Para Vicepresidente ni los mejores gobiernos se libran de la corrupción
La Paz, ANF
El Vicepresidente Álvaro García Linera, lamentó este jueves que nuevamente los actos de corrupción empañen la imagen de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por lo que prometió duras sanciones para los funcionarios públicos involucrados, aunque señaló que ni en los mejores gobiernos se pueden librar de este mal, a pesar de la existencia de leyes y mecanismos anticorrupción como el caso de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, norma vigente por el Gobierno del presidente Evo Morales.
En conferencia de prensa, anunció que en futuras licitaciones se implementará en los contratos que tenga el Estado una clausula que establezca sanciones económicas y penales en contra de la empresa que sobornen a un funcionario público.
“Lamentó este tipo de actos dolosos en contra de los recursos e intereses del Estado, reconocer que hay corrupción hasta en el Vaticano (…) en actos de corrupción no hay encubrimiento, ni el presidente ni el vicepresidente van a socapar, o, encubrir ningún tipo de corrupción, sea quien sea la personas involucrada, todos se van a la cárcel donde asumirán los costos de su responsabilidad”, manifestó García Linera.
La Comisión de Fiscales Anticorrupción, compuesta por Carlos Candia y Anuncio Piérola, citará a una veintena de personas integrantes de la comisión calificadora de los proyectos de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, por supuestas irregularidades en contratos que superan los 600 millones de dólares. Por lo que también se amplió las investigaciones a personeros de las empresas que participaron en las licitaciones, entre ellas Pentechs, Aesa y una alemana.
Gerson Richard Rojas Terán, ex gerente nacional de planta de separación de líquidos de YPFB está acusado por uso indebido de bienes del Estado y posible enriquecimiento ilícito, al igual que Agustín Javier Ugarte Méndez, ex director de proyectos Gran Chaco. Ambos ex ejecutivos mantenían una estrecha relación de amistad y, según las pesquisas, aumentaban los puntos de montos para las licitaciones con el fin de favorecerse con miles de dólares.
En 2009 se descubrió un acto de corrupción en contra del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, la ex autoridad fue sentenciada en enero pasado a 12 años de cárcel por delitos de corrupción en la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
El Vicepresidente Álvaro García Linera, lamentó este jueves que nuevamente los actos de corrupción empañen la imagen de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por lo que prometió duras sanciones para los funcionarios públicos involucrados, aunque señaló que ni en los mejores gobiernos se pueden librar de este mal, a pesar de la existencia de leyes y mecanismos anticorrupción como el caso de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, norma vigente por el Gobierno del presidente Evo Morales.
En conferencia de prensa, anunció que en futuras licitaciones se implementará en los contratos que tenga el Estado una clausula que establezca sanciones económicas y penales en contra de la empresa que sobornen a un funcionario público.
“Lamentó este tipo de actos dolosos en contra de los recursos e intereses del Estado, reconocer que hay corrupción hasta en el Vaticano (…) en actos de corrupción no hay encubrimiento, ni el presidente ni el vicepresidente van a socapar, o, encubrir ningún tipo de corrupción, sea quien sea la personas involucrada, todos se van a la cárcel donde asumirán los costos de su responsabilidad”, manifestó García Linera.
La Comisión de Fiscales Anticorrupción, compuesta por Carlos Candia y Anuncio Piérola, citará a una veintena de personas integrantes de la comisión calificadora de los proyectos de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, por supuestas irregularidades en contratos que superan los 600 millones de dólares. Por lo que también se amplió las investigaciones a personeros de las empresas que participaron en las licitaciones, entre ellas Pentechs, Aesa y una alemana.
Gerson Richard Rojas Terán, ex gerente nacional de planta de separación de líquidos de YPFB está acusado por uso indebido de bienes del Estado y posible enriquecimiento ilícito, al igual que Agustín Javier Ugarte Méndez, ex director de proyectos Gran Chaco. Ambos ex ejecutivos mantenían una estrecha relación de amistad y, según las pesquisas, aumentaban los puntos de montos para las licitaciones con el fin de favorecerse con miles de dólares.
En 2009 se descubrió un acto de corrupción en contra del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, la ex autoridad fue sentenciada en enero pasado a 12 años de cárcel por delitos de corrupción en la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice, encargada de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.