Róger Pinto tiene 20 procesos pendientes ante la justicia boliviana

La Paz, Abi
El senador por Convergencia Nacional (CN), Róger Pinto, enfrenta 20 procesos penales ante la justicia boliviana, entre los que se encuentran juicios por los delitos de desacato, corrupción y venta irregular de terrenos, entre otros.

Esta situación hizo, que en lugar de responder ante esos juicios, busque eludirlos, y en esa perspectiva el 28 de mayo solicitó asilo en la embajada de Brasil, cuyo Gobierno respondió ayer positivamente al pedido.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado Moisés Ponce de León un asilo en el caso de Pinto no corresponde, porque el asambleísta "no es perseguido político, sino es investigado por procesos penales como cualquier persona común y corriente".

Pinto, nació en Pando el 23 de abril de 1969, está casado y tiene tres hijas. De profesión abogado fue senador por Podemos, partido liderado por el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, entre 2005 y 2010; posteriormente y hasta la actualidad siguió fungiendo como senador, pero por la unidad Convergencia Nacional - Plan Progreso Bolivia (CN- PPB).

De acuerdo con los procesos instaurados en su contra se contabilizan: Dos por irregularidades en fondos de avance, cuatro por desbosque, cuatro por incumplimiento de deberes, uno por venta irregular de terrenos, uno por corrupción, uno por contratos lesivos al Estado, cinco por desacato, uno por sedición y otro por desacato y sedición.

El asambleísta también se desempeñó como prefecto de Pando, en años anteriores, y lideró asociaciones de ganaderos de su región, fue presidente de la Corte Departamental Electoral y de la Cooperativa de Teléfonos, también de Pando, entre otros.

En la actualidad está a la espera del salvoconducto que el Gobierno debe entregarle, documento que posibilitará su salida del país hacia Brasil, donde ya se encuentra su esposa, su madre y una de sus nietas.

Entre las disposiciones judiciales contra Pinto se cuentan: la del juez Ponciano Ruiz que dictó una fianza de 190 mil bolivianos y detención domiciliaria por la venta irregular de terrenos de la zona franca de Cobija, Pando, y la más reciente, de la Corte de Distrito de Pando, que lo declaró en rebeldía y dictó su aprehensión.

Para el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), David Sánchez, Pinto debe rendir cuentas ante la justicia boliviana.

"Se ha visto que el caso de Pinto es un cúmulo de procesos y denuncias que han llegado hasta procesos judiciales y lo llamativo es que esa suma de procesos no derivan precisamente de un periodo que corresponde al Gobierno del presidente Morales, para asumir que es una persecución política, lo que se descarta, sino de toda una carrera que tuvo como autoridad en Pando", explicó.

El diputado, también del MAS, Galo Bonifaz, consideró que la determinación de Pinto, de pedir refugio político en la Embajada de Brasil, en La Paz, por una supuesta "persecución política", es "absolutamente demagógica".

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que la decisión del Gobierno de Brasil en torno a la situación de Pinto "genera pena", "estamos apenados", añadió.

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