Ultimátum de Fernández a la prensa
La presidenta amenaza al Grupo Clarín y le acusa de no cumplir la Ley de Medios
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
El Gobierno de Argentina ha marcado una fecha clave para la batalla que libra contra el Grupo Clarín, la mayor compañía mediática argentina, dueña del diario de mayor difusión, de canales de televisión en abierto y por cable, de emisoras de radio de onda media y FM, todos ellos situados en los primeros puestos de las listas de audiencia. El Ejecutivo ha anunciado que si antes del próximo 7 de diciembre el grupo no cumple con la Ley de Medios de 2009 y desinvierte en sus empresas audiovisuales, “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
Hasta 2008, la relación entre el mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual presidenta, Cristina Fernández, era buena y fluida. A partir de ese año, en que se produjo en el país la llamada “crisis del campo”, hallar un comentario positivo en Clarín hacia el Gobierno resultó tan difícil como encontrar un mes donde la presidenta no lanzara algún ataque contra Clarín, a quien acusa de difundir un mensaje de “temor”, “miedo”, “desánimo” y “pesimismo”. Fernández ya anunció el 7 de septiembre que “la cadena ilegal” tenía “fecha de vencimiento”. Pero el pasado fin de semana el Gobierno dio un paso más al frente al emitir en la televisión pública un anuncio de casi cuatro minutos y medio, donde dejaba bien sentada su posición sobre el asunto y las medidas que pensaba adoptar:
“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre”, rezaba el espacio publicitario. “O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia. Ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra por fin en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión”.
“Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva Ley de Medios. Con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua, creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿Tres años? Sí. Tres años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone, justamente, en el artículo 161, que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que, cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación”.
El pasado 7 de septiembre, durante un discurso televisado, Cristina Fernández, aclaró que el resto de grupos ya habían cumplido con la Ley de Medios: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga… Es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la Afsca”.
Dos semanas después, el anuncio reproducía aquellas expresiones: “Pero, nobleza obliga, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al Afsca como autoridad de control del sector y de aplicación de la ley. Salvo… el Grupo Clarín”.
El anuncio continuaba:
“Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar cómo máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas: radios AM [Onda Media], FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí. Escuchaste bien: más de 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal”.
Y recalcaba que solo el Grupo Clarín incumple la Ley:
“A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adiviná… Solo quedó el Grupo Clarín. ¿Y entonces? El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161. Y fijó el 7 de diciembre, el 7-D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después… Sí, tres años después de aprobada la Ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al Afsca como autoridad de control y aplicación de la ley; se niega a presentar un plan de adecuación; se niega a cumplir con la Ley”.
El comunicado avanzaba lo que puede ocurrir el 7-D:
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la Ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino”.
El grupo no tardó ni un día en responder al Gobierno en el diario Clarín punto por punto y a través de su propio anuncio televisado: “Aunque el Gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es lo que dice la Ley y la Justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dure el juicio la Justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte. O puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año, como mínimo, tiene la Justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la Ley, lo dice la Justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. Entonces… ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de derecho en la Argentina?
Quedan apenas 68 días. Fernández auguró que en este periodo se producirán “cosas muy estrambóticas”. Pero también asegura sentirse “preparada” para lo que venga. El Grupo Clarín, mientras tanto, confía en la Justicia.
Lecciones de periodismo en Harvard
F.PEREGIL
Cristina Fernández acudió esta semana a la Asamblea de la ONU en EE UU y aprovechó para impartir el miércoles una conferencia en la Universidad de Georgetown (Washington) y otra en Harvard (Boston). Fernández, que lleva un año sin ofrecer una rueda de prensa, tuvo que escuchar cómo un joven venezolano le preguntaba en Harvard: “En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores sino críticos, han recibido durante su Gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en la Argentina?”
Después de contestar que nunca hubo en el país tanta libertad de expresión como ahora, Fernández insinuó que alguien le había dictado la pregunta al estudiante: “Te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir”. Después, otro alumno le dijo: “Soy argentino también y me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que pueden hacerle preguntas”. Fernández explicó que en Argentina se había aprobado la Ley de Medios en 2009. “Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard”, deslizó. Tras cargar contra el “monopolio” del Grupo Clarín, la presidenta volvió a insinuar que a los estudiantes les habían dictado las preguntas: “Sé que hubo muchos mails y periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también esto hace a la libertad”.
