Ministra Suxo solicitó a Defensa abrir procesos por caso barcazas

La Paz, ANF
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, solicitó al ministro de Defensa, Rubén Saavedra, luego de evaluar la documentación respectiva que se encargue de la apertura de proceso legales para esclarecer la compra de barcazas y empujadores que no llegaron al país, a pesar de haber pagado por adelantado a la empresa china General Marine Business (GMB) , proceder a la apertura de procesos para el pago de los perjuicios ocasionados por el retraso de la entrega de los dos remolcadores y 16 barcazas por los que el Estado pagó 25 millones de dólares.

Si bien las barcazas fueron entregadas de forma provisional en marzo de 2011, siguen almacenadas en un astillero en China, hasta que se concluyan los empujadores, que están construidos en un 80% y que hoy están embargados en un astillero subcontratado por la empresa china GMB.

“Esa denuncia no me ha llegado oficialmente, sin embargo, el ministro de Defensa me ha remitido todos los documentos, hemos hecho la valoración jurídica y hemos hecho conocer las conclusiones de esta información al ministro solicitándole que se hagan los procesos correspondientes”, dijo la ministra.

Según la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), la demora en la construcción de los empujadores se debe a que la empresa china constructora detuvo la construcción debido a las condiciones climáticas que afectaban en la soldadura de los remolcadores. Además porque la Sociedad de Clasificación Korean Register, responsable de la supervisión técnica, hizo observaciones en los planos y asientos de las máquinas en el área de ingeniería de propulsión que exigió la devolución del sistema hidráulico, lo que causó un ajuste en las fechas de entrega y cumplimiento.

Enabol pagó adicionalmente a los 25 millones de dólares, por el transporte, tres millones de dólares de forma anticipada, desde Weihai, China, hasta Argentina para el trasladado de las barcazas.

Enabol y la compañía china suscribieron cuatro adendas hasta noviembre de 2011 para modificar los plazos de entrega de esos bienes; sin embargo, desde esa fecha hasta ahora se aplicó sólo una penalidad.