Una Dilma, se necesita
Humberto Vacaflor GanamBrasil acaba de obsequiar cuatro helicópteros a la policía boliviana para facilitar el control de la frontera, por donde pasa 60% de toda la cocaína que se consume en Brasil, según lo ha dicho el representante de la ONU en Bolivia.
En el último mes, Brasil ha movilizado 9.000 soldados a su frontera, ha enviado aviones para ejercicios conjuntos con la Fuerza Aérea Boliviana y barcos con 800 hombres a los ríos fronterizos, todo para poner freno a ese flujo de droga que entra a su territorio, proveniente del Chapare.
La idea es arreglar la casa para reducir los índices de violencia generados por la droga, a fin de que la FIFA, una autoridad mundial que por momentos abarca muchas cosas más que el fútbol, mantenga a Brasil como la sede del próximo mundial.
Aparte de atender estos temas referidos a la seguridad interna de su país, la señora Dilma Rouseff está tomando iniciativas que deberían servir como referente a quienes manejan la economía de otros países.
El martes próximo, el gobierno brasileño pondrá en práctica un incentivo a la economía que consiste en una rebaja de las tarifas eléctricas de 20% para la industria y 10% para los domicilios. Serán eliminadas algunas cargas tributarias que inciden en el precio de la electricidad. El decir que el fisco se sacrificará un poco con el propósito de ayudar a la economía.
Con el mismo, el gobierno brasileño ha decidido reducir las cargas sociales de 25 sectores productivos. Se calcula que esta decisión signifique que el fisco brasileño pierda unos 6.500 millones de dólares. Un masoquismo fiscal que se justifica porque la medida viene a favorecer a la economía, para que se creen más empleos, más actividad económica y, a la larga, si se piensa con inteligencia, más recaudaciones.
En Bolivia se aplica el criterio opuesto. No existen las leyes básicas de la economía, como la de inversiones, la de minería o la de hidrocarburos.
El sector formal de la economía es mirado como el enemigo al que se debe combatir. Los exportadores son sometidos a un sistema de presiones que se aplica incluso como castigo porque los comerciantes han subido los precios de los productos.
El sector minero es una exhibición de que la economía legal está condenada en Bolivia, pues los asaltantes de minas terminan con el botín en las manos, porque se los entrega el propio presidente, salvo que algún sindicato de una empresa del Estado boliviano se oponga, como está ocurriendo en el caso de Colquiri.
En Bolivia, las tarifas de la energía eléctrica subieron en los últimos años en 73%.
Las recaudaciones tributarias siguen creciendo, pero no porque haya más actividad económica, sino porque los pocos contribuyentes, aquellos que actúan en el sector formal de la economía, tienen que pagar siempre más, a través de métodos muy diversos.
No es este método algo que pueda alentar al surgimiento de una economía sana en Bolivia. Si alguna vez se disiparan los humos tan densos que cubren la realidad económica de Bolivia, con olores fétidos, veríamos que la economía legal, la formal, está en crisis.
Necesitaremos una Dilma para entonces.
