Evo pide que dirigentes también sean vigilados por Ley de Control Social
La Paz, FidesEl presidente Evo Morales pidió a los redactores del anteproyecto de Ley de Control Social que incluyan en este documento, presentado la noche del martes, a los dirigentes de organizaciones sindicales, campesinas y otras, porque considera que la corrupción es un mal que no sólo aqueja a las instituciones públicas y se ve que aqueja también al sector dirigencial.
“Siento que hay un vacío, espero que no se molesten, tal vez uno o dos pueden molestarse, no solamente la corrupción están en las autoridades de las Alcaldías y de la Gobernación sino también lamentablemente en algunos dirigentes y creo que no está eso en la norma de control social”, dijo Morales en el acto público en el que se presentó este anteproyecto de Ley.
Morales recordó que uno de los temas más preocupantes tiene que ver con la presión que ejercen sobre autoridades del Estado los dirigentes sociales “una vez una fuerza social en 2007 ó 2008 nos han impuesto a un Viceministro, y buen Viceministro”, pasados unos meses estas autoridades renuncian porque ya no aguantan las imposiciones dirigenciales.
“El Viceministro nos dice Presidente no soporto el cargo porque el dirigente principal de la organización que ha propuesto que sea Viceministro me saca plata y no me alcanza el sueldo para eso, yo no voy a robar para dar plata a ese dirigente, quiero renunciar y ha renunciado”, relató Morales.
El presidente pidió a los dirigentes de las fuerzas sociales que no se molesten por estas observaciones y aclaró que “no son todos ni todas, pero a veces por culpa de uno todos quedamos mal” por lo que esto “debería estar en la Ley de Control Social, para ver cómo las bases controlan a sus principales dirigentes, porque el principal dirigente a nombre de sus bases pide plata y pide plata”, concluyó Morales.
Según señala un boletín de la Vicepresidencia del Estado, el anteproyecto de Ley que consta de 41 artículos, cinco títulos, tres disposiciones transitorias y cinco derogatorias tiene el propósito de ejercer el control social en todas las acciones públicas de los cuatro órganos del Estado, en las empresas públicas descentralizadas y autárquicas, empresas mixtas, empresas privadas que prestan servicios públicos y a las entidades autónomas en el marco de la Ley de Autonomías.
El anteproyecto de Ley fue trabajado desde 2008 con 1.557 representantes de 305 organizaciones sociales del territorio nacional en coordinación con técnicos del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
