Al menos 49 heridos y 79 detenidos en una manifestación estudiantil en Chile
Los jóvenes señalan que el incendio de tres autobuses urbanos es un montaje y el Gobierno cataloga de "ridículas" las acusaciones
Rocío Montes
Santiago, El País
Una manifestación convocada por los estudiantes secundarios y universitarios chilenos, que no había sido autorizada por las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, culminó este miércoles con disturbios en el centro de Santiago, tres autobuses del transporte público quemados, comercios apedreados y recriminaciones cruzadas entre los dirigentes y el Ejecutivo por la responsabilidad en la violencia.
Los desmanes comenzaron cuando la policía intentó disolver con carros dispersores de agua y gas a los estudiantes que pretendían marchar por la Alameda, pese a que la Intendencia de Santiago, el máximo organismo regional, había negado el permiso necesario para utilizar la principal avenida de la capital chilena. La intendenta Cecilia Pérez había justificado la decisión en que no quería que se repitieran los disturbios de la marcha del 28 de junio pasado, por lo que había propuesto otros dos recorridos alternativos, que fueron rechazados por los jóvenes.
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FOTOGALERÍA Los disturbios en imágenes
Después de la intervención policial, que desembocó en un enfrentamiento con los estudiantes, un grupo de encapuchados quemó tres autobuses del transporte público, con pérdidas de 400 millones de pesos chilenos (unos 650 mil euros). Los vándalos también hicieron barricadas, destruyeron mobiliario público y privado, y apedrearon el hospital de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el edificio de la Telefónica. En total hubo 49 policías heridos y 75 detenidos, entre ellos a un estudiante de 14 años, sospechoso de incendiar los vehículos.
El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, condenó la violencia y responsabilizó a los líderes juveniles de los disturbios. “Saben que están abriendo las puertas al vandalismo y la delincuencia. No pueden eximirse de la responsabilidad que tienen en estas convocatorias”, indicó el secretario de Estado. “¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar, soportar y permitir que un grupo de dirigentes se siente sobre la ley y llame a marchas no autorizadas, inste a la toma de liceos y colegios y amenace con un mes de agosto violento?”, agregó el ministro.
Los dirigentes estudiantiles, que lamentaron los disturbios y tomaron distancia de los vándalos, emplazaron al Gobierno a responder sus peticiones: “Basta de ignorarnos”, indicó Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). “La violencia de hoy en las calles de Santiago se soluciona con respuestas a las demandas que como estudiantes hemos entregado”, sostuvo el universitario.
Los líderes del movimiento, que piensan que el Gobierno pretende criminalizar a los estudiantes, manifestaron además sus dudas con respecto a la autoría de los ataques incendiarios contra los autobuses. “Esto es un montaje del Estado, porque no sabemos quiénes son los encapuchados ni quiénes inician los desórdenes, y conocemos que hay infiltrados de carabineros que intervienen en las manifestaciones”, dijo la portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González.
Los estudiantes han dado a conocer un vídeo de una camioneta de la policía con una gran cantidad de neumáticos, que generalmente son utilizados por los vándalos para las barricadas. También han cuestionado que los autobuses quemados no transitaban por su recorrido habitual. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reaccionó ante las acusaciones: “Es francamente ridículo”, dijo el secretario de Estado.
Los jóvenes piden que se acabe con el sistema impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet, que redujo la participación del Estado en la educación, y exigen un nuevo modelo público, gratuito y de calidad. La manifestación fue convocada por la “nula respuesta” por parte del Gobierno a las demandas educacionales planteadas desde 2011 y en rechazo a la llamada ley Hinzpeter, una iniciativa legal que pretende sancionar con mayor dureza a los encapuchados y que, según el movimiento estudiantil, pretende sobre todo debilitar las manifestaciones sociales.
La última gran marcha, la tercera de este año organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), congregó el 28 de junio a más de 100.000 personas en la capital chilena. La protesta del miércoles, según cálculos de la policía, reunió a unos 5.000 estudiantes en la Alameda.
Rocío MontesSantiago, El País
Una manifestación convocada por los estudiantes secundarios y universitarios chilenos, que no había sido autorizada por las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, culminó este miércoles con disturbios en el centro de Santiago, tres autobuses del transporte público quemados, comercios apedreados y recriminaciones cruzadas entre los dirigentes y el Ejecutivo por la responsabilidad en la violencia.
Los desmanes comenzaron cuando la policía intentó disolver con carros dispersores de agua y gas a los estudiantes que pretendían marchar por la Alameda, pese a que la Intendencia de Santiago, el máximo organismo regional, había negado el permiso necesario para utilizar la principal avenida de la capital chilena. La intendenta Cecilia Pérez había justificado la decisión en que no quería que se repitieran los disturbios de la marcha del 28 de junio pasado, por lo que había propuesto otros dos recorridos alternativos, que fueron rechazados por los jóvenes.
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Después de la intervención policial, que desembocó en un enfrentamiento con los estudiantes, un grupo de encapuchados quemó tres autobuses del transporte público, con pérdidas de 400 millones de pesos chilenos (unos 650 mil euros). Los vándalos también hicieron barricadas, destruyeron mobiliario público y privado, y apedrearon el hospital de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el edificio de la Telefónica. En total hubo 49 policías heridos y 75 detenidos, entre ellos a un estudiante de 14 años, sospechoso de incendiar los vehículos.
El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, condenó la violencia y responsabilizó a los líderes juveniles de los disturbios. “Saben que están abriendo las puertas al vandalismo y la delincuencia. No pueden eximirse de la responsabilidad que tienen en estas convocatorias”, indicó el secretario de Estado. “¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar, soportar y permitir que un grupo de dirigentes se siente sobre la ley y llame a marchas no autorizadas, inste a la toma de liceos y colegios y amenace con un mes de agosto violento?”, agregó el ministro.
Los dirigentes estudiantiles, que lamentaron los disturbios y tomaron distancia de los vándalos, emplazaron al Gobierno a responder sus peticiones: “Basta de ignorarnos”, indicó Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). “La violencia de hoy en las calles de Santiago se soluciona con respuestas a las demandas que como estudiantes hemos entregado”, sostuvo el universitario.
Los líderes del movimiento, que piensan que el Gobierno pretende criminalizar a los estudiantes, manifestaron además sus dudas con respecto a la autoría de los ataques incendiarios contra los autobuses. “Esto es un montaje del Estado, porque no sabemos quiénes son los encapuchados ni quiénes inician los desórdenes, y conocemos que hay infiltrados de carabineros que intervienen en las manifestaciones”, dijo la portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González.
Los estudiantes han dado a conocer un vídeo de una camioneta de la policía con una gran cantidad de neumáticos, que generalmente son utilizados por los vándalos para las barricadas. También han cuestionado que los autobuses quemados no transitaban por su recorrido habitual. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reaccionó ante las acusaciones: “Es francamente ridículo”, dijo el secretario de Estado.
Los jóvenes piden que se acabe con el sistema impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet, que redujo la participación del Estado en la educación, y exigen un nuevo modelo público, gratuito y de calidad. La manifestación fue convocada por la “nula respuesta” por parte del Gobierno a las demandas educacionales planteadas desde 2011 y en rechazo a la llamada ley Hinzpeter, una iniciativa legal que pretende sancionar con mayor dureza a los encapuchados y que, según el movimiento estudiantil, pretende sobre todo debilitar las manifestaciones sociales.
La última gran marcha, la tercera de este año organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), congregó el 28 de junio a más de 100.000 personas en la capital chilena. La protesta del miércoles, según cálculos de la policía, reunió a unos 5.000 estudiantes en la Alameda.
