España: Rechazo en bloque al plan de cobrar por atender a los sin papeles
- El PP anima a los inmigrantes a regresar a su país
- País Vasco, Andalucía y Cataluña rechazan la medida
- Los médicos alertan del riesgo sanitario
Emilio de Benito / María R. Sahuquillo
Madrid, El País
Si la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es un problema, que desaparezcan. O, en lenguaje de político: “Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y eso es una reflexión que hago con carácter general”. Así lo dijo ayer el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado que España tiene que dejar de ser el “paraíso” de la inmigración ilegal y ha instado a quienes están en situación irregular a volver a su país.
El asunto de la asistencia a los sin papeles es el detonante de estas declaraciones. El 31 de este mes se quedarán sin tarjeta sanitaria, y solo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de solución: que suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Pero la idea solo la apoya el PP.
“Muchos españoles no podrían pagarlo” ha dicho el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, quien duda de la base legal de la medida. “No es solo una cuestión de competencias. No veo es cómo va a firmar un convenio un organismo oficial con alguien que está en situación irregular”. Para Martínez Olmos este proyecto de orden es otro intento de Sanidad de corregir los errores del real decreto ley de los ajustes del 20 de abril, aunque sea “de forma insuficiente”. “Enfermedades como la diabetes, que requieren un tratamiento largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las infecciosas, que cuando no son bien tratadas son una amenaza. El Gobierno tendrá que volver a rectificar. Porque no se puede seguir con chapuzas”.
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, también ha intervenido, y acusó al Gobierno de intentar “criminalizar” a los inmigrantes irregulares al retirarles la atención o condicionarla al pago de un convenio. “El precio que ponen al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ciudadanos de tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio”, ha añadido.
En un entorno más profesional, las críticas son unánimes. Para Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la propuesta no es factible. Además, sostiene, es profundamente injusta. “No me lo explico ni desde el punto de vista político ni ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”, dice.
Basora cree que la única motivación para la exigencia que plantea Sanidad puede ser la intención de hacer aflorar la economía sumergida. “Si no, no se puede entender. Pero, aún así, no es la manera, porque estamos hablando de gente que subsiste en el día a día, muchos con ayuda de organizaciones”, dice. “700 euros al año es una cifra inalcanzable”, zanja. La sociedad ha abierto una web para recoger objetores a los decretos del Gobierno. Ya se han apuntado casi 900 profesionales.
Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia también apuestan por atender a los inmigrantes como al resto de la población.
El PSOE afirma que muchos españoles no podrían pagar las cuotas exigidas
Entre las comunidades que no gobierna el PP, Andalucía y País Vasco ya han mostrado su rechazo. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro que va a seguir manteniendo la “gratuidad” de la sanidad, y que los inmigrantes seguirán siendo atendidos, entre otros asuntos, para evitar “problemas de salud pública”, informa Manuel Planelles.
Cataluña espera a ver la orden, pero mientras tanto afirma que sigue con sus planes de no dejar a nadie sin atender en primaria, y que prepara la instrucción para regular el acceso a la atención hospitalaria y especializada.
Y si esto es así entre profesionales y políticos, las asociaciones de inmigrantes o que les atienden no pueden estar más disgustados. “Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas chapuzas”, dice Vladimir Paspuel, de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui, informa Natalia Junquera. “Muchos han perdido los papeles al quedarse sin trabajo, pero antes habían cotizado. Es una situación tremendamente injusta que se les pida esa cantidad”.
Vladimir insiste en que es “totalmente falso” que el inmigrante abuse de la sanidad. “Hay decenas de estudios que lo demuestran. El famoso turismo sanitario, de extranjeros que vienen a España a operarse, es un fenómeno de ciudadanos comunitarios”, explica.
IU cree que se trata de una muestra del desprecio hacia los extranjeros
También Brígida Moreta, de la organización Pueblos Unidos, cree que es imposible que los extranjeros que están en situación irregular puedan afrontar esa cantidad. “Es un disparate más. Un atropello más para el pobre, para alguien que no solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas oportunidades de trabajar actualmente”, dice.
Mónica García, responsable de Red Acoge, cree que el sistema que ha elegido Sanidad aumentará las desigualdades socioeconómicas de este colectivo en el acceso a los servicios sociales. “Además, las personas en situación irregular contribuyen a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la sanidad pública”, dice. El mismo argumento utiliza la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
En cualquier caso, habrá que esperar a ver en qué se concreta todo esto. Sanidad no ha hecho declaraciones. En una nota indica que el modelo de convenios podrá ser suscrito por “nacionales de terceros países”. En principio, esto incluiría a los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que “en cuanto a los inmigrantes en situación irregular” —como si fueran un grupo aparte—, “el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación”. Como si fuera fácil.
