Gobierno niega conflictos laborales en planta del Salar de Uyuni
El gerente general de la Empresa de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú salió a desmentir que en la planta de cloruro de potasio en Llipi, donde además se construye la planta piloto de litio, se esté yendo en contra de los derechos laborales de los trabajadores y aclaró que el impedimento para que se organicen en un Sindicato tiene que ver con la clase de contrato que tienen.
“Yo no puedo oponerme a que exista un Sindicato, el problema es que la autorización la da el Ministerio de Trabajo, por normativa de la COMIBOL todos los contratos son definidos, todos son contratos a plazo fijo, no sé cómo se puede tener un Sindicato con contratos a plazo fijo, eso tendrá que definirlo el Ministerio”, explicó Echazú a Radio Fides.
Echazú además negó que la planta a orillas del Salar de Uyuni se haya militarizado, como denunciaron dos dirigentes que denunciaron que fueron despedidos por encabezar el Sindicato de Trabajadores, hecho que la autoridad también rechazó.
“Hace más de tres años el resguardo militar se ha pedido, nosotros pagamos al Ejército por este servicio, porque evidentemente es una zona compleja, las operaciones han ido creciendo, las operaciones se extienden varios kilómetros, entonces necesitamos resguardo no solamente para nuestra planta, sino también para terceros”, informó.
La autoridad explicó que el proyecto del Salar de Uyuni está marchando como se tiene planeado, se iniciaron las perforaciones para bombear desde las profundidades del yacimiento la salmuera que es el líquido que termina evaporándose para conseguir magnesio, potasio, litio y otros recursos.
“Hay un proceso complejo de evaporación de piscinas, al mismo tiempo hay un proceso de producción de sales, se evaporan y en el punto crítico las sales se depositan y de ahí salen las sales para su procesamiento, estamos empezando con el cloruro de potasio”, dijo.
Minutos antes que Echazú conversara con Radio Fides, los dirigentes Luis Mamani y Karina Borja, que encabezan el Sindicato de Trabajadores de la Planta de Llipi, reiteraron las denuncias en contra del Gobierno sobre presuntos atropellos en contra de los obreros del Salar, a quienes se negó la posibilidad de organizarse e incluso de reunirse en Asamblea.
“Amenazan a los trabajadores de que si participan de la Asamblea se van a ir, con esos términos están amenazados, otra cosa que nos preocupa es que los militares usan ambulancias para llegar al campamento y tampoco justifica que digan que es un lugar estratégico o zona restringida”, dijo Karina Borja a Radio Fides.
