Criminales de guerra podrían eludir a la justicia en Colombia: ONU
Naciones Unidas advirtió el martes que una reforma constitucional propuesta en Colombia podría hacer que soldados y policías no sean castigados por supuestos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno que ha golpeado al país.
La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, le pidió al presidente Juan Manuel Santos y al presidente del Congreso, Roy Barreras, que "reconsideren" su respaldo a la reforma.
Los cambios propuestos al sistema de justicia militar se conocen en medio de las conversaciones de paz con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que buscan poner fin a cinco décadas de conflicto armado en el que decenas de miles de personas han muerto y millones fueron desplazadas.
"Esta reforma podría minar gravemente los esfuerzos que lleva adelante el Gobierno colombiano para asegurarse de que las violaciones a los derechos humanos, supuestamente cometidas por miembros de las fuerzas militares y policiales colombianas, sean debidamente investigadas y los autores se hagan responsables", dijo la portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Cecile Pouilly, en una conferencia de prensa en Ginebra.
De acuerdo con la reforma propuesta, los crímenes de guerra y la detención arbitraria llevados a cabo por el ejército o la policía serían juzgados en tribunales militares. La resolución de los crímenes la efectuaría un organismo militar, "con el consecuente riesgo de impunidad", explicó Pouilly.
Los crímenes de lesa humanidad y la mayoría de las violaciones graves serían excluidos de la jurisdicción militar, agregó la funcionaria.
Pero una fase preliminar de la investigación, esencial para clarificar hechos e identificar sospechosos, la llevarían a cabo instituciones judiciales militares o policiales, en lugar de tratarse de una evaluación independiente a cargo de autoridades judiciales competentes.
Expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron el mes pasado de que los efectivos de las fuerzas militares y policiales sospechosos de crímenes de guerra podrían escapar a la acción judicial bajo las reformas propuestas.
"Resaltando que esta reforma llega en un momento en el que el Gobierno y las FARC están en el medio de negociaciones de paz, deseamos enfatizar que hay disponibles mecanismos judiciales de transición para que Colombia haga frente a las graves violaciones a los derechos humanos y a las leyes humanitarias que ocurrieron y continúan ocurriendo durante el conflicto interno armado", declaró Pouilly.
