El otro caso de asilo (y salvoconducto) pendiente en América Latina

Gerardo Lissardy

BBC Mundo

En la embajada de una nación sudamericana está refugiada una figura pública que obtuvo asilo, pero el gobierno local le niega el salvoconducto para salir del país y afirma que primero debe responder a la justicia.

Muchos podrían inferir que se trata del fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuyo refugio en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia se volvió hace poco una noticia mundial.

El gobierno de Evo Morales le ha negado el salvoconducto para dejar Bolivia, aduciendo que Pinto tiene procesos judiciales pendientes por causas relacionadas a delitos comunes.Pero esta vez se trata de Roger Pinto, un senador opositor boliviano que obtuvo hace tres meses el asilo político de Brasil y permanece encerrado en la embajada brasileña de La Paz sin posibilidades de abandonar el país.

Según medios bolivianos, esos procesos incluyen cargos de desacato y corrupción, pero Pinto dice ser víctima de una persecución política y acusa a funcionarios de connivencia con el narcotráfico.

Diferentes observadores creen que la coincidencia de este caso y el de Assange es fortuita, pero demuestra que las decisiones de conceder asilos y salvoconductos diplomáticos suelen ser permeables a factores políticos.

"Hay diálogo"

El fin de semana se cumplen tres meses desde que el gobierno de Dilma Rousseff le concedió el asilo a Pinto, refugiado desde el 28 de mayo en la embajada de Brasil en La Paz.

La situación de Pinto es actualmente motivo de negociaciones entre Brasil y Bolivia, le informó el Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores a BBC Mundo.

"Hay diálogo con el gobierno boliviano sobre este asunto" y "el gobierno brasileño aguarda una solución mutuamente satisfactoria", dijo la misma fuente.

Negó que existan plazos para concluir esas negociaciones y que se considere llevar el caso a organismos internacionales, y sostuvo que Brasil "espera el salvoconducto" para el senador de Convergencia Nacional.

"Coincidencia"

Sin embargo, el gobierno de Morales ha descartado públicamente esa posibilidad.

Pinto, aquí con su hija Dennis en la embajada de Brasil, lleva más de 100 días encerrado.

"La Constitución dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria", declaró la ministra boliviana de comunicación, Amanda Dávila, en julio.

Al mes siguiente, Dávila negó que el caso pueda ser comparable al del fundador de Wikileaks como sostiene la oposición boliviana.

"Pinto, a diferencia del señor Julian Assange, nunca presentó una prueba sobre las presuntas vinculaciones que hubieran entre policías y temas de narcotráfico", dijo.

Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, una ONG fundada por extranjeros para promover los derechos humanos y la justicia social en Bolivia, evaluó que se trata de "dos casos distintos".

"Se ha dado la coincidencia con el caso de Assange, que es mucho más global y complicado", le dijo Ledebur a BBC Mundo.

A su juicio, es necesario analizar estos asuntos caso por caso, porque "el tema del asilo político es político; no hay una regla de asilo político neutral".

¿Incumplimiento?

El gobierno boliviano ha respaldado a Ecuador en la polémica por el caso Assange y Morales advirtió contra la posibilidad de una eventual intervención británica en la embajada de Quito en Londres.

"No estamos en tiempo de invasión ni de saqueo, estamos en tiempo de integración y de trabajo conjunto para nuestros pueblos", dijo Morales el mes pasado.

Rubens Barbosa, ex embajador brasileño en Washington y Londres, afirmó sin embargo que la situación de Pinto "demuestra el incumplimiento de las leyes internacionales" en la región.

"En América Latina existe el instituto del asilo diplomático desde hace décadas, entonces hay que respetar esto", le dijo Barbosa a BBC Mundo. "Bolivia por razones de política interna no quiere".

La convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 señala en su artículo XII que "otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias (…) y el correspondiente salvoconducto".

Mientras que Brasil es parte de esta convención interamericana, Bolivia la firmó pero ha evitado ratificarla desde el momento de su creación, hace más de medio siglo.