Demócratas y Republicanos se preparan para negociar la reforma migratoria
Varios líderes republicanos empiezan a posicionarse a favor de una nueva legislación
Cristina F. Pereda
Washington, El País
Había pasado menos de una semana de victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales y ambos partidos ya estaban de acuerdo en una de sus prioridades más inmediatas: la reforma migratoria. Mientras que el presidente demócrata debe cumplir con una promesa que ya hizo en 2008, el Partido Republicano está obligado a demostrar su interés en satisfacer la petición más importante de millones de votantes hispanos y varios de sus líderes ya se han pronunciado.
“Nuestro objetivo no es hacer que los ricos se empobrezcan”, aseguró el senador de Florida, Marco Rubio, en una entrevista con POLITICO. “Se trata de hacer que los pobres sean más ricos, de aumentar la prosperidad de todos los estadounidenses. Y creo que la inmigración es parte de esto. Para que la economía crezca de manera dinámica, este país necesita un sistema migratorio adaptado al siglo XXI”.
Rubio es uno de los políticos hispanos de las filas republicanas que más ha presionado en este sentido, aunque los intereses de su propia coalición llegaron a impedir que el Senado estudiara su propuesta legislativa para aprobar una versión diferente del Dream Act, la ley que creaba una vía para que millones de estudiantes indocumentados accedieran a la ciudadanía. Ahora que los hispanos han emitido su voto -a favor de Obama y a favor de una reforma inmediata-, Rubio podría convertirse en uno de los principales negociadores del nuevo acuerdo.
Los republicanos han visto el futuro de Estados Unidos, han visto el declive y la irrelevancia de su partido, y han concluido que los inmigrantes no eran dañinos después de todo”
“Solo hicieron falta unas elecciones en las que millones de votantes hispanos -muchos de ellos esposas, maridos, hijos, hijas, nietos, primos, compañeros de trabajo y amigos de aquellos despreciados como ‘ilegales’- eligieron de manera mayoritaria a Obama frente al hombre que prometió convertirse en deportador jefe”, afirmaba un editorial del diario The New York Times el pasado fin de semana. “Los republicanos han visto el futuro de Estados Unidos, han visto el declive y la irrelevancia de su partido, y han concluido que los inmigrantes no eran tan dañinos después de todo”.
Obama ya había reconocido antes de las elecciones que la falta de un nuevo sistema fue uno de los errores de su primer mandato. Romney prometió crear un nuevo sistema, pero los hispanos nunca le creyeron. Ahora ambas partes deberán hacer importantes concesiones antes de que la nueva legislación salga adelante. Será una complicada negociación en la que están implicados los intereses de los dos partidos políticos, líderes religiosos, organizaciones empresariales y organizaciones de derechos civiles. Cada uno de ellos defiende intereses propios, con posturas en las que están dispuestos a ceder y otras que no querrán sacrificar aunque eso ponga en peligro otros logros.
El primero de esos grandes condicionantes es la seguridad en la frontera con México. Los republicanos han defendido en los últimos años que no participarían en ninguna negociación hasta que desapareciera la amenaza de violencia en los estados fronterizos y tanto Obama como las autoridades federales han contestado en varias ocasiones que esa seguridad está garantizada y que las entradas ilegales se encuentran en mínimos históricos. Tampoco se han mostrado dispuestos a negociar una posible amnistía o legalización de los 11 millones de indocumentados que se estima residen en el país. Obama ha propuesto que paguen una penalización, aunque todavía no han trascendido grandes detalles al respecto.
Otro de los elementos que tradicionalmente ha separado a ambas partes es la posible penalización a aquellos empresarios que contraten a indocumentados. La creación de un sistema federal, E-Verify, cuya efectividad todavía está por demostrar, no ha demostrado que pueda ser garante de la legalidad de todas las contrataciones. Mientras que algunas organizaciones persiguen una penalización para impedir nuevos abusos a inmigrantes, los empresarios exigen garantías de que habrá trabajadores cualificados para todos los sectores. Una de las claves será, por tanto, la negociación con el sector agrícola, carente de trabajadores nacionales.
Demócratas y Republicanos cuentan por el momento con un amplio respaldo de la población con respecto a la reforma. Según un estudio reciente del Massachusetts Institute of Technology, los estadounidenses no dan tanta importancia a la nacionalidad del inmigrante como a su ocupación o su voluntad de trabajar en el país. Y cuanta más experiencia tengan en un determinado ámbito profesional, más probabilidades tienen de ser aceptados entre los ciudadanos. La encuesta sólo encontró rechazo hacia aquellos inmigrantes que no hablan inglés o que no lo dominan con suficiente fluidez.
