España: El Gobierno y el PSOE tropiezan por la reforma de la Ley Hipotecaria
Los socialistas piden más control de las cláusulas abusivas sobre desahucios
Ambos partidos fijan en 19.000 euros el umbral de renta para evitar el desalojo
Íñigo de Barrón
Madrid, El País
El sector financiero ha concedido hipotecas por valor de 931.000 millones de euros, según las últimas cifras oficiales. Y los créditos impagados solo han llegado al 3%, es decir, todavía la morosidad no se ha desbordado desde un punto de vista general, aunque cada día que pasa empeora la situación. Pero la brutalidad de los desahucios, que golpea a los más desfavorecidos, ha obligado a revisar la legislación: el Gobierno y el PSOE llevan tres días discutiendo los cambios, pero no se ponen de acuerdo con la profundidad de la reforma de la Ley Hipotecaria. El Ejecutivo aprobará hoy un real decreto con medidas urgentes para paliar el drama social.
Los socialistas admiten que ha habido avances importantes porque el Ejecutivo ha aceptado “muchas” de sus propuestas, tanto sobre las medidas urgentes como sobre la reforma de la Ley Hipotecaria. Pero advierten de que quedan aspectos importantes por cerrar sobre “los umbrales que marcan las familias protegidas y la moratoria, así como la tramitación de la reforma de la ley”.
El Gobierno no quiere ir demasiado lejos, después de escuchar al sector financiero que si los cambios son muy radicales se podrían encarecer los créditos y dificultar el acceso a la vivienda. Ambas formaciones, no obstante, sí acordaron ayer fijar el umbral de renta para evitar el desalojo en 19.000 euros, según Europa Press.
En lo que sí está de acuerdo el Ejecutivo es en ser más vigilante y expeditivo con la operativa bancaria en estos préstamos. Los responsables jurídicos de las entidades están atentos a cualquier modificación, mientras el lobby bancario hace su trabajo.
Fuentes bancarias comentan que “si el Gobierno de Zapatero no cambió esta ley cuando pudo es porque fue consciente de que podía tener consecuencias graves”. Sin embargo, las críticas de la UE y los jueces han demostrado que existen claros abusos.
Otro punto de discordia es que el PSOE aboga por establecer una moratoria para los desalojos que afecte a una parte amplia del colectivo más desfavorecido. El Gobierno apuesta por limitar las ventajas de la moratoria a los casos de muy extrema necesidad, es decir, familias con ingresos muy bajos.
El PSOE teme que si no se incluye a las unidades familiares que ingresan 1.600 euros mensuales o menos, “puede que no se ayude a los que ahora están afectados por los desalojos y la reforma no valga para nada”, según fuentes socialistas. La cifra de 1.600 euros es tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), la referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros.
El Ejecutivo distingue entre quienes pueden beneficiarse de las ventajas del nuevo código de buenas prácticas y los que se puedan acogerse a la moratoria en el pago de la hipoteca.
El PSOE también quiere establecer un plazo superior a los dos años para estas medidas, mientras que La Moncloa apuesta por fijar ese tope. La Asociación Española de Banca (AEB) fue la primera en hacer público que sus entidades paralizan los desahucios por dos años. Fuentes del sector financiero consideran que, en el fondo, establecer dos o tres años de moratoria no es muy relevante porque siempre se puede revisar.
La AEB puso dos años porque entendía que será el tiempo que necesitará la economía para recuperarse y aliviar el problema del paro e, indirectamente, de los desahucios”.
En lo que sí están de acuerdo las dos partes es en limitar los casos de dación en pago, es decir, que con la entrega de la casa se salda la deuda hipotecaria. Cuando suceda esto, debe quedar claro que se perderá la propiedad de la vivienda.
La banca afirma que teme el “efecto sonajero”, es decir, que las modificaciones legales permitan que aquellos cuya hipoteca sea superior al valor actual de la casa, utilicen argucias para entregar las llaves y olvidarse de la deuda. Sin embargo, las asociaciones ciudadanas sostienen que este problema existe por las erróneas tasaciones hechas por la banca. Y es un argumento difícil de rebatir, en muchas ocasiones.
