La Presidencia egipcia no se pronuncia sobre la disolución del Parlamento
El Cairo, EPLa Presidencia de Egipto ha declinado hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Constitucional de Egipto de invalidar el decreto promovido por el presidente, Mohamed Mursi, y por el cual el Parlamento ha reanudado sus sesiones en contra de lo dictado previamente por el órgano judicial.
El portavoz de Mursi, Yasser Alí, se ha limitado a comentar que la decisión del presidente se debió a su deseo de mantener el funcionamiento del Parlamento durante esta etapa, que ha definido de crítica en la historia del país, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
El pasado 14 de junio, poco antes de las elecciones presidenciales, el Constitucional anuló un tercio de los escaños de la Asamblea Popular con el argumento de que durante los comicios legislativos celebrados entre noviembre y enero no se habían respetado los criterios para la elección de diputados independientes recogidos en la Declaración Constitucional.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas --órgano de gobierno del país desde el derrocamiento del exdictador Hosni Mubarak en febrero de 2011 hasta la reciente llegada al poder de Mursi-- disolvió la Asamblea en cumplimiento del fallo.
Sin embargo, Mursi, el primer presidente civil después de seis de décadas de jefes de Estado militares, convocó el pasado domingo la Asamblea Popular. La Cámara Baja celebró este martes su primer pleno tras la disolución.
La sentencia de este martes es definitiva, según ha advertido el propio Tribunal Constitucional, que ha negado cualquier posibilidad de recurso. En este sentido, ha subrayado que el fallo es vinculante para "todas las autoridades y personas".
La máxima instancia judicial egipcia ha criticado en su resolución la decisión de Mursi de convocar el Parlamento por suponer "un obstáculo contra la ejecución del veredicto previo", el del 14 de junio.
En su decreto del domingo, la Presidencia egipcia defendió la permanencia de las actuales cámaras parlamentarias hasta la celebración unos comicios en los 60 días siguientes a la entrada en vigor de una nueva Constitución.
