Paradoja de la nacionalización y la bonanza en Bolivia
LA PAZ, AFP
Los violentos choques entre mineros de cooperativas y estatales en disputa por un rico filón de estaño tienen en vilo a Bolivia, haciendo temer que la nacionalización de minas abra nuevas batallas por el control de la principal riqueza del país.
Sin embargo, la tensión parecía disminuir algo en la noche del martes tras acordarse el levantamiento de cortes de carretera en seis de los nueve departamentos del país que tuvieron aislada La Paz, mientras el gobierno de Evo Morales intentaba una salida salomónica al conflicto, al proponer que ambos sectores compartan la veta, ubicada a 250 kilómetros de La Paz, en el yacimiento Colquiri.
Esa mina alberga estaño, zinc, plomo y plata y está valorada en 5.092 millones de dólares, según el estatal Servicio Nacional de Minas.
La proposición de compartir la veta fue rechazada por los estatales, que afirman que la misma debe ser íntegramente controlada por la estatal Corporación Minera (COMIBOL), después de que el yacimiento fuera recientemente nacionalizado.
Los altos precios internacionales que registran actualmente los metales y en alguna medida las reacciones de sectores desfavorecidos por el proceso de nacionalización de la minería, pueden dar lugar a nuevos conflictos, según algunos analistas.
Las "nuevas tendencias, todavía secundarias y aisladas, se están vigorizando apresuradamente con la multiplicación de batallas por el control y usufructo de recursos naturales", opina Róger Cortez, profesor de ciencia política de la universidad San Andrés de La Paz.
La semana pasada, miles de mineros de cooperativas privadas llegados de toda Bolivia se manifestaron en La Paz y se enfrentaron con los estatales, incluso con detonaciones de cartuchos de dinamita, en unos choques que dejaron un muerto y nueve heridos.
El primer toque de alerta ocurrió en 2006, apenas instalado en el poder el presidente izquierdista Evo Morales y su ola nacionalizadora, cuando ambos sectores mineros se enfrentaron por el cerro Posokoni de la mina Huanuni, con un saldo de 16 muertos y 61 heridos. Morales nacionalizó la mina, liquidó el contrato de riesgo compartido con la Allied Deals, suscrito en 2000, e incorporó a la planta de COMIBOL a 4.000 cooperativistas mineros.
Luego, vinieron sucesivas nacionalizaciones de minas pequeñas hasta llegar a la mina Colquiri, expropiada en junio a Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore, que opera la mina Porco en contrato de arrendamiento y la Bolívar en riesgo compartido, entre otras.
Según el expresidente de la COMIBOL, Héctor Córdova, depuesto el viernes pasado, fue Sinchi Wayra el que "se reunió con la Cooperativa 26 de febrero para ofrecerles la veta Rosario" ante la inminente nacionalización de sus activos, provocando el actual conflicto entre sectores mineros.
El politólogo Diego Ayo considera notable que "cuando no había nada que repartir, la relación entre ellos era pacífica", abonando la tesis de que los precios internacionales de los metales son los que ahora encienden la disputa por su explotación.
La falta de reglas claras para la explotación de los minerales también es señalada por los mineros como parte del problema. Por ello, cooperativistas y asalariados piden al gobierno una reforma de las leyes que regulan ambos sectores.
El encuadre político no parece ajeno al conflicto. Con las elecciones generales de 2014 a la vuelta de la esquina, el gobierno no parece dispuesto a ganarse la enemistad de ninguno de los dos grupos. "Que el oficialismo tome parte por alguno lo desfavorecería", por tanto "se trata de una disyuntiva política", apuntó el politólogo Marcelo Silva, profesor de la universidad estatal San Andrés.
Morales, que participa en Nueva York de la 67ª Asamblea General de Naciones Unidas, que se inauguró el martes, tiene previsto pronunciar su discurso en el hemiciclo este miércoles por la tarde.
