Gobierno inicia consulta sin cumplir sentencia del TCP que exige concertar la forma
Trinidad, Erbol
El gobierno nacional inició este domingo la consulta a las comunidades del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), sobre la intangibilidad de la reserva natural y la construcción de una carretera, sin cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que exige concertar la forma de la consulta con los beneficiarios antes de su aplicación.
El fallo del TCP 0300/2012 en su resolución tercera declara la Constitucionalidad Condicionada de la ley 222 de Consulta en sus artículos 1, 6 y 9, y la condiciona a ser concertada.
Pese a esta vulneración, el gobierno inauguró este domingo la consulta con dos actos simultáneos en las comunidades de Oromomo y San Miguelito donde participaron los ministros de Medio Ambiente y de Obras Públicas, respectivamente, en presencia de autoridades del Tribunal Electoral y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Abuso de poder
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, aseveró que en este caso “está claramente demostrado un abuso de poder” de parte del gobierno nacional que busca imponerse con el único propósito de construir una carretera en la reserva natural.
“Estamos muy preocupados porque al parecer solo se estaría cumpliendo formalidades para un objetivo que ha estado claro (desde siempre), el tema de la carretera”, señaló.
Aseguró que la consulta no fue concertada y por el contrario el gobierno dividió a las organizaciones indígenas. En ese sentido, lamentó que la historia de maltrato, abuso y humillación contra los pueblos indígenas se vuelva a repetir. “Lamentablemente podemos decir que la historia de los pueblos indígenas de división, de exclusión, con medidas y acciones bien dibujadas se repite”, dijo.
Estrategia de división del gobierno
La estrategia de dividir a los indígenas de tierras bajas del oriente boliviano comenzó después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara la Ley 222 que promueve la consulta a solicitud del CONISUR (Consejo Indígena del Sur), aliado del gobierno.
Oromomo, uno de los dos lugares donde inició la “consulta post”, fue la primera comunidad del TIPNIS que visitó en marzo Evo Morales llevando regalos y promesas de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Tras esa visita se conformó una dirección paralela en la Subcentral de Sécure a la cabeza de Carlos Fabricano, quien fue elegido por un sector de comunidades de ese lado del parque, desconociendo así a Emilio Noza como presidente de esa organización.
Días después algo similar ocurrió en la Central de Pueblos Étnicos del Beni (CPMB), cuyas bases desconocieron a Pedro Vare por transar con el gobierno un acuerdo programático sin consultar a los pueblos a los que representa y en su lugar eligieron a Nazaret Flores, quien rechaza la consulta post y está a favor de que la carretera no pase por la mitad del TIPNIS.
A estos dos casos se suma lo ocurrido en la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), en ambas sus dirigentes fueron desconocidos por sus bases debido a que firmaron acuerdos con el gobierno para no participar de la IX marcha.
La campaña mediática del gobierno se incrementó a partir de marzo de este año, misma que sirvió para desacreditar a los dirigentes indígenas que lideraron las dos últimas marchas en defensa del TIPNIS y para mostrar los supuestos beneficios que iba a representar a las comunidades la carretera por en medio de la reserva ecológica.
Hubo también publicaciones, como el folleto “Atrapados en el Paraíso”, que afirma que en el TIPNIS hay sólo un bachiller, que los niños mueren con picaduras de serpientes y que los indígenas viven en la pobreza a falta de una carretera.
A esto se suma los regalos que llevó Morales y sus ministros a varias comunidades del TIPNIS, como motores fuera de borda, generadores de electricidad, material escolar, material deportivo, carnetización, antenas parabólicas, entre otros.
También hubo sobrevuelos del presidente Evo Morales junto a periodistas para tratar de convencer que la única alternativa para el tramo dos de la cuestionada carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos era partiendo el Isiboro Sécure en dos, porque a su juicio la alternativa de cambiar la ruta por un lado del parque era inviable debido a la existencia de muchos ríos.
La concertación debe ser previa
En anteriores declaraciones, el presidente del TCP, Ruddy Flores Monterrey, subrayó que el fallo constitucional de la ley 222 demanda la concertación de contenidos y procedimientos previos para la realización de la consulta en el Tipnis y no la concertación en el desarrollo del mismo.
“La sentencia es absolutamente clara y explícita al respecto y señala que debe haber concertación con carácter previo y preliminar de los contenidos y procedimientos para llevar adelante la consulta, porque son los procedimientos los que van a definir cómo se va a llevar la consulta”, sostuvo el magistrado en declaraciones a Erbol.
No obstante, el pasado 3 de julio, los Ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “concertaron” con 45 comunidades del Tipnis la realización de la consulta en una reunión donde la mayoría de los corregidores se limitaron a dar su nombre.
Luego se conoció, por denuncias del presidente de la Sub central Tipnis, Fernando Vargas, que sólo “18 corregidores con los que firmó el gobierno la supuesta concertación, son titulares, el resto no son del TIPNIS”.
Comunidades en apronte
El dirigente del Tipnis, Yosid Fabricano, informó que las comunidades se encuentran en vigilia permanente para decirle no a una consulta que fue amañada por el gobierno, quien entregó regalos como “carnada” para convencer a los indígenas.
