Morsi acepta reducir el alcance del ‘decretazo’ para desactivar la crisis
El presidente egipcio negocia con los jueces en medio de crecientes protestas
Solo los actos presidenciales vinculados con la soberanía estarán exentos de control judicial
Ricard González
El Cairo, El País
El presidente egipcio, Mohamed Morsi, ha aceptado limitar el alcance de su decreto del pasado jueves por el que pretendía asumir un poder casi absoluto, y que ha desatado una fuerte crisis política en el país. El anuncio se ha producido este lunes después de que el rais islamista se reuniera con representantes de la judicatura, el estamento más hostil a su declaración constitucional. Mientras, un Egipto profundamente polarizado se prepara para vivir este martes una jornada tensa, con grandes movilizaciones contra su decretazo.
Según las declaraciones del portavoz de la presidencia, Yaser Ali, la aplicación del decreto se limitará solo a “cuestiones de soberanía”, es decir, que la inmunidad de las acciones del presidente se restringirá a sólo algunos ámbitos. De acuerdo con el texto constitucional, todas las órdenes y decretos de Morsi escaparían a la fiscalización por parte del poder judicial.
Esta reinterpretación de la declaración representa un suave viraje por parte de Morsi para intentar buscar una salida negociada a una crisis cuya gravedad ha ido escalando a medida que pasaban los días. Sin embargo, no está claro que sea suficiente para poner fin al conflicto. Y es que el portavoz de la presidencia negó de forma categórica algunas filtraciones que apuntaban a que el “raïs” islamista preparaba un anejo a su declaración constitucional que modificara alguna de sus provisiones.
La concesión de Morsi fue resultado de sus negociaciones con los líderes del Consejo Judicial Supremo, máximo órgano de gobierno de la judicatura que se encarga de nombrar y promocionar a los jueces. El Consejo fue uno de las primeras asociaciones en mostrar su oposición al decreto, calificándolo de un “ataque sin precedentes contra la independencia judicial, e instando al presidente a retirarlo.
Sin embargo, el órgano ha suavizado hoy su postura, y además, instó a los jueces que se declararon en huelga indefinida el domingo a volver a sus puestos de trabajo. En una oferta de compromiso, el Consejo ya había sugerido la posibilidad de limitar la aplicación del controvertido texto. En una filtración al diario Al Ahram, una fuente cercana a las negociaciones ya apuntaba por la mañana una posible salida de compromiso. Entre otras cosas, sugería la posibilidad de modificar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Esta es una de las principales demandas de los partidos laicos, que se quejan que aplican los islamistas en este órgano.
“Se podría incrementar el número de miembros de la Asamblea Constituyente y también el umbral necesario de apoyo hasta un 67% [en la aprobación de la Constitución] para obligar a todos a un consenso”, señaló la fuente de Al Ahram, que también asegura que el presidente no se echará atrás en algunas de sus decisiones recientes decisiones, como blindar la Asamblea Constituyente de una posible disolución por parte del Tribunal Constitucional, o cesar al Fiscal General, Abdel Maguid Mahmud
El desafío de la judicatura plantea un serio problema para Morsi. El Club de los Jueces ha llamado a sus miembros a declararse en huelga, y algunos ya lo han hecho, lo que podría minar el funcionamiento del esclerótico sistema judicial del país. Además, el Consejo de Estado, un alto tribunal dedicado a dirimir disputas entre instituciones públicas, ha admitido un recurso contra el decretazo, añadiendo un nuevo elemento al marasmo legal en el que está sumergido el país.
Durante las próximas horas se podrá saber si la concesión de Morsi ha conseguido aplacar a los jueces en huelga. Quienes no se dan por satisfechos son los partidos laicos de la oposición, que se muestran inflexibles y exigen al presidente como condición previa a cualquier negociación la retirada del decreto. “No entraremos en un diálogo sobre cualquier asunto hasta que esta declaración constitucional permanezca en vigor”, advirtió Amr Musa, ex secretario general de la Liga Árabe. El rechazo a Morsi es tan amplio que incluso tres de sus asesores han dimitido, entre ellos Samir Morcos, el único cristiano del equipo presidencial.
