Gobierno confirma 18 heridos y dispone militarización por enfrentamientos en Colquiri

Gobierno confirma 18 heridos y dispone militarización por enfrentamientos en Colquiri

La Paz, ANF

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó este viernes que tras los enfrentamientos entre mineros cooperativistas y sindicalizados en la mina Colquiri, 18 personas resultaron heridas, de los cuales 3 presentan un estado de gravedad. Ante este panorama se dispuso el traslado de 1.000 efectivos de la Policía y 600 militares que se encuentran en la zona del conflicto para evitar más enfrentamientos como los resgistrados la noche del jueves.

En conferencia de prensa, el ministro de Minería, Mario Virreira, convocó al diálogo al sector cooperativista y sindicalizado del complejo minero de Colquiri, así como a una representación de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de cooperativas Mineras (Fencomin), para retomar las conversaciones de días anteriores, dicha reunión podría realizarse a las 12.30 de hoy en la localidad de Caracollo.

“Hoy se dispuso el refuerzo de policías de Potosí Cochabamba y La Paz, tendremos un contingente policial de 1000 efectivos, adicionalmente se ha coordinado con el ministro de defensa para que también se pueda movilizar un efectivo de las Fuerzas Armadas (FFAA), el Ejército se encuentra presente en Caracollo en este momento y luego se desplazará algunas zonas de acceso a Colquiri con fines de control”, dijo Romero.

Según el reporte oficial, 18 personas fueron heridas, la mayor parte de ellos tiene heridas contusas por efecto de las piedras, de ese número de heridos tres fueron internados en Oruro con un grado de lesión mayor, porque fueron afectados por explosivos de dinamita. Asimismo, se confirmó que no existen bajas en la zona como habrían especulado algunos dirigentes.

El ministro de Minería dijo que la convocatoria al diálogo está enmarcada en los acuerdos que se arribaron días atrás con las comisiones que estuvieron trabajando junto al vicepresidente Álvaro García Linera y autoridades de Gobierno, se espera que a esta convocatoria asistan todos los sectores involucrados para hallar una solución definitiva. “Hoy estamos haciendo un esfuerzo con el ministro de Trabajo, el ministro de Gobierno para reunirnos en Caracollo para que a las 12.30 estemos allá iniciando el diálogo y sea definitivo”, dijo.

Por decisión de un Cabildo realizado el jueves en el centro minero de Colquiri, los trabajadores asalariados y parte de la población civil, tomaron los yacimientos de esa población después de rechazar un preacuerdo logrado por su dirigentes con el Gobierno la madrugada del jueves. A punta de dinamitazos, los mineros sindicalizados y cooperativistas se enfrentaron anoche en el distrito minero.

Aproximadamente 1.000 personas se movilizaron hacia el campamento minero ocupado por cooperativistas que reclamaban la entrega de concesiones para su explotación en lugares sólidos y ya no en áreas explotadas. Cerca de 800 mineros cooperativistas se encontraban atrincherados en Colquiri, unos 400 protegiendo las bocaminas y otro tanto en puntos estratégicos.

El hecho habría iniciado aproximadamente a las 20.15 horas, cuando empezaron a registrarse los primeros dinamitazos que atemorizaron a la población de Colquiri, principalmente a las amas de casas, que salieron de sus hogares pidiendo la pacificación del lugar, en horas de la tarde un contingente policial de ciudad de La Paz se traslado a la zona del conflicto para evitar más enfrentamientos entre mineros.

Según reportes televisivos, las instalaciones de Radio Vanguardia (una emisora minera), también sufrió atentados dinamiteros, dejando en suspenso su señal radial por los destrozos registrados en sus instalaciones. Asimismo, según los dirigentes mineros, para evitar más personas heridas, se suspendieron las actividades escolares en el campo minero.

El conflicto en la mina, propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que opera bajo contrato de riesgo compartido por la empresa Sinchi Wayra (filial en Bolivia de la compañía suiza Glencore), fue tomada a principios de este mes por las cooperativas que operan en la zona y que exigían que el Estado se haga cargo.

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