“Acordamos que todas las comunidades van a estar preparadas pacíficamente para defender el no a la consulta, esa es una decisión tomada porque ni siquiera se puede sostener diálogo con las autoridades que sólo velan por sus intereses”, sostuvo Fabricano en declaraciones a Erbol.
Señaló que el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, visitó la víspera la comunidad de San Lorenzo para anunciar nuevos proyectos, pero no fue bien recibido por lo que tuvo que irse del lugar.
“Contadas persona recibieron al Ministro Quintana en nuestra comunidad (San Lorenzo), no fue como al él le gusta, así que solo se refirió a dos proyectos que iban a dar, anuncios que siempre usan como carnada para realizar la consulta”, señaló.
El corregidor de Gundonovia, Simón Noza, avisó que su comunidad se atrincheró en rechazo a la consulta que busca como único objetivo construir la carretera por medio del parque natural.
“Nuestra comunidad está sobre la ribera del río y hemos puesto un alambre templado para que la población y el pueblo boliviano sepa que nos hemos atrincherado como lo hicieron los policías en la plaza Murillo”, remarcó.
Denunció que el gobierno no cumple ni sus propias leyes porque hasta el momento, indicó, “no conocemos el protocolo, no lo han ejecutado acá, nadie sabe cómo va a ser el diálogo, cómo va ser la consulta porque se dice que hasta los niños de 10 años van a participar”.
Informó que en un cabildo realizado la víspera los indígenas resolvieron mantenerse en vigilia. “Nuestra postura es no a la carretera y al rechazar la consulta estamos diciendo no a la carretera”.
Intangibilidad, el pretexto
El gobierno recurrió a la aplicación de la consulta por la supuesta restricción al uso de los recursos naturales de parte de los comunarios, declarada en la ley 180 de intangibilidad del Tipnis; sin embargo, esta situación está claramente definida en artículos de la Constitución Política del Estado.
El artículo 388, sobre recursos forestales señal que “Las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”.
Esta situación está reforzada en el artículo 403, inciso I del capítulo Noveno sobre Tierra y Territorio, donde señala que “Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios…”
El inciso II del artículo 385, de la Sección III sobre Áreas Protegidas, indica que “Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario
campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos,
respetando el objeto de creación de estas áreas”.
Entonces la ley 180 sobre intangibilidad del Tipnis, como ley menor debe ser sometida a la Constitución Política del Estado como norma suprema, para su aplicación.
El inciso II del artículo 410, sobre Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución, señala que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”.
El gobierno nacional inició este domingo la consulta a las comunidades del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), sobre la intangibilidad de la reserva natural y la construcción de una carretera, sin cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que exige concertar la forma de la consulta con los beneficiarios antes de su aplicación.
El fallo del TCP 0300/2012 en su resolución tercera declara la Constitucionalidad Condicionada de la ley 222 de Consulta en sus artículos 1, 6 y 9, y la condiciona a ser concertada.
Pese a esta vulneración, el gobierno inauguró este domingo la consulta con dos actos simultáneos en las comunidades de Oromomo y San Miguelito donde participaron los ministros de Medio Ambiente y de Obras Públicas, respectivamente, en presencia de autoridades del Tribunal Electoral y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Abuso de poder
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, aseveró que en este caso “está claramente demostrado un abuso de poder” de parte del gobierno nacional que busca imponerse con el único propósito de construir una carretera en la reserva natural.
“Estamos muy preocupados porque al parecer solo se estaría cumpliendo formalidades para un objetivo que ha estado claro (desde siempre), el tema de la carretera”, señaló.
Aseguró que la consulta no fue concertada y por el contrario el gobierno dividió a las organizaciones indígenas. En ese sentido, lamentó que la historia de maltrato, abuso y humillación contra los pueblos indígenas se vuelva a repetir. “Lamentablemente podemos decir que la historia de los pueblos indígenas de división, de exclusión, con medidas y acciones bien dibujadas se repite”, dijo.
Estrategia de división del gobierno
La estrategia de dividir a los indígenas de tierras bajas del oriente boliviano comenzó después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara la Ley 222 que promueve la consulta a solicitud del CONISUR (Consejo Indígena del Sur), aliado del gobierno.
Oromomo, uno de los dos lugares donde inició la “consulta post”, fue la primera comunidad del TIPNIS que visitó en marzo Evo Morales llevando regalos y promesas de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Tras esa visita se conformó una dirección paralela en la Subcentral de Sécure a la cabeza de Carlos Fabricano, quien fue elegido por un sector de comunidades de ese lado del parque, desconociendo así a Emilio Noza como presidente de esa organización.
Días después algo similar ocurrió en la Central de Pueblos Étnicos del Beni (CPMB), cuyas bases desconocieron a Pedro Vare por transar con el gobierno un acuerdo programático sin consultar a los pueblos a los que representa y en su lugar eligieron a Nazaret Flores, quien rechaza la consulta post y está a favor de que la carretera no pase por la mitad del TIPNIS.
