Un resquicio legal podría impulsar el caso Sánchez de Lozada
Washington, ANF
Un resquicio legal podría renovar el esfuerzo de los familiares de las víctimas del llamado “Octubre negro” de 2003 y reactualizar el caso de la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Esa posibilidad podría darse a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según pudo establecer la Agencia de Noticias Fides (ANF) en esa institución autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según la información obtenida, los familiares de las víctimas de la represión podrían apelar ante la CIDH con el argumento de que Estados Unidos no cumple con las normas judiciales porque niega la extradición de Sánchez de Lozada.
La solicitud, se puntualizó en la CIDH, debe ser personal o a través de una organización que represente a las víctimas.
Después de que la semana pasada se conoció el informe de Estados Unidos que rechaza el trámite de extradición, se barajó en La Paz la posibilidad de acudir a la CIDH pero se puso el reparo en que Estados Unidos no es signatario del instrumento interamericano ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en San José, Costa Rica.
No obstante, se aclaró que si la CIDH admite el caso puede, durante el proceso de investigación, solicitar al gobierno de Washington su punto de vista legal sobre la petición de extradición en base a los argumentos y pruebas presentadas por las víctimas de “octubre negro”.
La CIDH es una organización jurídicamente técnica que se encarga de la protección de los derechos humanos en el continente americano.
La misma comisión no tiene capacidad de adjudicar responsabilidades individuales, sino que en su evaluación final responsabiliza a los Estados de los delitos cometidos por los gobiernos, aún si los responsables ya no estén en ejercicio.
Una vez que la CIDH se pronuncia, al final de un largo proceso de investigación y evaluación que puede tomar años, hace recomendaciones acerca de la reparación de los daños ocasionados a las víctimas que abarcan reparaciones morales, económicas y mejora de los sistemas gubernamentales para que el caso no se repita.
Durante la represión armada ocurrida en octubre de 2003 fueron muertos 67 civiles y heridas numerosos.
Tras los sangrientos sucesos de ese año Gonzalo Sánchez de Lozada buscó refugio en Estados Unidos. El ex presidente tiene residencia en Betesda, una zona de clase media alta de Washington DC.
Los familiares de la víctima solicitaron la extradición y la Corte Suprema de Bolivia pidió mediante exhorto suplicatorio a Estados Unidos el traslado del ex gobernante para juzgarlo en Bolivia.
Un resquicio legal podría renovar el esfuerzo de los familiares de las víctimas del llamado “Octubre negro” de 2003 y reactualizar el caso de la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Esa posibilidad podría darse a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según pudo establecer la Agencia de Noticias Fides (ANF) en esa institución autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según la información obtenida, los familiares de las víctimas de la represión podrían apelar ante la CIDH con el argumento de que Estados Unidos no cumple con las normas judiciales porque niega la extradición de Sánchez de Lozada.
La solicitud, se puntualizó en la CIDH, debe ser personal o a través de una organización que represente a las víctimas.
Después de que la semana pasada se conoció el informe de Estados Unidos que rechaza el trámite de extradición, se barajó en La Paz la posibilidad de acudir a la CIDH pero se puso el reparo en que Estados Unidos no es signatario del instrumento interamericano ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en San José, Costa Rica.
No obstante, se aclaró que si la CIDH admite el caso puede, durante el proceso de investigación, solicitar al gobierno de Washington su punto de vista legal sobre la petición de extradición en base a los argumentos y pruebas presentadas por las víctimas de “octubre negro”.
La CIDH es una organización jurídicamente técnica que se encarga de la protección de los derechos humanos en el continente americano.
La misma comisión no tiene capacidad de adjudicar responsabilidades individuales, sino que en su evaluación final responsabiliza a los Estados de los delitos cometidos por los gobiernos, aún si los responsables ya no estén en ejercicio.
Una vez que la CIDH se pronuncia, al final de un largo proceso de investigación y evaluación que puede tomar años, hace recomendaciones acerca de la reparación de los daños ocasionados a las víctimas que abarcan reparaciones morales, económicas y mejora de los sistemas gubernamentales para que el caso no se repita.
Durante la represión armada ocurrida en octubre de 2003 fueron muertos 67 civiles y heridas numerosos.
Tras los sangrientos sucesos de ese año Gonzalo Sánchez de Lozada buscó refugio en Estados Unidos. El ex presidente tiene residencia en Betesda, una zona de clase media alta de Washington DC.
Los familiares de la víctima solicitaron la extradición y la Corte Suprema de Bolivia pidió mediante exhorto suplicatorio a Estados Unidos el traslado del ex gobernante para juzgarlo en Bolivia.