Un tercio de las familias vive en viviendas precarias en Latinoamérica
Un informe advierte de que el problema afecta a 59 millones de personas
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
Viviendas de paredes y techos de cartones ensamblados como un rompecabezas que deja alguna hendija al frío otoñal de Buenos Aires. Piso de tierra, como las calles que la rodean y que suelen embarrarse cada vez que llueve, lo que dificulta los accesos. Mucha caminata para llegar a la parada de autobús. Una bombona que sirve para cocinar o calentar el mate y leña para entibiar el ambiente. Conexión eléctrica clandestina. Una sala de estar y un dormitorio con una cama matrimonial donde también duermen algunos hijos. Afuera, a unos pocos metros, un baño hecho de plásticos con un pozo para hacer las necesidades básicas. Así son algunas de las viviendas precarias de las afueras de la capital argentina, un drama que afecta a toda Latinoamérica, pese a la última década de crecimiento económico y mejora de la equidad.
Más de un tercio de las familias latinoamericanas habita en una casa inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos, según una investigación publicada hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de unas 59 millones de personas con un problema que también atañe a la salud, al desempeño escolar, la discriminación social (muchas veces los trabajadores que buscan empleo ocultan que viven en barrios chabolistas porque están asociados a la delincuencia), la seguridad personal, la calidad del transporte y el medio ambiente, según el informe. Hacia 2015, el crecimiento económico de la región habrá ayudado a solo el 36% de las familias que en la actualidad viven en viviendas precarias. Los programas de vivienda pública probablemente ayudarán a otro 5%. Con estas proyecciones, dentro de tres años cerca del 36% de las familias en las zonas urbanas y rurales seguirán habitando viviendas inadecuadas, frente al 37% en 2009. El banco advierte de que la proporción resulta mayor que en otras regiones del mundo con niveles de ingresos semejantes.
Casi dos millones de los tres millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como las de las zonas marginales, según el informe que el BID elaboró a partir de datos oficiales de 18 países de la región. La mayoría de la población que vive en las principales ciudades carece de suficientes medios económicos o no puede acceder a un crédito hipotecario para las viviendas más económicas ofrecidas por el sector privado. Más de la mitad de las familias de Caracas, La Paz, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Quito y Managua no pueden costearse más que una morada construida por su propia cuenta.
El BID considera que los planes de viviendas sociales de los Gobiernos latinoamericanos deberían septuplicarse para satisfacer la demanda. Además advierte de que estos programas muchas veces no favorecen a los hogares más pobres. “Estos planes empiezan a ayudar a las familias cuando ya se han instalado en tierras baldías, sin infraestructura básica ni planeamiento”, señala el coordinador del estudio, César Bouillon, en conversación telefónica desde Washington. La urbanización de terrenos antes de ser habitados cuesta 1.299 euros por familia, frente a los 3.438 que cuesta mejorar un asentamiento ya constituido. Según Bouillon, otros problemas radican en la falta de acceso a los títulos de propiedad y la tendencia a desarrollar viviendas sociales en la periferia en lugar de recuperar zonas céntricas. La población, a su vez, tiende a construir sus viviendas con ladrillo o cemento, pese a que ambos materiales se han encarecido en los últimos años.
La ausencia de crédito para la clase media baja constituye otro obstáculo, según Bouillon. Muchos trabajadores no pueden justificar sus ingresos ante el banco porque están empleados de manera informal. También ocurre que “muchos municipios tienen regulaciones de desarrollo de la tierra pensados para suburbios de clase media o alta”, según Bouillon. En Buenos Aires, la vivienda más barata cuesta 34.460 euros, o 45 meses de trabajo asalariado medio, lo que contrasta con Bogotá, donde por 9.575 se consigue una, es decir, con diez meses de nómina, según el BID. Por último, los Gobiernos latinoamericanos no promueven el alquiler económico como los países ricos. En la extensa Latinoamérica solo el 16,9% de la población alquila, mientras que en la densa eurozona lo hace el 28%.
