Militares o policías que trafiquen armas tendrán 30 años de cárcel
La Paz, Fides
El proyecto de Ley de Armas que será presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en los próximos días, establece una sanción de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los efectivos militares o policiales que trafiquen armas, así lo hizo conocer este martes el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
"Nuestra estructura de defensa del Estado permite que sean los militares y policías sean quienes puedan portar armas pero para garantizar la seguridad y defensa del Estado y la convivencia pacífica de los bolivianos. Si esos militares o policías incurren en tráfico de armas, la sanción se agrava", dijo Saavedra en entrevista con medios estatales.
La norma además establece penas privativas de 10 a 15 años para quienes cometieran este delito fueran civiles “en caso de los oficiales (de la Policía o el Ejército) la pena se agrava a 30 años sin derecho a indulto”, explicó la autoridad.
Saavedra aseguró que esta Ley toma "todas las previsiones para impedir que se produzca la grave comisión del delito de tráfico de armas" y le otorgará al ministerio de Defensa el control de la importación, exportación, traslado y tránsito de armas de fuego, mientras que la Policía se hará cargo del registro y entrega de licencias para las armas de uso civil.
Además la nueva normativa prevé un plan nacional de desarme voluntario anónimo “esto significa que todas las personas que tengan en su poder, estoy hablando de civiles, todas aquellas personas que tengan en su poder armamento de uso militar o policías pueden acogerse a ese plan voluntario", explicó el ministro.
El proyecto de Ley de Armas que será presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en los próximos días, establece una sanción de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los efectivos militares o policiales que trafiquen armas, así lo hizo conocer este martes el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
"Nuestra estructura de defensa del Estado permite que sean los militares y policías sean quienes puedan portar armas pero para garantizar la seguridad y defensa del Estado y la convivencia pacífica de los bolivianos. Si esos militares o policías incurren en tráfico de armas, la sanción se agrava", dijo Saavedra en entrevista con medios estatales.
La norma además establece penas privativas de 10 a 15 años para quienes cometieran este delito fueran civiles “en caso de los oficiales (de la Policía o el Ejército) la pena se agrava a 30 años sin derecho a indulto”, explicó la autoridad.
Saavedra aseguró que esta Ley toma "todas las previsiones para impedir que se produzca la grave comisión del delito de tráfico de armas" y le otorgará al ministerio de Defensa el control de la importación, exportación, traslado y tránsito de armas de fuego, mientras que la Policía se hará cargo del registro y entrega de licencias para las armas de uso civil.
Además la nueva normativa prevé un plan nacional de desarme voluntario anónimo “esto significa que todas las personas que tengan en su poder, estoy hablando de civiles, todas aquellas personas que tengan en su poder armamento de uso militar o policías pueden acogerse a ese plan voluntario", explicó el ministro.


