Mursi dice que restaurando el Parlamento se quería "evitar un vacío de poder"
El Cairo, EPLa oficina de Presidencia de Egipto ha señalado que su decisión de emitir un decreto para restaurar el Parlamento tenía como objetivo de "evitar que se produjera un vacío de poder a nivel legislativo", según ha informado el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.
"El objetivo era elegir el momento indicado para implementar (la medida) en el interés del pueblo y el país y para preservar la autoridad del Estado, especialmente la del Parlamento, que fue elegido para llevar a cabo ciertas funciones, para evitar un vacío de poder a nivel legislativo", dice el comunicado.
El presidente, Mohamed Mursi, ha vuelto a defender su compromiso con las leyes aprobadas en Egipto y con las sentencias que dicten los tribunales del país. "Si la decisión del Tribunal Constitucional evita que el Parlamento lleve a cabo sus funciones, la respetamos, porque somos un Estado de Derecho", valora el texto, según ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.
Además, Mursi ha tendido la mano a las fuerzas políticas y a las autoridades judiciales para iniciar un diálogo y resolver las discrepancias surgidas sobre la legitimidad del Parlamento. Asimismo, se ha mostrado partidario de "gestionar los poderes del Estado" y trabajar para "evitar cualquier confrontación".
La Presidencia ha asegurado que "habrá consultas con todas las fuerzas políticas, instituciones y el consejo supremo de las autoridades judiciales". El objetivo es "encontrar la mejor forma de salir de esta situación y superarla juntos", según Mursi.
La declaración presidencial se ha producido un día después de que el Tribunal Constitucional fallase contra el decreto dictado por Mursi para restaurar el Parlamento, y dos semanas después de que la máxima instancia judicial anulase un tercio de los escaños de la Asamblea Popular y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas disolviese las cámaras.
En su decreto del domingo, la Presidencia egipcia defendió la permanencia de los actuales órganos parlamentarios hasta la celebración unos comicios en los 60 días siguientes a la entrada en vigor de una nueva Constitución.