Alejandro RebossioBuenos Aires, El País
Viviendas de paredes y techos de cartones ensamblados como un rompecabezas que deja alguna hendija al frío otoñal de Buenos Aires. Piso de tierra, como las calles que la rodean y que suelen embarrarse cada vez que llueve, lo que dificulta los accesos. Mucha caminata para llegar a la parada de autobús. Una bombona que sirve para cocinar o calentar el mate y leña para entibiar el ambiente. Conexión eléctrica clandestina. Una sala de estar y un dormitorio con una cama matrimonial donde también duermen algunos hijos. Afuera, a unos pocos metros, un baño hecho de plásticos con un pozo para hacer las necesidades básicas. Así son algunas de las viviendas precarias de las afueras de la capital argentina, un drama que afecta a toda Latinoamérica, pese a la última década de crecimiento económico y mejora de la equidad.
Más de un tercio de las familias latinoamericanas habita en una casa inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos, según una investigación publicada hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de unas 59 millones de personas con un problema que también atañe a la salud, al desempeño escolar, la discriminación social (muchas veces los trabajadores que buscan empleo ocultan que viven en barrios chabolistas porque están asociados a la delincuencia), la seguridad personal, la calidad del transporte y el medio ambiente, según el informe. Hacia 2015, el crecimiento económico de la región habrá ayudado a solo el 36% de las familias que en la actualidad viven en viviendas precarias. Los programas de vivienda pública probablemente ayudarán a otro 5%. Con estas proyecciones, dentro de tres años cerca del 36% de las familias en las zonas urbanas y rurales seguirán habitando viviendas inadecuadas, frente al 37% en 2009. El banco advierte de que la proporción resulta mayor que en otras regiones del mundo con niveles de ingresos semejantes.
Casi dos millones de los tres millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como las de las zonas marginales, según el informe que el BID elaboró a partir de datos oficiales de 18 países de la región. La mayoría de la población que vive en las principales ciudades carece de suficientes medios económicos o no puede acceder a un crédito hipotecario para las viviendas más económicas ofrecidas por el sector privado. Más de la mitad de las familias de Caracas, La Paz, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Quito y Managua no pueden costearse más que una morada construida por su propia cuenta.
El BID considera que los planes de viviendas sociales de los Gobiernos latinoamericanos deberían septuplicarse para satisfacer la demanda. Además advierte de que estos programas muchas veces no favorecen a los hogares más pobres. “Estos planes empiezan a ayudar a las familias cuando ya se han instalado en tierras baldías, sin infraestructura básica ni planeamiento”, señala el coordinador del estudio, César Bouillon, en conversación telefónica desde Washington. La urbanización de terrenos antes de ser habitados cuesta 1.299 euros por familia, frente a los 3.438 que cuesta mejorar un asentamiento ya constituido. Según Bouillon, otros problemas radican en la falta de acceso a los títulos de propiedad y la tendencia a desarrollar viviendas sociales en la periferia en lugar de recuperar zonas céntricas. La población, a su vez, tiende a construir sus viviendas con ladrillo o cemento, pese a que ambos materiales se han encarecido en los últimos años.
La ausencia de crédito para la clase media baja constituye otro obstáculo, según Bouillon. Muchos trabajadores no pueden justificar sus ingresos ante el banco porque están empleados de manera informal. También ocurre que “muchos municipios tienen regulaciones de desarrollo de la tierra pensados para suburbios de clase media o alta”, según Bouillon. En Buenos Aires, la vivienda más barata cuesta 34.460 euros, o 45 meses de trabajo asalariado medio, lo que contrasta con Bogotá, donde por 9.575 se consigue una, es decir, con diez meses de nómina, según el BID. Por último, los Gobiernos latinoamericanos no promueven el alquiler económico como los países ricos. En la extensa Latinoamérica solo el 16,9% de la población alquila, mientras que en la densa eurozona lo hace el 28%.
