Policía militarizada extiende protesta salarial en Argentina
Efectivos de la Prefectura y Gendarmería, policías militarizados que cumplen múltiples funciones en Argentina, ampliaron este miércoles una protesta con manifestaciones callejeras contra una rebaja de salarios que el gobierno atribuye a un error administrativo que investiga. "Estamos acá porque estamos percibiendo un salario indigno y porque trabajamos en malas condiciones. Hasta que no tengamos una solución no nos movemos de aquí", dijo a la AFP Fabián, un suboficial de la Gendarmería que pide omitir su apellido.
El suboficial participa de una manifestación junto a casi un millar de camaradas, en muchos casos con sus esposas e hijos, frente al edificio Centinela, la sede central de la Gendarmería, en el barrio Retiro de la capital argentina.
"¡El sueldo no se toca!", "¡Que vengan los jefes!", gritaban a voz en cuello gendarmes y prefectos en el mitin frente a las sedes de ambas fuerzas de seguridad.
Emanuel, un aspirante a suboficial de 28 años que también pidió el anonimato, afirmó que la protesta continuará "hasta que haya una solución" y sostuvo que todos los objetivos de custodia y patrullaje de la Gendarmería están cubiertos.
Los uniformados "sólo vienen a la manifestación cuando finalizan sus turnos y algunos de ellos se quedan sin dormir", aclaró a la AFP Emanuel.
Con sus recibos de salarios en la mano, los policías que custodian las fronteras, las costas y lugares sensibles como edificios públicos o el exclusivo barrio de Puerto Madero, denunciaban descuentos de entre 30% y 60%.
La mayoría de los casi 40.000 gendarmes y prefectos cobra como personal subalterno entre 2.500 (529 dólares) y 7.000 pesos mensuales, pero hay oficiales que por sentencias judiciales lograron salarios de hasta 90.000 pesos (19.000 dólares), según informes del gobierno.
"La fuerza unida jamás será vencida", gritaban los gendarmes agitando banderas argentinas, mientras un cartel con la imagen de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, señala: "Familiares de gendarmes luchando por sus derechos".
El movimiento iniciado el martes se extendió a ciudades de la periferia de la capital y a las provincias de Córdoba (centro), Santa Fe (centro-este), Santiago del Estero (noroeste), Chaco (nordeste), San Juan (oeste) y Santa Cruz (sur), según un reporte entregado por los manifestantes a la AFP.
La reacción oficial fue convocar a una rueda de prensa con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien dijo que "la reducción salarial fue obra de una acción administrativa francamente desastrosa que hizo la Prefectura Naval en un intento por aplicar un fallo de la Corte Suprema".
"El fallo (judicial) enmienda un antiguo problema de distorsión en los salarios que hace ganar a algunos (jefes) hasta 90.000 pesos (19.000 dólares)", precisó el alto funcionario.
La Corte dictó reciente sentencia para eliminar distorsiones salariales que se habían iniciado en estas fuerzas de seguridad en los años 90, según el jefe de Gabinete.
Abal Medina anunció que los prefectos recibirán de inmediato pagos compensatorios por la reducción salarial y afirmó que el Gobierno tiene "serias sospechas de que los que quieren seguir cobrando 70.000 ó 90.000 pesos están usando a los de abajo (subalternos) como carne de maniobra" en la protesta.
El salario mínimo en Argentina es de unos 2.500 pesos pero las centrales obreras consideran que una familia tipo, con dos hijos, necesita no menos de 6.000 pesos para subsistir.
Abal Medina dijo que el gobierno "va a investigar a los responsables de esta anomalía y a los que quieren generar un caos".
Tras el anuncio del gobierno, voceros de los manifestantes aseguraron que permanecerán movilizados hasta que las autoridades le entreguen por escrito la respuesta a un petitorio de una veintena de puntos que superan el reclamo inicial.
En tanto, el ministerio de Seguridad dispuso el relevo de las cúpulas de la Gendarmería y la Prefectura, entre un total de 20 uniformados pasados a retiro, informó en un comunicado.
El conflicto puso en alerta a organismos de derechos humanos, que alertaron en conferencia de prensa sobre "el oportunismo de ciertos sectores que buscan desestabilizar el orden democrático".
En tanto, los senadores y diputados de todos los partidos instaron "a las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución Nacional", según difundieron en una declaración.
