Ministerio Público solicitará edictos para que ejecutivos de la Jindal declaren en Bolivia
El fiscal Aldo Ortiz, quien investiga el presunto incumplimiento de contrato de la empresa Jindal Steel Bolivia con el gobierno nacional de la explotación de hierro del Mutún en Puerto Suarez, solicitará en los próximos días a la autoridad a cargo del control jurisdiccional la emisión de edictos para que tres ejecutivos de la empresa extranjera se apersonen ante su autoridad y puedan declarar sobre el caso investigado.
El fiscal dijo que si los ejecutivos de la Jindal Steel no se presentan a declarar en el país después de publicadas los edictos se solicitará la emisión de las declaratorias de rebeldía contra el director general de la empresa Arvind Sharma y del presidente del directorio de la Jindal Steel Bolivia Vikrant Gujral.
“Se ha verificado que varios de ellos han salido del país, tenemos los informes de migración en función a ello se ha pedido la notificación por edictos, estamos en ese trámite en cuanto a los edictos, publicaciones y esperamos que se hagan presente estos señores si alegan que van a asumir una defensa que la asuman de forma personal, que ellos se hagan presentes en el país y digan su verdad, porque cada uno puede tener una verdad y en función a ello llegar a la verdad de los hechos investigados. Más allá de eso vamos a esperar que se hagan presentes y recepcionarles sus declaraciones, caso contrario se tendría que declarar la rebeldía de ellos”, explicó el fiscal.
Una vez se plasme las edictos a través de las publicaciones en los medios escritos deberán pasar 10 días para que los investigados se presenten al país para coadyuvar en las investigaciones, caso contrario se asumirán las medidas establecidas en ley, dijo Ortiz.
Además dijo que el delito investigado por el Ministerio Público contra los tres ejecutivos de la Jindal Steel Bolivia es debido al incumplimiento de contrato por la falta de inversión y cuando se obtuvo el movimiento bancario sobre todo de lo que es del Banco de la Nación de la Argentina, del Banco Bisa y otras instituciones financieras se les amplió por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Según el fiscal la Jindal debió invertir 2.1 millones de dólares desde la firma del contrato, en julio de 2007; pero informó que, de acuerdo a la auditoría de la empresa Delta Consult SMS Bolivia, sólo gastaron 12 millones de dólares. Informó también que en los allanamientos a las oficinas de Jindal de la ciudad de Santa Cruz se encontraron varios documentos.