Buenos Aires, El País
El Gobierno de Argentina ha marcado una fecha clave para la batalla que libra contra el Grupo Clarín, la mayor compañía mediática argentina, dueña del diario de mayor difusión, de canales de televisión en abierto y por cable, de emisoras de radio de onda media y FM, todos ellos situados en los primeros puestos de las listas de audiencia. El Ejecutivo ha anunciado que si antes del próximo 7 de diciembre el grupo no cumple con la Ley de Medios de 2009 y desinvierte en sus empresas audiovisuales, “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
Hasta 2008, la relación entre el mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual presidenta, Cristina Fernández, era buena y fluida. A partir de ese año, en que se produjo en el país la llamada “crisis del campo”, hallar un comentario positivo en Clarín hacia el Gobierno resultó tan difícil como encontrar un mes donde la presidenta no lanzara algún ataque contra Clarín, a quien acusa de difundir un mensaje de “temor”, “miedo”, “desánimo” y “pesimismo”. Fernández ya anunció el 7 de septiembre que “la cadena ilegal” tenía “fecha de vencimiento”. Pero el pasado fin de semana el Gobierno dio un paso más al frente al emitir en la televisión pública un anuncio de casi cuatro minutos y medio, donde dejaba bien sentada su posición sobre el asunto y las medidas que pensaba adoptar:
“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre”, rezaba el espacio publicitario. “O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia. Ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra por fin en vigencia uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales: el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión”.
“Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009 el poder legislativo aprobó una nueva Ley de Medios. Con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua, creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? ¿Tres años? Sí. Tres años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios. Y dispone, justamente, en el artículo 161, que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que, cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación”.
El pasado 7 de septiembre, durante un discurso televisado, Cristina Fernández, aclaró que el resto de grupos ya habían cumplido con la Ley de Medios: “Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga… Es bueno reconocer las cosas buenas… Otras empresas y grupos mediáticos, que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la Afsca”.
Dos semanas después, el anuncio reproducía aquellas expresiones: “Pero, nobleza obliga, tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al Afsca como autoridad de control del sector y de aplicación de la ley. Salvo… el Grupo Clarín”.
El anuncio continuaba:
“Prestá mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar cómo máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas: radios AM [Onda Media], FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí. Escuchaste bien: más de 240 sistemas de cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal”.
Y recalcaba que solo el Grupo Clarín incumple la Ley:
“A medida que transcurrían los meses varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adiviná… Solo quedó el Grupo Clarín. ¿Y entonces? El 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161. Y fijó el 7 de diciembre, el 7-D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después… Sí, tres años después de aprobada la Ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al Afsca como autoridad de control y aplicación de la ley; se niega a presentar un plan de adecuación; se niega a cumplir con la Ley”.
El comunicado avanzaba lo que puede ocurrir el 7-D:
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la Ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales. Como cualquier hijo de vecino”.
El grupo no tardó ni un día en responder al Gobierno en el diario Clarín punto por punto y a través de su propio anuncio televisado: “Aunque el Gobierno quiere instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es lo que dice la Ley y la Justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dure el juicio la Justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte. O puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año, como mínimo, tiene la Justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la Ley, lo dice la Justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. Entonces… ¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de derecho en la Argentina?
Quedan apenas 68 días. Fernández auguró que en este periodo se producirán “cosas muy estrambóticas”. Pero también asegura sentirse “preparada” para lo que venga. El Grupo Clarín, mientras tanto, confía en la Justicia.
Lecciones de periodismo en Harvard
F.PEREGIL
Cristina Fernández acudió esta semana a la Asamblea de la ONU en EE UU y aprovechó para impartir el miércoles una conferencia en la Universidad de Georgetown (Washington) y otra en Harvard (Boston). Fernández, que lleva un año sin ofrecer una rueda de prensa, tuvo que escuchar cómo un joven venezolano le preguntaba en Harvard: “En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores sino críticos, han recibido durante su Gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en la Argentina?”
Después de contestar que nunca hubo en el país tanta libertad de expresión como ahora, Fernández insinuó que alguien le había dictado la pregunta al estudiante: “Te vi leer la pregunta, seguramente no tenés buena memoria para recordar lo que me querés decir”. Después, otro alumno le dijo: “Soy argentino también y me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que pueden hacerle preguntas”. Fernández explicó que en Argentina se había aprobado la Ley de Medios en 2009. “Es curioso que no haya llegado una información de esta naturaleza a una universidad tan importante como Harvard”, deslizó. Tras cargar contra el “monopolio” del Grupo Clarín, la presidenta volvió a insinuar que a los estudiantes les habían dictado las preguntas: “Sé que hubo muchos mails y periodistas que estuvieron haciendo las preguntas, pero también esto hace a la libertad”.
