La Fiscalía sudafricana se sirve de una ley del 'Apartheid' para imputar a los mineros
Madrid, EPLa Fiscalía Nacional sudafricana ha asegurado este lunes que no ha cometido ningún error al imputar cargos por asesinato a 270 mineros por la muerte de 44 compañeros de la mina de Marikana que fallecieron víctimas de los disparos de agentes de la Policía, ha informado el diario sudafricano 'Mail and Guardian'.
En rueda de prensa, el director nacional de la Autoridad Fiscal Nacional, Nongcobo Jiba, ha explicado que los cargos contra los mineros se retirarán esta semana, cuando confirmen su residencia ante las autoridades judiciales, y ha asegurado que la institución que representa no ha cometido ningún error con esta imputación, que se basa en la aplicación de una ley de la época del 'Apartheid' que permite arrestar a todos los miembros de una manifestación si la protesta se convierte en violenta.
"La decisión y el pronunciamento sobre los cargos definitivos contra personas concretas sólo se adoptarán cuando todas las investigaciones estén completadas", ha afirmado Jiba. "Los cargos contra los actuales 270 sospechosos, que de todos modos son provisionales, serán retirados formalmente en su próxima comparecencia. Otros cargos provisionales se mantendrán", ha explicado.
Entre los cargos que se mantendrán contra los mineros figura el de reunión ilegal con armas peligrosas, según el diario sudafricano 'Mail and Guardian'. Tanto Jiba como el responsable de decidir inicialmente la imputación, el director de la zona noroeste de la Fiscalía Nacional Sudafricana, Johan Smit, se han negado a admitir errores en su decisión de imputar a los 270 mineros cargos de asesinato.
"Es de la mayor importancia que, en cuanto existan pruebas que demuestren elementos vinculados con alguna persona, esos cargos se lleven a los tribunales para adoptar una decisión uniforme e informada sobre la libertad bajo fianza", ha dicho Smit.
Por su parte, Jiba ha dicho que la decisión inicial de imponer cargos por asesinato a los 270 mineros se basó en el denominado 'principio del sonido', que permite procesar a todo un grupo por los cargos contra uno de sus integrantes cuando no se logra identificar al sospechoso.
