Motín policial se radicaliza en todo el país ante la falta de diálogo con el Gobierno
La Paz, ANFLos policías de bajo rango de diversas pequeñas y grandes unidades en todo el territorio nacional, que mantienen una fluida comunicación, determinaron radicalizar sus medidas de protesta ante la ausencia de diálogo con las autoridades del Gobierno, por lo que el motín crece en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí.
Además de la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas y el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), Edgar Ramos, encabezan la protesta el ex mayor David Vargas, quien desde ayer en la tarde acompaña las medidas de presión en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).
A esto se suma la amenaza de los efectivos del Batallón de Seguridad Física Privada de replegarse desde mañana de las entidades financieras y bancarias de las principales ciudades del país, en apoyo de sus camaradas que exigen ganar el mismo salario que perciben sus similares de las Fuerzas Armadas (FFAA), informó el ex dirigente de este sector Pascual Llanos.
En La Paz, la medida de presión se masificó al igual que la vigilia por parte de las esposas de los policías en inmediaciones de las diferentes unidades policiales. Mientras que al promediar las 09.30 de hoy, enardecidos uniformados vestidos de civil tomaron las instalaciones del Tribunal Disciplinario Superior y el Central de Investigaciones Especiales Policiales (CIEP), donde procedieron a quemar documentos procesales que se tramitan contra cientos de policías de baja graduación.
Ante este panorama y como medida de precaución las puertas de Palacio de Gobierno se mantienen cerradas en cuyo interior se evidencia la presencia de efectivos militares que custodian esas instalaciones. En tanto en las calles y avenidas de la ciudad la presencia policial es casi nula.
SEGIP; En Oruro los suboficiales, sargentos y cabos junto a sus esposas mantiene la toma del Comando Departamental de la Policía y de las oficinas del Servicio General de identificación Personal (SEGIP), donde una treintena de uniformados procedieron a realizar destrozos y quema de documentación, según informó el director de esta repartición estatal, Antonio Costas, quien pidió calmar los ánimos a los protestantes que si bien tiene derecho a protestas por sus reivindicaciones no pueden dañar los bienes del Estado.
En Santa Cruz, las esposas de los policías se trasladaron al penal de Palmasola y advirtieron con quitar el resguardo del centro penitenciario. Algunos policías de bajo rango mantienen una vigilia en afueras del penal. Mientras que en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro los uniformados amenazan con replegarse.
En Cochabamba, los uniformados ingresaron de manera pacífica al comando regional. Luego se pusieron capuchas y pasamontañas. Sacaron sus armas de fuego y cerraron las puertas, sus esposas, que suman 40 en total, permanecen en huelga de hambre mientras se unen más efectivos al motín.
En Sucre, las esposas de policías continúan en huelga de hambre y los efectivos se acuartelaron y suspendieron algunos servicios, menos de la banca y la cárcel.
En Potosí, las esposas de policías tomaron el Comando Departamental, Tránsito, la Brigada y la Orden de Seguridad, aseguraron que mantendrán la vigilia en las puertas de estas instituciones para controlar el ingreso y salida de otros efectivos.
En Tarija, los uniformados de bajo rango se apostaron en las puertas del Comando Departamental para exigir al Alto mando Policial que aumente sus salarios, dada la presión los efectivos declararon a los medios de comunicación que se encuentran en estado de emergencia y no descartan el motín.
En Beni, oficiales de la policía tienen la intención de tomar las instalaciones del Comando Departamental y asumir otras medidas de presión si no se soluciona el conflicto.
Los uniformados en protesta demandan salarios dignos igual a los que reciben los militares, la anulación de la Ley 101 que impide a los efectivos subalternos el derecho a la defensa y el debido proceso que garantiza la Constitución Política del Estado y la jubilación al 100 por ciento.