A estos dos casos se suma lo ocurrido en la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), en ambas sus dirigentes fueron desconocidos por sus bases debido a que firmaron acuerdos con el gobierno para no participar de la IX marcha.
La campaña mediática del gobierno se incrementó a partir de marzo de este año, misma que sirvió para desacreditar a los dirigentes indígenas que lideraron las dos últimas marchas en defensa del TIPNIS y para mostrar los supuestos beneficios que iba a representar a las comunidades la carretera por en medio de la reserva ecológica.
Hubo también publicaciones, como el folleto “Atrapados en el Paraíso”, que afirma que en el TIPNIS hay sólo un bachiller, que los niños mueren con picaduras de serpientes y que los indígenas viven en la pobreza a falta de una carretera.
A esto se suma los regalos que llevó Morales y sus ministros a varias comunidades del TIPNIS, como motores fuera de borda, generadores de electricidad, material escolar, material deportivo, carnetización, antenas parabólicas, entre otros.
También hubo sobrevuelos del presidente Evo Morales junto a periodistas para tratar de convencer que la única alternativa para el tramo dos de la cuestionada carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos era partiendo el Isiboro Sécure en dos, porque a su juicio la alternativa de cambiar la ruta por un lado del parque era inviable debido a la existencia de muchos ríos.
La concertación debe ser previa
En anteriores declaraciones, el presidente del TCP, Ruddy Flores Monterrey, subrayó que el fallo constitucional de la ley 222 demanda la concertación de contenidos y procedimientos previos para la realización de la consulta en el Tipnis y no la concertación en el desarrollo del mismo.
“La sentencia es absolutamente clara y explícita al respecto y señala que debe haber concertación con carácter previo y preliminar de los contenidos y procedimientos para llevar adelante la consulta, porque son los procedimientos los que van a definir cómo se va a llevar la consulta”, sostuvo el magistrado en declaraciones a Erbol.
No obstante, el pasado 3 de julio, los Ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “concertaron” con 45 comunidades del Tipnis la realización de la consulta en una reunión donde la mayoría de los corregidores se limitaron a dar su nombre.
Luego se conoció, por denuncias del presidente de la Sub central Tipnis, Fernando Vargas, que sólo “18 corregidores con los que firmó el gobierno la supuesta concertación, son titulares, el resto no son del TIPNIS”.
Comunidades en apronte
El dirigente del Tipnis, Yosid Fabricano, informó que las comunidades se encuentran en vigilia permanente para decirle no a una consulta que fue amañada por el gobierno, quien entregó regalos como “carnada” para convencer a los indígenas.
“Acordamos que todas las comunidades van a estar preparadas pacíficamente para defender el no a la consulta, esa es una decisión tomada porque ni siquiera se puede sostener diálogo con las autoridades que sólo velan por sus intereses”, sostuvo Fabricano en declaraciones a Erbol.
Señaló que el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, visitó la víspera la comunidad de San Lorenzo para anunciar nuevos proyectos, pero no fue bien recibido por lo que tuvo que irse del lugar.
“Contadas persona recibieron al Ministro Quintana en nuestra comunidad (San Lorenzo), no fue como al él le gusta, así que solo se refirió a dos proyectos que iban a dar, anuncios que siempre usan como carnada para realizar la consulta”, señaló.
El corregidor de Gundonovia, Simón Noza, avisó que su comunidad se atrincheró en rechazo a la consulta que busca como único objetivo construir la carretera por medio del parque natural.
“Nuestra comunidad está sobre la ribera del río y hemos puesto un alambre templado para que la población y el pueblo boliviano sepa que nos hemos atrincherado como lo hicieron los policías en la plaza Murillo”, remarcó.
Denunció que el gobierno no cumple ni sus propias leyes porque hasta el momento, indicó, “no conocemos el protocolo, no lo han ejecutado acá, nadie sabe cómo va a ser el diálogo, cómo va ser la consulta porque se dice que hasta los niños de 10 años van a participar”.
Informó que en un cabildo realizado la víspera los indígenas resolvieron mantenerse en vigilia. “Nuestra postura es no a la carretera y al rechazar la consulta estamos diciendo no a la carretera”.
Intangibilidad, el pretexto
El gobierno recurrió a la aplicación de la consulta por la supuesta restricción al uso de los recursos naturales de parte de los comunarios, declarada en la ley 180 de intangibilidad del Tipnis; sin embargo, esta situación está claramente definida en artículos de la Constitución Política del Estado.
El artículo 388, sobre recursos forestales señal que “Las comunidades indígena originario campesinas situadas dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”.
Esta situación está reforzada en el artículo 403, inciso I del capítulo Noveno sobre Tierra y Territorio, donde señala que “Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios…”
El inciso II del artículo 385, de la Sección III sobre Áreas Protegidas, indica que “Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario
campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos,
respetando el objeto de creación de estas áreas”.
Entonces la ley 180 sobre intangibilidad del Tipnis, como ley menor debe ser sometida a la Constitución Política del Estado como norma suprema, para su aplicación.
El inciso II del artículo 410, sobre Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución, señala que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”.