Ambos partidos fijan en 19.000 euros el umbral de renta para evitar el desalojo
Madrid, El País
El sector financiero ha concedido hipotecas por valor de 931.000 millones de euros, según las últimas cifras oficiales. Y los créditos impagados solo han llegado al 3%, es decir, todavía la morosidad no se ha desbordado desde un punto de vista general, aunque cada día que pasa empeora la situación. Pero la brutalidad de los desahucios, que golpea a los más desfavorecidos, ha obligado a revisar la legislación: el Gobierno y el PSOE llevan tres días discutiendo los cambios, pero no se ponen de acuerdo con la profundidad de la reforma de la Ley Hipotecaria. El Ejecutivo aprobará hoy un real decreto con medidas urgentes para paliar el drama social.
Los socialistas admiten que ha habido avances importantes porque el Ejecutivo ha aceptado “muchas” de sus propuestas, tanto sobre las medidas urgentes como sobre la reforma de la Ley Hipotecaria. Pero advierten de que quedan aspectos importantes por cerrar sobre “los umbrales que marcan las familias protegidas y la moratoria, así como la tramitación de la reforma de la ley”.
El Gobierno no quiere ir demasiado lejos, después de escuchar al sector financiero que si los cambios son muy radicales se podrían encarecer los créditos y dificultar el acceso a la vivienda. Ambas formaciones, no obstante, sí acordaron ayer fijar el umbral de renta para evitar el desalojo en 19.000 euros, según Europa Press.
En lo que sí está de acuerdo el Ejecutivo es en ser más vigilante y expeditivo con la operativa bancaria en estos préstamos. Los responsables jurídicos de las entidades están atentos a cualquier modificación, mientras el lobby bancario hace su trabajo.
Fuentes bancarias comentan que “si el Gobierno de Zapatero no cambió esta ley cuando pudo es porque fue consciente de que podía tener consecuencias graves”. Sin embargo, las críticas de la UE y los jueces han demostrado que existen claros abusos.
Otro punto de discordia es que el PSOE aboga por establecer una moratoria para los desalojos que afecte a una parte amplia del colectivo más desfavorecido. El Gobierno apuesta por limitar las ventajas de la moratoria a los casos de muy extrema necesidad, es decir, familias con ingresos muy bajos.
El PSOE teme que si no se incluye a las unidades familiares que ingresan 1.600 euros mensuales o menos, “puede que no se ayude a los que ahora están afectados por los desalojos y la reforma no valga para nada”, según fuentes socialistas. La cifra de 1.600 euros es tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), la referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros.
El Ejecutivo distingue entre quienes pueden beneficiarse de las ventajas del nuevo código de buenas prácticas y los que se puedan acogerse a la moratoria en el pago de la hipoteca.
El PSOE también quiere establecer un plazo superior a los dos años para estas medidas, mientras que La Moncloa apuesta por fijar ese tope. La Asociación Española de Banca (AEB) fue la primera en hacer público que sus entidades paralizan los desahucios por dos años. Fuentes del sector financiero consideran que, en el fondo, establecer dos o tres años de moratoria no es muy relevante porque siempre se puede revisar.
La AEB puso dos años porque entendía que será el tiempo que necesitará la economía para recuperarse y aliviar el problema del paro e, indirectamente, de los desahucios”.
En lo que sí están de acuerdo las dos partes es en limitar los casos de dación en pago, es decir, que con la entrega de la casa se salda la deuda hipotecaria. Cuando suceda esto, debe quedar claro que se perderá la propiedad de la vivienda.
La banca afirma que teme el “efecto sonajero”, es decir, que las modificaciones legales permitan que aquellos cuya hipoteca sea superior al valor actual de la casa, utilicen argucias para entregar las llaves y olvidarse de la deuda. Sin embargo, las asociaciones ciudadanas sostienen que este problema existe por las erróneas tasaciones hechas por la banca. Y es un argumento difícil de rebatir, en muchas ocasiones.