Washington, El País
Había pasado menos de una semana de victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales y ambos partidos ya estaban de acuerdo en una de sus prioridades más inmediatas: la reforma migratoria. Mientras que el presidente demócrata debe cumplir con una promesa que ya hizo en 2008, el Partido Republicano está obligado a demostrar su interés en satisfacer la petición más importante de millones de votantes hispanos y varios de sus líderes ya se han pronunciado.
“Nuestro objetivo no es hacer que los ricos se empobrezcan”, aseguró el senador de Florida, Marco Rubio, en una entrevista con POLITICO. “Se trata de hacer que los pobres sean más ricos, de aumentar la prosperidad de todos los estadounidenses. Y creo que la inmigración es parte de esto. Para que la economía crezca de manera dinámica, este país necesita un sistema migratorio adaptado al siglo XXI”.
Rubio es uno de los políticos hispanos de las filas republicanas que más ha presionado en este sentido, aunque los intereses de su propia coalición llegaron a impedir que el Senado estudiara su propuesta legislativa para aprobar una versión diferente del Dream Act, la ley que creaba una vía para que millones de estudiantes indocumentados accedieran a la ciudadanía. Ahora que los hispanos han emitido su voto -a favor de Obama y a favor de una reforma inmediata-, Rubio podría convertirse en uno de los principales negociadores del nuevo acuerdo.
Los republicanos han visto el futuro de Estados Unidos, han visto el declive y la irrelevancia de su partido, y han concluido que los inmigrantes no eran dañinos después de todo”
“Solo hicieron falta unas elecciones en las que millones de votantes hispanos -muchos de ellos esposas, maridos, hijos, hijas, nietos, primos, compañeros de trabajo y amigos de aquellos despreciados como ‘ilegales’- eligieron de manera mayoritaria a Obama frente al hombre que prometió convertirse en deportador jefe”, afirmaba un editorial del diario The New York Times el pasado fin de semana. “Los republicanos han visto el futuro de Estados Unidos, han visto el declive y la irrelevancia de su partido, y han concluido que los inmigrantes no eran tan dañinos después de todo”.
Obama ya había reconocido antes de las elecciones que la falta de un nuevo sistema fue uno de los errores de su primer mandato. Romney prometió crear un nuevo sistema, pero los hispanos nunca le creyeron. Ahora ambas partes deberán hacer importantes concesiones antes de que la nueva legislación salga adelante. Será una complicada negociación en la que están implicados los intereses de los dos partidos políticos, líderes religiosos, organizaciones empresariales y organizaciones de derechos civiles. Cada uno de ellos defiende intereses propios, con posturas en las que están dispuestos a ceder y otras que no querrán sacrificar aunque eso ponga en peligro otros logros.
El primero de esos grandes condicionantes es la seguridad en la frontera con México. Los republicanos han defendido en los últimos años que no participarían en ninguna negociación hasta que desapareciera la amenaza de violencia en los estados fronterizos y tanto Obama como las autoridades federales han contestado en varias ocasiones que esa seguridad está garantizada y que las entradas ilegales se encuentran en mínimos históricos. Tampoco se han mostrado dispuestos a negociar una posible amnistía o legalización de los 11 millones de indocumentados que se estima residen en el país. Obama ha propuesto que paguen una penalización, aunque todavía no han trascendido grandes detalles al respecto.
Otro de los elementos que tradicionalmente ha separado a ambas partes es la posible penalización a aquellos empresarios que contraten a indocumentados. La creación de un sistema federal, E-Verify, cuya efectividad todavía está por demostrar, no ha demostrado que pueda ser garante de la legalidad de todas las contrataciones. Mientras que algunas organizaciones persiguen una penalización para impedir nuevos abusos a inmigrantes, los empresarios exigen garantías de que habrá trabajadores cualificados para todos los sectores. Una de las claves será, por tanto, la negociación con el sector agrícola, carente de trabajadores nacionales.
Demócratas y Republicanos cuentan por el momento con un amplio respaldo de la población con respecto a la reforma. Según un estudio reciente del Massachusetts Institute of Technology, los estadounidenses no dan tanta importancia a la nacionalidad del inmigrante como a su ocupación o su voluntad de trabajar en el país. Y cuanta más experiencia tengan en un determinado ámbito profesional, más probabilidades tienen de ser aceptados entre los ciudadanos. La encuesta sólo encontró rechazo hacia aquellos inmigrantes que no hablan inglés o que no lo dominan con suficiente fluidez.