Solo los actos presidenciales vinculados con la soberanía estarán exentos de control judicial
El Cairo, El País
El presidente egipcio, Mohamed Morsi, ha aceptado limitar el alcance de su decreto del pasado jueves por el que pretendía asumir un poder casi absoluto, y que ha desatado una fuerte crisis política en el país. El anuncio se ha producido este lunes después de que el rais islamista se reuniera con representantes de la judicatura, el estamento más hostil a su declaración constitucional. Mientras, un Egipto profundamente polarizado se prepara para vivir este martes una jornada tensa, con grandes movilizaciones contra su decretazo.
Según las declaraciones del portavoz de la presidencia, Yaser Ali, la aplicación del decreto se limitará solo a “cuestiones de soberanía”, es decir, que la inmunidad de las acciones del presidente se restringirá a sólo algunos ámbitos. De acuerdo con el texto constitucional, todas las órdenes y decretos de Morsi escaparían a la fiscalización por parte del poder judicial.
Esta reinterpretación de la declaración representa un suave viraje por parte de Morsi para intentar buscar una salida negociada a una crisis cuya gravedad ha ido escalando a medida que pasaban los días. Sin embargo, no está claro que sea suficiente para poner fin al conflicto. Y es que el portavoz de la presidencia negó de forma categórica algunas filtraciones que apuntaban a que el “raïs” islamista preparaba un anejo a su declaración constitucional que modificara alguna de sus provisiones.
La concesión de Morsi fue resultado de sus negociaciones con los líderes del Consejo Judicial Supremo, máximo órgano de gobierno de la judicatura que se encarga de nombrar y promocionar a los jueces. El Consejo fue uno de las primeras asociaciones en mostrar su oposición al decreto, calificándolo de un “ataque sin precedentes contra la independencia judicial, e instando al presidente a retirarlo.
Sin embargo, el órgano ha suavizado hoy su postura, y además, instó a los jueces que se declararon en huelga indefinida el domingo a volver a sus puestos de trabajo. En una oferta de compromiso, el Consejo ya había sugerido la posibilidad de limitar la aplicación del controvertido texto. En una filtración al diario Al Ahram, una fuente cercana a las negociaciones ya apuntaba por la mañana una posible salida de compromiso. Entre otras cosas, sugería la posibilidad de modificar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Esta es una de las principales demandas de los partidos laicos, que se quejan que aplican los islamistas en este órgano.
“Se podría incrementar el número de miembros de la Asamblea Constituyente y también el umbral necesario de apoyo hasta un 67% [en la aprobación de la Constitución] para obligar a todos a un consenso”, señaló la fuente de Al Ahram, que también asegura que el presidente no se echará atrás en algunas de sus decisiones recientes decisiones, como blindar la Asamblea Constituyente de una posible disolución por parte del Tribunal Constitucional, o cesar al Fiscal General, Abdel Maguid Mahmud
El desafío de la judicatura plantea un serio problema para Morsi. El Club de los Jueces ha llamado a sus miembros a declararse en huelga, y algunos ya lo han hecho, lo que podría minar el funcionamiento del esclerótico sistema judicial del país. Además, el Consejo de Estado, un alto tribunal dedicado a dirimir disputas entre instituciones públicas, ha admitido un recurso contra el decretazo, añadiendo un nuevo elemento al marasmo legal en el que está sumergido el país.
Durante las próximas horas se podrá saber si la concesión de Morsi ha conseguido aplacar a los jueces en huelga. Quienes no se dan por satisfechos son los partidos laicos de la oposición, que se muestran inflexibles y exigen al presidente como condición previa a cualquier negociación la retirada del decreto. “No entraremos en un diálogo sobre cualquier asunto hasta que esta declaración constitucional permanezca en vigor”, advirtió Amr Musa, ex secretario general de la Liga Árabe. El rechazo a Morsi es tan amplio que incluso tres de sus asesores han dimitido, entre ellos Samir Morcos, el único cristiano del equipo presidencial.