El asunto de la asistencia a los sin papeles es el detonante de estas declaraciones. El 31 de este mes se quedarán sin tarjeta sanitaria, y solo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de solución: que suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Pero la idea solo la apoya el PP.
“Muchos españoles no podrían pagarlo” ha dicho el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, quien duda de la base legal de la medida. “No es solo una cuestión de competencias. No veo es cómo va a firmar un convenio un organismo oficial con alguien que está en situación irregular”. Para Martínez Olmos este proyecto de orden es otro intento de Sanidad de corregir los errores del real decreto ley de los ajustes del 20 de abril, aunque sea “de forma insuficiente”. “Enfermedades como la diabetes, que requieren un tratamiento largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las infecciosas, que cuando no son bien tratadas son una amenaza. El Gobierno tendrá que volver a rectificar. Porque no se puede seguir con chapuzas”.
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, también ha intervenido, y acusó al Gobierno de intentar “criminalizar” a los inmigrantes irregulares al retirarles la atención o condicionarla al pago de un convenio. “El precio que ponen al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ciudadanos de tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio”, ha añadido.
En un entorno más profesional, las críticas son unánimes. Para Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la propuesta no es factible. Además, sostiene, es profundamente injusta. “No me lo explico ni desde el punto de vista político ni ético ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste. Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”, dice.
Basora cree que la única motivación para la exigencia que plantea Sanidad puede ser la intención de hacer aflorar la economía sumergida. “Si no, no se puede entender. Pero, aún así, no es la manera, porque estamos hablando de gente que subsiste en el día a día, muchos con ayuda de organizaciones”, dice. “700 euros al año es una cifra inalcanzable”, zanja. La sociedad ha abierto una web para recoger objetores a los decretos del Gobierno. Ya se han apuntado casi 900 profesionales.
Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia también apuestan por atender a los inmigrantes como al resto de la población.
El PSOE afirma que muchos españoles no podrían pagar las cuotas exigidas
Entre las comunidades que no gobierna el PP, Andalucía y País Vasco ya han mostrado su rechazo. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro que va a seguir manteniendo la “gratuidad” de la sanidad, y que los inmigrantes seguirán siendo atendidos, entre otros asuntos, para evitar “problemas de salud pública”, informa Manuel Planelles.
Cataluña espera a ver la orden, pero mientras tanto afirma que sigue con sus planes de no dejar a nadie sin atender en primaria, y que prepara la instrucción para regular el acceso a la atención hospitalaria y especializada.
Y si esto es así entre profesionales y políticos, las asociaciones de inmigrantes o que les atienden no pueden estar más disgustados. “Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas chapuzas”, dice Vladimir Paspuel, de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui, informa Natalia Junquera. “Muchos han perdido los papeles al quedarse sin trabajo, pero antes habían cotizado. Es una situación tremendamente injusta que se les pida esa cantidad”.
Vladimir insiste en que es “totalmente falso” que el inmigrante abuse de la sanidad. “Hay decenas de estudios que lo demuestran. El famoso turismo sanitario, de extranjeros que vienen a España a operarse, es un fenómeno de ciudadanos comunitarios”, explica.
IU cree que se trata de una muestra del desprecio hacia los extranjeros
También Brígida Moreta, de la organización Pueblos Unidos, cree que es imposible que los extranjeros que están en situación irregular puedan afrontar esa cantidad. “Es un disparate más. Un atropello más para el pobre, para alguien que no solo no tiene trabajo, sino que tiene escasas oportunidades de trabajar actualmente”, dice.
Mónica García, responsable de Red Acoge, cree que el sistema que ha elegido Sanidad aumentará las desigualdades socioeconómicas de este colectivo en el acceso a los servicios sociales. “Además, las personas en situación irregular contribuyen a través de sus impuestos indirectos al sostenimiento de la sanidad pública”, dice. El mismo argumento utiliza la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
En cualquier caso, habrá que esperar a ver en qué se concreta todo esto. Sanidad no ha hecho declaraciones. En una nota indica que el modelo de convenios podrá ser suscrito por “nacionales de terceros países”. En principio, esto incluiría a los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que “en cuanto a los inmigrantes en situación irregular” —como si fueran un grupo aparte—, “el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su situación”. Como si fuera fácil.
