Política salarial del Gobierno crea distorsiones y apuntalan justos reclamos
La Paz, ANF
La administración gubernamental del presidente Evo Morales enfrenta el antecedente de una crisis política que no se supo administrar y, prueba de ello, son los conflictos mineros y policiales, carentes de respuesta efectiva por este aparato, por lo menos hasta el cierre de esta edición.
El pasado tres de abril, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, presentó la Escala Salarial Maestra para los servidores públicos del Órgano Ejecutivo que establece 26 niveles de remuneración básica, con un incremento salarial de acuerdo con una nivelación, inclusión de los consultores en línea en las planillas ministeriales y otras disposiciones que regirán a partir de este mes.
La autoridad –en ese momento– especificó que la Escala Salarial Maestra no incluye a los trabajadores de las entidades estatales desconcentradas y descentralizadas, quienes, sin embargo, tendrán desde abril de 2012 un incremento salarial del 7%, que será inversamente proporcional, es decir, que beneficiará más a quienes ganan menos.
“Quiere decir—explicó el Ministro Arce Catacora— que, de un salario que se tenía, mínimo en algunos ministerios, de Bs1.000 o Bs1.100, el mínimo ahora va a ser de Bs2.000 en el sector público, ¿por qué?, por la nivelación que estamos viendo que se está haciendo en todo el sector público”.
Esta semana, los servidores públicos del verde olivo (leáse Policía Boliviana) pusieron de manifiesto que ellos también son servidores públicos, como a diario lo certifican cientos de cientos de usuarios, y que merecen esa justa reivindicación.
De acuerdo con el politólogo Roger Cortes, el hecho que estamos mirando en estas jornadas, están marcadas por “la concurrencia de conflictos en todo el país, sumada al hecho de una continua inestabilidad en la Policía, más, la grave pérdida de equilibrio en la manera en cómo los estrategas gubernamentales están conduciendo la situación (que) generan la germinación de elementos que pueden configurar una crisis política que derive hacia una crisis estatal”.
Esta aseveración se fortalece por el hecho que en este momento se puede apreciar en el concierto nacional tres focos de diversa intensidad de problemas que se identifican en la Novena Marcha de los Indígenas que “verdaderamente ataca y desgasta el núcleo estratégico del proceso constituyente y lo que fue el avance social de este gobierno”.
Un segundo elemento señalado ubica a los conflictos por los yacimientos mineros, “donde verdaderamente el Gobierno carece de respuestas para atender a estos problemas y, por el contrario, tiende a agudizar lo que es una verdadera sucesión de episodios –de batallas entre grupos pobres– por la posesión y el usufructuó de las riquezas naturales”.
El tercer elemento estaría configurado por “los aparatos de fuerza, porque el problema que confronta con la Policía debilita el pilar en el que se ha ido reclinando el Gobierno durante los últimos meses”.
Para Cortéz la fuerza original del actual Presidente, Evo Morales Ayma,que fueron los movimientos sociales “sustituidos luego por una asociación prebendal con dirigentes de organizaciones sociales, ha intentado reforzar esta pérdida de base con un sólido nexo con las fuerzas de seguridad especialmente –con Fuerzas Armadas y sectorialmente con Policía–.”
“Pero, con la Policía se ha estrellado en diversos episodios, dónde, después de intentar cooptarla, el Gobierno muestra una incapacidad de respuesta a su grave crisis y no atiende, como en este caso, a una demanda más de salarios de uno de los sectores más empobrecidos de la nación”, señala Cortes.
Asimismo, puntualiza que “la confluencia de esos factores, con un mando tan escasamente lúcido y proclive –por el contrario– a crear y agudizar problemas, puede crear situaciones de pánico en la conducción gubernamental y con ello graves tropiezos.”
La administración gubernamental del presidente Evo Morales enfrenta el antecedente de una crisis política que no se supo administrar y, prueba de ello, son los conflictos mineros y policiales, carentes de respuesta efectiva por este aparato, por lo menos hasta el cierre de esta edición.
El pasado tres de abril, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, presentó la Escala Salarial Maestra para los servidores públicos del Órgano Ejecutivo que establece 26 niveles de remuneración básica, con un incremento salarial de acuerdo con una nivelación, inclusión de los consultores en línea en las planillas ministeriales y otras disposiciones que regirán a partir de este mes.
La autoridad –en ese momento– especificó que la Escala Salarial Maestra no incluye a los trabajadores de las entidades estatales desconcentradas y descentralizadas, quienes, sin embargo, tendrán desde abril de 2012 un incremento salarial del 7%, que será inversamente proporcional, es decir, que beneficiará más a quienes ganan menos.
“Quiere decir—explicó el Ministro Arce Catacora— que, de un salario que se tenía, mínimo en algunos ministerios, de Bs1.000 o Bs1.100, el mínimo ahora va a ser de Bs2.000 en el sector público, ¿por qué?, por la nivelación que estamos viendo que se está haciendo en todo el sector público”.
Esta semana, los servidores públicos del verde olivo (leáse Policía Boliviana) pusieron de manifiesto que ellos también son servidores públicos, como a diario lo certifican cientos de cientos de usuarios, y que merecen esa justa reivindicación.
De acuerdo con el politólogo Roger Cortes, el hecho que estamos mirando en estas jornadas, están marcadas por “la concurrencia de conflictos en todo el país, sumada al hecho de una continua inestabilidad en la Policía, más, la grave pérdida de equilibrio en la manera en cómo los estrategas gubernamentales están conduciendo la situación (que) generan la germinación de elementos que pueden configurar una crisis política que derive hacia una crisis estatal”.
Esta aseveración se fortalece por el hecho que en este momento se puede apreciar en el concierto nacional tres focos de diversa intensidad de problemas que se identifican en la Novena Marcha de los Indígenas que “verdaderamente ataca y desgasta el núcleo estratégico del proceso constituyente y lo que fue el avance social de este gobierno”.
Un segundo elemento señalado ubica a los conflictos por los yacimientos mineros, “donde verdaderamente el Gobierno carece de respuestas para atender a estos problemas y, por el contrario, tiende a agudizar lo que es una verdadera sucesión de episodios –de batallas entre grupos pobres– por la posesión y el usufructuó de las riquezas naturales”.
El tercer elemento estaría configurado por “los aparatos de fuerza, porque el problema que confronta con la Policía debilita el pilar en el que se ha ido reclinando el Gobierno durante los últimos meses”.
Para Cortéz la fuerza original del actual Presidente, Evo Morales Ayma,que fueron los movimientos sociales “sustituidos luego por una asociación prebendal con dirigentes de organizaciones sociales, ha intentado reforzar esta pérdida de base con un sólido nexo con las fuerzas de seguridad especialmente –con Fuerzas Armadas y sectorialmente con Policía–.”
“Pero, con la Policía se ha estrellado en diversos episodios, dónde, después de intentar cooptarla, el Gobierno muestra una incapacidad de respuesta a su grave crisis y no atiende, como en este caso, a una demanda más de salarios de uno de los sectores más empobrecidos de la nación”, señala Cortes.
Asimismo, puntualiza que “la confluencia de esos factores, con un mando tan escasamente lúcido y proclive –por el contrario– a crear y agudizar problemas, puede crear situaciones de pánico en la conducción gubernamental y con ello graves tropiezos.”