Primeros culpables en el mayor caso de corrupción política en Brasil
El Supremo empieza a dirimir la causa, que afecta a varios dirigentes políticos
Juan Arias
Río de Janeiro, El País
Cinco años después de haber recibido la denuncia, el Tribunal Supremo brasileño ha empezado este miércoles a dirimir el caso de corrupción conocido como mensalão (la mensualidad), que a punto estuvo de costarle el cargo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005. Se trata del mayor caso de corrupción política en la historia democrática del país, que juzga supuestos desvíos de fondos públicos para sobornos en el Congreso y financiación ilegal de campañas electorales. Entre los implicados figura el poderoso Partido de los Trabajadores (PT), en el que militan el propio Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff. Aunque el tribunal todavía no había dictado el fallo, la mayoría de los once magistrados del colegio ya habían pronunciado anoche su voto de condena para los cinco acusados sometidos a juicio en esta primera fase del proceso. En total, hay 38 personas sentadas en el banquillo.
Uno de los juzgados en esta primera fase es el diputado João Paulo Cunha, expresidente del Congreso y figura importante del PT, al que se acusa de los delitos de peculado (desvío de fondos públicos), blanqueo de dinero y corrupción pasiva. Con él recibirán su sentencia el empresario publicitario Marcos Valerio y sus socios Cristiano Paz y Ramón Hollerbach, acusados de peculado y corrupción pasiva, y el exdirector del Banco de Brasil, Henrique Pizzolato, acusado de corrupción pasiva, peculado y blanqueo. A falta de que los últimos jueces expresaran su posición, cada uno de los acusados ya ha sido considerado culpable por al menos seis de los once magistrados del tribunal.
El proceso está siendo un auténtico reto para los jueces, que el día 2 de agosto iniciaron la vista con el mayor número de acusados en la historia del tribunal, que ha generado 45.000 páginas de sumario.
La mayor incógnita era precisamente la votación sobre el expresidente del Congreso, ya que se trata del primero de los políticos acusados, cuya sentencia puede influir sobre la absolución o condena del resto de los políticos enjuiciados. Entre ellos se encuentra buena parte de la cúpula del PT en 2005 y el exministro de la Casa Civil y expresidente del partido, José Dirceu, que era entonces la mano derecha de Lula y que ha sido acusado por el fiscal general y por el relator del Supremo de ser el “responsable intelectual” del escándalo de corrupción, a pesar de que existen pocas pruebas concretas. Él siempre se ha declarado inocente. Las declaraciones de voto pronunciadas ayer por los magistrados dejan presagiar sentencias duras para los acusados.
La mayor preocupación del PT y del expresidente Lula es que el Supremo se esté inclinando hacia la tesis de que se trató de desvío de “dinero público”, algo que siempre fue negado por el PT, que admitió solo que se había tratado de recursos de empresas privadas para financiar las campañas electorales.
El desvío de dinero público, supone un delito penal, mientras que el desvío de dinero privado, aunque ilícito, está contemplado en Brasil solo como “delito electoral”, castigado con una multa.
Juan AriasRío de Janeiro, El País
Cinco años después de haber recibido la denuncia, el Tribunal Supremo brasileño ha empezado este miércoles a dirimir el caso de corrupción conocido como mensalão (la mensualidad), que a punto estuvo de costarle el cargo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005. Se trata del mayor caso de corrupción política en la historia democrática del país, que juzga supuestos desvíos de fondos públicos para sobornos en el Congreso y financiación ilegal de campañas electorales. Entre los implicados figura el poderoso Partido de los Trabajadores (PT), en el que militan el propio Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff. Aunque el tribunal todavía no había dictado el fallo, la mayoría de los once magistrados del colegio ya habían pronunciado anoche su voto de condena para los cinco acusados sometidos a juicio en esta primera fase del proceso. En total, hay 38 personas sentadas en el banquillo.
Uno de los juzgados en esta primera fase es el diputado João Paulo Cunha, expresidente del Congreso y figura importante del PT, al que se acusa de los delitos de peculado (desvío de fondos públicos), blanqueo de dinero y corrupción pasiva. Con él recibirán su sentencia el empresario publicitario Marcos Valerio y sus socios Cristiano Paz y Ramón Hollerbach, acusados de peculado y corrupción pasiva, y el exdirector del Banco de Brasil, Henrique Pizzolato, acusado de corrupción pasiva, peculado y blanqueo. A falta de que los últimos jueces expresaran su posición, cada uno de los acusados ya ha sido considerado culpable por al menos seis de los once magistrados del tribunal.
El proceso está siendo un auténtico reto para los jueces, que el día 2 de agosto iniciaron la vista con el mayor número de acusados en la historia del tribunal, que ha generado 45.000 páginas de sumario.
La mayor incógnita era precisamente la votación sobre el expresidente del Congreso, ya que se trata del primero de los políticos acusados, cuya sentencia puede influir sobre la absolución o condena del resto de los políticos enjuiciados. Entre ellos se encuentra buena parte de la cúpula del PT en 2005 y el exministro de la Casa Civil y expresidente del partido, José Dirceu, que era entonces la mano derecha de Lula y que ha sido acusado por el fiscal general y por el relator del Supremo de ser el “responsable intelectual” del escándalo de corrupción, a pesar de que existen pocas pruebas concretas. Él siempre se ha declarado inocente. Las declaraciones de voto pronunciadas ayer por los magistrados dejan presagiar sentencias duras para los acusados.
La mayor preocupación del PT y del expresidente Lula es que el Supremo se esté inclinando hacia la tesis de que se trató de desvío de “dinero público”, algo que siempre fue negado por el PT, que admitió solo que se había tratado de recursos de empresas privadas para financiar las campañas electorales.
El desvío de dinero público, supone un delito penal, mientras que el desvío de dinero privado, aunque ilícito, está contemplado en Brasil solo como “delito electoral”, castigado con una multa.
