La ONU acusa a las fuerzas de Al Assad de "asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias"

Ginebra, EP
Las fuerzas del Gobierno sirio y los rebeldes opositores que combaten contra el régimen han cometido crímenes de guerra en el marco de los combates que libran desde hace más de año y medio, aunque en el caso de la disidencia la "gravedad, frecuencia y escala" de los delitos no alcanza los niveles de los perpetrados por el régimen de Bashar al Assad, según el informe de una comisión de expertos de Naciones Unidas publicado este miércoles.

La comisión independiente, encabezada por el brasileño Paulo Pinheiro, ha alertado de que las tropas gubernamentales y la milicia aliada 'shabbiha' han incurrido en crímenes de guerra y contra la humanidad y cita como ejemplos casos de asesinato y tortura, así como violaciones de hombres, mujeres y niños.

En su informe, de 102 páginas y elaborado en base a mil entrevistas, los expertos de la ONU consideran que existen pruebas "razonables" para determinar que las fuerzas leales a Al Assad han cometido "graves violaciones de la ley internacional sobre Derechos Humanos y de la ley humanitaria internacional, incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias".

Además, también han vinculado al régimen con "detenciones, violencia sexual, ataques indiscriminados, pillaje y destrucción de propiedades", dentro de lo que considera una política orquestada directamente por el Gobierno.

La estadounidense Karen AbuZayd, miembro de la comisión, ha incidido, en declaraciones a Reuters, en que existe una "política de estado" para responder a las revueltas, a la vista de la forma en que se desarrollan "operaciones complejas a gran escala" y del sistema de colaboración entre el Ejército y otros cuerpos de seguridad.

CRÍMENES DE AMBAS PARTES

Las dos partes en conflicto, Gobierno e insurgencia, han perpetrado violaciones de los Derechos Humanos durante los combates que libran desde hace 17 meses y que en las últimas semanas se han extendido a las dos principales ciudades del país, Damasco y Alepo.

Según los expertos de la ONU, los dos bandos han cometido crímenes de guerra, si bien los investigadores han establecido una diferencia entre las partes. En este sentido, han señalado que los delitos de los rebeldes "no han alcanzado la gravedad, frecuencia y escala" que los cometidos por el Ejército y las fuerzas de seguridad.

El informe incluye como crimen de guerra cometido por las tropas del régimen los ataques contra cooperantes de la Media Luna Roja Árabe Siria, mientras que en el caso de los rebeldes se denuncian las ejecuciones de militares y milicianos afines al Gobierno. "Ejecutar a un prisionero sin proporcionarle las garantías jurídicas fundamentales es un crimen de guerra", han subrayado los expertos internacionales.

La responsabilidad es compartida también en lo referente a los ataques contra la población menor de edad, ya que tanto las fuerzas del régimen como la insurgencia armada han violado los derechos de la infancia durante el conflicto.

Alunos de los niños entrevistados para este informe han reconocido que han sido "golpeados, azotados con cables, quemados con cigarrillos o electrocutados en los genitales".

MATANZA DE HOULA

Los investigadores de la ONU han completado su investigación sobre la matanza de Houla, ocurrida a finales de mayo y en la que murieron más de cien civiles, casi la mitad de ellos niños.

Los expertos han respaldado la versión de la oposición y han señalado como autores de esta matanza, una de las mayores cometidas desde el arranque de las revueltas, a las tropas del Gobierno y a milicianos 'shabbiha'.

La comisión que preside Pinheiro se ha comprometido a actualizar su lista de personas o unidades responsables de crímenes en Siria. Dicho documento, de carácter confidencial, será remitido el próximo mes a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Asimismo, la comisión ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte una "acción apropiada" para impedir futuros crímenes en Siria y promover que sus responsables rindan cuentas ante la justicia. El principal órgano de decisiones de la ONU tiene potestad para remitir el caso a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), pero China y Rusia han vetado cualquier resolución crítica con el Gobierno sirio.