los asesinatos está dirigido desde las cárceles de máxima seguridad de São Paulo por el Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo de presos condenados por tráfico de drogas y asesinatos, que constituyen casi un partido político.
Por ello, la primera medida tomada en conjunto por el Gobierno federal y el del Estado ha sido la transferencia de los miembros más activos del PCC a cárceles fuera de São Paulo.
La situación mantiene aterrorizados a los ciudadanos tanto del centro rico como de la periferia pobre en la capital y en otras ciudades del llamado gran São Paulo: por las noches sufren un toque de queda impuesto por los traficantes y viven con miedo de salir a la calle, donde se llevan a cabo los asesinatos, lo que ha dado lugar a la intervención de la Iglesia. Los obispos del Estado de São Paulo han hecho una dura crítica, recordando que en esta ola de violencia, además de policías, han muerto 49 jóvenes de entre 14 y 29 años.
Los obispos piensan que este recrudecimiento de la violencia en la capital más rica y más moderna del país se debe “al descuido de las autoridades, a la falta de políticas públicas, de inversiones en servicios básicos, al olvido de la defensa de los derechos humanos y a la falta de promoción de la vida con dignidad para todos”.